La fórmula del ajuste que sufrirán las futuras pensiones se coló este jueves en el protocolario acto de firma del acuerdo al que el Gobierno llegó el lunes con los sindicatos y los empresarios. Aunque el texto solo hace referencia a la necesidad de incluir un "factor de equidad", que se negociará a partir de ahora, la idea del recorte planeó sobre el encuentro y parte de las intervenciones. Fue el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien poco antes del acto, en una entrevista televisiva, indicó que la generación del 'baby boom' tendrá que asumir "algo del esfuerzo" que debe hacer para moderar el gasto en pensiones para el Estado.
Escrivá intentó aclarar esas palabras al indicar que "no verán mermada su pensión". Y que "podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más". En esos cálculos del ministro se encuentra el colectivo que se verá afectado por esta realidad: quienes nacieron entre los años 50 y principios de los 70 del siglo pasado. Los 'baby boomers', un grupo de población "muy concentrado coyunturalmente", según Escrivá. No es la primera vez que el titular de Seguridad Social hace referencia a esta realidad ya que se trata de los nacidos en plena expansión económica tras la postguerra; ciudadanos que ahora se adentran en la jubilación o se encuentran a 10 o 15 años vista para hacerlo, con extensas vidas laborales y elevadas cotizaciones, que subirán la factura de las pensiones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se refirió a esta coyuntura al recordar que entre los objetivos de este pacto se encuentra el de "asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones ante el gran desafío del 'baby boom' de la próxima década". "Hablamos de ver de qué manera se pueden garantizar las pensiones dignas y sostenibles, que entrará en vigor a partir de 2027 para evitar que recaiga en las generaciones más jóvenes", afirmó.
El factor de equidad deberá sustituir al de sostenibilidad, un mecanismo introducido en la reforma de 2013 por el que se vinculaba el ajuste de las nuevas pensiones a la esperanza de vida, implicando un recorte al calcularlas. Nunca se llegó a aplicar. Aunque del nuevo sistema solo se conoce la denominación, las declaraciones dejaron claro el camino de que implicará algún ajuste. Es lo que pidieron los empresarios el martes cuando ratificaron el pacto en su comité ejecutivo. La intervención más tajante en este sentido fue este jueves la del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien considera "fundamental que se siga manteniendo el factor de sostenibilidad, lo llamemos como lo llamemos".
El texto del acuerdo delimita al 15 de noviembre la fecha en la que ese mecanismo debe estar consensuado con los agentes sociales. Y si no es así, el Gobierno tiene vía libre para aprobarlo sin necesidad de alcanzar ningún pacto. Así se lo recordó Garamendi a los miembros del Ejecutivo que acudieron este jueves en Moncloa a la rúbrica oficial: "El Gobierno lo implementará". Porque, advertía, "si solo ponemos lo que vamos a gastar será complicado si no lo equilibramos", en referencia al incremento del gasto.
IPC y prejubilaciones
Las intervenciones de los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Alvarez, respectivamente, casi no tocaron esta esta cuestión. Sí se felicitaron por el "consenso alcanzado", tal y como explicó Alvarez. "La revalorización de las pensiones ya no volverá a depender del Gobierno de turno", apuntó. Sordo considera que este acuerdo "abre una amplia gama de ingresos para dar certidumbre en las próximas décadas".
"Y así mantener un sistema de protección social suficiente para las generacion del 'baby boom'", ha afirmado.
El primer acuerdo en torno a las pensiones garantiza la revalorización de las prestaciones el 1 de enero de cada año "con la inflación media anual del mes de noviembre" del ejercicio anterior. Si fuese negativa, las prestaciones quedarían congeladas.
Además, se revisan todas las penalizaciones de la jubilación anticipada calculándose por meses y no por trimestres, para aproximar la edad efectiva de jubilación (por encima de los 64,4 años) a la legal (66 en 2021).
Al mismo tiempo, se fomenta la extensión de la vida laboral con incentivos que pueden alcanzar los 12.000 euros al año. Y se separan las fuentes de financiación garantizando inyecciones del Estado.