Tarragona ya no debe pedir permiso a la Generalitat para concertar créditos

El Ayuntamiento de Tarragona ya es libre para poder concertar créditos bancarios sin necesidad de recibir el aval de la Generalitat de Catalunya para ello. Esto es una realidad después de que ayer la Comissió Especial de Comptes evidenciara que el consistorio cerró el año 2023 con una ratio de deuda del 75,38 %, una cifra que sitúa la administración municipal dentro del límite legal por primera vez en décadas.

Según el informe del Compte General del 2023 que ayer pasó por el organismo local para aprobarlo en el pleno del próximo mes de octubre, la deuda municipal era de 153,3 millones de euros el pasado 31 de diciembre, una cifra que abre la puerta a cumplir con la legislación vigente al certificar que los ingresos del Ayuntamiento fueron de 203,5 el año pasado. Por ello, la ratio se sitúa en el 75 %, lo que a partir de ahora permitirá que el consistorio pueda acudir al mercado bancario sin necesidad de tener un informe favorable de la Direcció General de Política Financera del Govern de la Generalitat.

El paso dado en el pasado ejercicio es la culminación de un proceso de reducción de deuda que se inició hace una década, cuando el pasivo llegó a ser de 243 millones de euros, con una ratio del 160 %, unas cifras a años luz de los actuales 153 millones y el 75 %.

La concejal de Hisenda, Isabel Mascaró (PSC), resalta que, de hecho, a día de hoy el porcentaje del pasivo ya es del 70,98 %, después de que el Ayuntamiento pueda ahorrarse cuatro millones del préstamo concertado con Dexia para la construcción del no parking Jaume I.

«Esta reducción es, en gran parte, gracias a la intensa negociación hecha para alcanzar el finiquito del 18 % de la deuda que tenía la EMT con Dexia. Quiero destacar la dedicación y el compromiso de los profesionales del consistorio por hacer posible esta operación que ha permitido al Ayuntamiento ahorrar 2.517.293 euros de capital financiado y 1.458.683 euros en concepto de intereses, es decir, un ahorro de unos 4.000.000 euros para las arcas municipales», indica la edil.

La concejal socialista asegura que «continuaremos trabajando por la mejora financiera para optimizar los recursos y así poder prestar servicios de calidad y atender a las necesidades de la ciudadanía».

Frialdad de la oposición

Las formaciones de la oposición se expresan con frialdad para valorar los números. «Ni lliguem els gossos amb llonganisses ni la situación es de bancarrota. Estamos en un proceso de reducción de la deuda, pero no olvidemos que esta es de 153 millones. Esto es una barbaridad», indica el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado.

Por su parte, Elvira Vidal (Junts) destaca que «el informe evidencia que las empresas municipales de la AIE están todas saneadas, lo que es un buen indicativo de gestión», así como el hecho de que «se salga de la tutela financiera de la Generalitat al haber situado la deuda en el 75 %».

Finalmente, mientras Elisa Vedrina (PP) se limitó a comentar que el trámite de ayer «es necesario para fiscalizar un presupuesto que no apoyamos», desde ERC se rechazó realizar valoraciones al respecto.