El Ayuntamiento de Barcelona otorgará 50.000 euros a las víctimas del atentado yihadista del 17-A que también golpeó a Cambrils, para que puedan hacer frente a los gastos del juicio y garantizar su asistencia legal, a través de un convenio que firmará con la asociación 11-M Afectados por el Terrorismo.
Así lo explicó ayer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una rueda de prensa junto al presidente de la asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz, y el de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat), Robert Manrique, tras reunirse telemáticamente con una veintena de víctimas.
Esta aportación municipal se suma a los 80.000 euros que el Ayuntamiento de Barcelona proporcionó entre 2017 y 2018 a la Uavat por el apoyo psicológico, seguimiento y orientación de las víctimas del atentado. Ada Colau destacó el acompañamiento que ha hecho el Ayuntamiento a las víctimas desde el nacimiento de la Uavat, a la cual ha apoyado desde el inicio de su creación porque entendía «que era imprescindible».
Ese acompañamiento pasa por la aportación económica, pero también por el apoyo jurídico, ya que el Ayuntamiento de Barcelona participará en el juicio como acusación popular. El juicio empezará en la Audiencia Nacional el martes día 10.
Además, la alcaldesa Ada Colau incidió en la importancia del apoyo moral y de acompañar a las víctimas en su reivindicación para ser reconocidas como tal, y confía en que en el juicio se reconozca no sólo a las víctimas con secuelas físicas, sino también a las que tengan secuelas psicológicas.
Por otra parte, Ada Colau reivindicó el derecho que considera que deben tener todas las víctimas para conocer todos los detalles de los atentados: «Lo mínimo que una administración pública debe garantizar a las víctimas es que se hace el máximo esfuerzo para explicar cada detalle en lo referente al antes, el durante y el después» de los ataques yihadistas que golpearon Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 y provocaron 16 víctimas mortales.
Ada Colau pidió más implicación tanto al Estado como a la Generalitat, y que las administraciones humanicen el trato con las víctimas: «No puede ser que haya tanta burocracia, frialdad y falta de empatía», dijo, por lo que cree que hay mucho margen de mejora en la atención de las víctimas de un atentado.
Robert Manrique explicó que, de las 217 víctimas que han podido asistir desde la Uavat, solo 74 se han sido aceptadas para personarse en el juicio, y ha alertado de que «hay más de 100 personas que están en el listado de víctimas oficiales» y con las que no se ha contactado, según él, por lo que consideró que hay víctimas que tienen sus derechos cercenados.
El presidente de la asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz, señaló de que las secuelas psicológicas, médicas y sociales del atentado no se terminan con el juicio, en el que quieren que las víctimas sean reconocidas y que se condene por asesinato a las personas que se van a juzgar. «Hay una cuestión que nos guía: la verdad, la justicia y la reparación», añadió.
