Hace dos años que el Parlament dio luz verde a los últimos presupuestos de la Generalitat. Era el 10 de marzo de 2023 cuando el Govern de Pere Aragonès, con Junts ya fuera del Executiu, sacó adelante las cuentas gracias a los votos de ERC, PSC y Comuns. Desde entonces, en marzo de 2024 hubo un intento fallido de nuevos presupuestos que precipitó las elecciones anticipadas. El Govern de Salvador Illa, que se puso en marcha el 12 de agosto de 2024, no ha llevado ningún proyecto de presupuestos al Parlament. Y ahora tiene el reto de negociar con los grupos para poder gastar 4.000 millones más. ERC y los Comuns siguen siendo los socios prioritarios, aunque no descartan acuerdos con otros partidos.
El periodo más largo sin nuevos presupuestos ha sido de más de tres años. Es el periodo excepcional entre las cuentas aprobadas en el Parlament el 22 de marzo de 2017, con Carles Puigdemont como president, y los presupuestos de la pandemia aprobados el 24 de abril de 2020, con Quim Torra al frente del Executiu catalán. En medio, tuvo lugar la aplicación del 155, que supuso la suspensión de la autonomía.
Los últimos que se aprobaron en la cambra catalana son los de 2023. El 10 de marzo de 2023, los presupuestos del Govern en solitario de Pere Aragonès, con Junts ya fuera del Executiu, salieron adelante gracias a los votos de ERC, PSC y Comuns.
Entretanto, el 13 de marzo de 2024, el Parlament rechazó los presupuestos del Govern de Pere Aragonès, que no superaron el debate a la totalidad. El Executiu llegó a un acuerdo con el PSC, pero no logró cerrarlo con los Comuns, con el Hard Rock como principal escollo. Un hecho que precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas para el 12 de mayo y el posterior cambio de Govern en la Generalitat.
Hasta entonces, el Parlament solo había rechazado una vez los presupuestos de la Generalitat: en 2016, con Carles Puigdemont como president. Como consecuencia, Carles Puigdemont anunció que se sometería a una cuestión de confianza, que superó.
El Govern de Salvador Illa ha optado por no llevar una propuesta de presupuestos para 2025 al Parlament, teniendo en cuenta que la nueva dirección de ERC, con Oriol Junqueras al frente, se ha negado a abrir negociaciones hasta que no haya avances en los acuerdos de investidura, como el financiamiento singular.
La gestión de la Generalitat sin presupuestos
El ple del Parlament convalidó el 29 de enero el decreto ley del Govern sobre necesidades financieras en situación de prórroga presupuestaria. La iniciativa salió adelante gracias a los votos a favor del PSC, ERC y los Comuns. Este primer decreto autoriza al Executiu a formalizar operaciones de endeudamiento y conceder avales y garantías durante la prórroga, pero no incluye los recursos adicionales que el Govern prevé tener en 2025, unos 4.000 millones de euros.
Así pues, en los próximos meses, el Executiu de Salvador Illa deberá aprobar vía decreto modificaciones para poder gastar estos recursos y tendrá que negociarlo con los grupos para que puedan aprobarse en el Parlament.
El Govern podría aprobar este suplemento en un único decreto de 4.000 millones o hacerlo en varios, con cantidades más pequeñas, para impulsar propuestas concretas. Fuentes del Executiu apuntan que les gustaría poder incorporar los recursos en un único decreto o, al menos, hacerlo a través del “mínimo posible”, aunque admiten que esto será objeto de negociación con los grupos.
De todas maneras, el Govern es optimista con la relación actual que mantiene con la oposición, especialmente con ERC y los Comuns, los “socios prioritarios” y quienes apoyaron la investidura de Salvador Illa. De hecho, los socialistas señalan que, tras los resultados de las comisiones bilaterales, las relaciones con ERC, sobre todo, se han “reforzado y consolidado”, y confían en que esta situación “estable” ayude ahora a negociar otros asuntos, como los suplementos de crédito.
Llei de barris, inspectores de vivienda y construcción de pisos
Según el Govern, se activarán todos los mecanismos para cumplir el Pla de Govern y los acuerdos de investidura, asumiendo que no habrá presupuestos este año. Aun así, admiten que, sin nuevas cuentas, hay cuestiones que “pueden tener algunas dificultades”, como el financiamiento de la Llei de Barris, un gasto que no existe en los actuales presupuestos prorrogados.
Otra cuestión que el Govern ya ha avanzado que dependerá de un suplemento de crédito es la incorporación de inspectors para poder aplicar el régimen sancionador en vivienda. El Executiu calcula que serán necesarios entre 75 y 100 inspectores más para garantizar que el régimen —pactado con los Comuns— sea eficaz, ya que el cuerpo actual es “claramente insuficiente”, según declaró la portavoz Sílvia Paneque. En esta línea, señaló que no se podrían incorporar los profesionales necesarios hasta que se apruebe un suplemento de crédito. Así pues, el Govern tendrá que habilitar este instrumento para obtener los recursos económicos.
En cambio, uno de los asuntos que no corre tanto peligro por la falta de presupuestos y para el que el Govern tiene prácticamente todo el financiamiento garantizado es el plan para construir 50.000 viviendas hasta 2030. Este plan contempla una inversión de 1.100 millones anuales hasta alcanzar los 4.400 millones de euros. De este importe, 600 millones corresponden al Institut Català de Finances (ICF) y están garantizados, e incluirían también los 100 millones destinados a los fondos de emancipación. De los 500 millones restantes, 250 millones saldrán de fondos propios de los presupuestos prorrogados, y los otros 250 son los que quedarían pendientes de financiación.
Los Comuns han situado la vivienda como la piedra angular de la legislatura. Y en los últimos meses han pactado con el Govern algunas de las medidas en este ámbito que el grupo de Jéssica Albiach quería incluir en unos nuevos presupuestos. Por ejemplo, las multas por incumplir los topes de precios del alquiler y el aumento de la tasa turística y del impuesto de transmisiones patrimoniales para los grandes tenedores. Las modificaciones de impuestos también implican aprobar un suplemento de crédito de los presupuestos prorrogados.
Aunque no ha habido negociación sobre unas nuevas cuentas entre Govern y ERC, ambas partes sí escenificaron un acuerdo sobre la nueva empresa mixta que gestionará Rodalies, justo antes de formalizarlo con el Gobierno español en la Comissió Bilateral d’Infraestructures. Habrá que ver si los acuerdos en las últimas comisiones bilaterales, como la condonación de parte del FLA a Catalunya o el impulso a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), acercan posiciones entre socialistas y republicanos de cara a la ampliación de crédito de los 4.000 millones.
La prórroga presupuestaria, un mecanismo habitual
La prórroga presupuestaria es un mecanismo habitual que se ha intensificado a partir de 2011 con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. Desde entonces, solo una vez se ha logrado que el Parlament apruebe los presupuestos antes del 1 de enero. En los últimos 25 años, solo 9 de los presupuestos aprobados han entrado en vigor antes del primer día del año.
En cambio, en 10 ocasiones los gobiernos han tenido que recurrir a una prórroga temporal hasta aprobar unos nuevos. En 6 años no ha habido presupuestos: el Parlament tumbó los del Govern de Carles Puigdemont en 2016 y los del Govern de Pere Aragonès en 2024. En los años 2013, 2018, 2019 y 2021 ni siquiera se presentaron en la cambra catalana. Y todo apunta a que en 2025 tampoco se llegarán a presentar presupuestos en el Parlament.
