TGN licitará en septiembre el nuevo contrato de la basura

Ya hay fecha. El Ayuntamiento de Tarragona licitará este próximo mes de septiembre el nuevo contrato de la basura, que vence justo el día de las elecciones municipales: el 28 de mayo de 2023. Así lo anuncia al Diari el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), quien de esta forma confirma que la administración municipal dará en breve el paso para renovar su mayor contrato externalizado que, además, hace dos décadas que no se saca a concurso público.

«Este nuevo contrato de limpieza presentará características innovadoras, como por ejemplo aportar una mayor transparencia en el servicio que se presta porque habrá una monitorización del servicio y un plan de mejora continua del servicio», indica el primer teniente de alcalde, quien añade que «queremos alcanzar la máxima calidad en la limpieza, por lo que adecuaremos el servicio a las temporadas, a las zonas del término municipal ya las intensidades de uso de la vía pública. Queremos conseguir una limpieza de alta calidad cuidando los detalles».

Sin municipalización

Inicialmente –según se indica en el acuerdo de gobierno firmado el 15 de junio de 2021 entre Esquerra Republicana, Junts per Tarragona y la CUP– la voluntad del ejecutivo de la Plaça de la Font era estudiar la viabilidad técnica y económica de recuperar la gestión directa y municipalizar este servicio. Sin embargo, los análisis realizados han descartado esta posibilidad, por lo que ahora se apuesta por renovar la concesión a una empresa privada durante una década más.

Para ello, el pleno de la Plaça de la Font ya aprobó el pasado 20 de mayo –con el apoyo de ERC, JxTGN y cupaires y de los tres concejales no adscritos y la abstención de PSC, Ciutadans y PP– la primera fase del proceso –la estructura de costes del nuevo contrato–, que fue remitida a la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya sin que en las últimas semana esta haya mostrado oposición a los números presentados.

En concreto, el actual contrato –que en su globalidad asciende a unos 25 millones de euros–se dividirá en tres partes: recogida de residuos; limpieza de playas y terrenos; y Servei de Deixalleria Municipal), a la vez que se sumarán otros dos servicios: Control d’Execució i de Qualitat; y Plataforma de Ciutat. Todo ello, según indica Jordi Fortuny, para «garantizar el control del servicio y la certificación de los trabajos».

Dos millones de inversión

Los tres primeros lotes se concesionarán por un periodo de nueve años, más otros dos de prorrogables, mientras que los nuevos –el cuarto y el quinto– serán para cinco, más otros cinco adicionales. Asimismo, según las estimaciones realizadas por los técnicos municipales, será necesaria una inversión de dos millones de euros para arreglar la actual nave y para impulsar otras mejoras, como es el hecho de que el servicio se está prestando ahora «con maquinaria, tecnología y metodología de hace diez años», según se indicaba en la consulta preliminar que el consistorio sacó a licitación hace meses para conocer las opciones de mercado. Según las estimaciones iniciales, se prevé que esta apuesta económica pueda amortizarse durante la duración del contrato.

Paralelamente, también se contempla invertir un millón de euros para una campaña de implantación, con el objetivo de incrementar el porcentaje de recogida selectiva en los próximos años. De hecho, en la actualidad este índice es de un 34%, cuando el escenario que se contempla en la previsión del ejecutivo local es de casi el doble (65%) mediante acciones como el sistema de control de acceso, el porta a porta o la limitación de aportaciones a la resta. Entre las medidas sociales también se prevé encargar tareas a centros especiales de trabajo.

Veinte años sin licitarlo

Se da la circunstancia de que se trata de una concesión que no se saca a concurso público desde hace 20 años, aún con el alcalde Joan Miquel Nadal (CiU) en la Plaça de la Font. El Saló de Plens acordó el 2 de mayo de 2002 adjudicar el contrato a la empresa FCC. Teóricamente, el plazo de la externalización del servicio era para diez años –hasta 2012– pero en un pleno celebrado el 27 de julio de 2010, ya bajo el mando de Josep Fèlix Ballesteros (PSC), se acordó alargar diez años más el servicio: hasta el 28 de mayo de 2023, por lo que Tarragona habrá estado más de dos décadas sin sacar a concurso su mayor contrato.

¿Por qué se decidió tirar hacia adelante la prórroga? Los cuatro partidos que entonces tenían representación en el Saló de Plens –PSC, CiU, PP y ERC– argumentaron su voto a favor de la decisión en base a un informe jurídico elaborado por el secretario general del Consistorio, Joan Anton Font, que se contradecía con la opinión del interventor y de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat.

En su análisis, el alto funcionario municipal motivó que el consistorio tarraconense debía modificar su vinculación con FCC por la obligatoriedad que tenía la administración municipal de cumplir el Programa de Gestió de Residus Municipals (Progremic). Entre los objetivos que se planteaba estaba que, para 2012, se fijaba una reducción respecto a 2006 del 10% en la generación de residuos por cápita; la valoración material del 48% del total de residuos municipales generados; la disminución progresiva de residuos sin tratar, hasta lograr un 100% de tratamiento; y la puesta en marcha de unos contenedores soterrados que, una década después, ya se están retirando tras haberse evidenciado que han sido un auténtico fracaso.