El Gobierno quiere recuperar entera la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que aprobó el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, borrando de un plumazo la polémica modificación introducida por el PP, que obliga a las menores de 16 y 17 años a tener un consentimiento de los progenitores para poder abortar.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que su departamento está trabajando en esta iniciativa, aunque no concretó plazos para su presentación ante el Consejo de Ministros y después ante las Cortes.
Un anuncio que no hace, como recalcaron desde el departamento dirigido por Montero, sino cumplir con uno de los puntos del acuerdo de gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos a finales del año pasado, además de ser un acto «de justicia». «Todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos», dijo Montero durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja. Recalcó que es una «reforma necesaria», en la que la educación sexual tendrá un papel fundamental, y señaló que la reforma introducirá el derecho a las «formas más novedosas» de anticoncepción.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE calculaba que entre 300 y 400 menores de 16 y 17 años estarían en una «situación de inseguridad jurídica y física» ante la imposibilidad de poder contar con la autorización de sus progenitores o tutores legales. Una horquilla entre el 0,3% y el 0,4% de los casos totales, que en España fueron de 95.917 en 2018 (últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad). Se trata, no obstante, de una estimación, ya que no existen cifras oficiales sobre los 16 y los 17 años.
Según los datos recogidos por Sanidad de las comunidades autónomas, abortaron en España 310 menores de 15 años y 9.518 jóvenes entre los 15 y los 19 años. Son cifras muy similares a las de 2017 (345 menores de 15 años y 9.410 en la franja posterior) o 2016 (406 y 9.375 casos).
Polémica y fricciones
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor el 5 de julio de 2010. Se permite el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Desde entonces y hasta la semana 22, solo se podrá realizar un IVE en dos supuestos: grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto. Más allá de los cinco meses, existen dos excepciones: cuando se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida, o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Un supuesto que debe ser avalado por un comité científico.
El PP intentó modificar esta ley, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Su propuesta, que endurecía la ley de supuestos de 1985, tuvo una fuerte contestación tanto interna como externa. En 2015 y gracias a su mayoría absoluta, los populares sacaron adelante esta reforma, pequeña en comparación a la apuesta de Gallardón. En esta ocasión, también los populares se quedaron solos. Se trata de un tema que siempre ha creado controversia y fricciones en el seno del partido. Su líder, Pablo Casado, señaló que era partidario de volver a la ley de los tres supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo. Fue meses antes de las elecciones del 28 de abril de 2019. En enero, antes de los comicios, el partido decidió aparcar este asunto.
