Tarragona tiene 130 fincas de confesiones religiosas, 69 de entidades y 41 centros educativos que no pagan IBI

El Ayuntamiento de Tarragona está muy cerca de entrar en una situación de «quiebra», con un agujero económico que llega hasta los 14 millones de euros. Por ello, la pasada semana, el alcalde –Rubén Viñuales (PSC)– lanzó un mensaje de SOS a los partidos de la oposición para acordar un paquete urgente de medidas, de cara a incrementar el volumen de ingresos y reducir, asimismo, los gastos para poder cuadrar las finanzas municipales para 2024.

Entre los puntos que forman parte del plan de choque propuesto por el ejecutivo de la Plaça de la Font a ERC, Junts per Catalunya y En Comú Podem –que son las formaciones que han abierto la puerta a negociar una reforma fiscal– destaca que la gran parte del aumento de recursos llegaría mediante una subida del 20% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este incremento, según los cálculos de los técnicos del consistorio, permitiría que en 2024 se lograran 9,9 millones de euros adicionales.

Paralelamente, también en el ámbito tributario, otra de las propuestas que destaca es una antigua reivindicación, que en el pasado ya ha sido motivo de polémica en el Saló de Plens: reclamar al Estado el pago del IBI por parte de la iglesia y bienes de interés cultural.

Otras 254 son públicas

Se da la circunstancia de que los expertos de la administración local elaboraron en 2019 un informe sobre las exenciones fiscales del IBI. En este documento se especifica, en general, que la ciudad tiene un total de 480 fincas que, actualmente, están exentas de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad de Tarragona, que es uno de los más elevados entre las capitales de provincia del Estado español, siendo 3,9 millones la cantidad que la ciudad dejaría de ingresar.

Sin embargo, si se entra al detalle del documento, debe tenerse en cuenta que 254 de estas propiedades son de administraciones públicas, 205 de las cuales del propio Ayuntamiento. Este volumen comportaría unos recibos de 1,8 millones, de los cuales más de uno serían del propio consistorio a sí mismo. Por ello, si se dejan aparte las fincas de titularidad pública, el resultado de la fotografía es que la ciudad tiene 226 bienes inmobiliarios que están al margen del pago del impuesto, lo que comporta una afectación de 2,1 millones de euros para las arcas municipales.

Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo mediante el cual se aprobó la Ley Reguladora de Haciendas Locales, están exentos de afrontar el pago del impuesto, aparte de las propiedades públicas, «los bienes de la Iglesia Católica, en los términos que prevé el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede, así como las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas».

El trabajo elaborado por los funcionarios de la Plaça de la Font revela que son 130 los bienes de entidades religiosas que no deben pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que supone un total de 803.000 euros para las arcas municipales. Según la página web del Arquebisbat de Tarragona, la iglesia tiene «el mismo régimen fiscal que el resto de religiones y del sector no lucrativo. Sin privilegios». En concreto, «declara anualmente su Impuesto sobre Sociedades, tributando por todos los ingresos no exentos y cumpliendo con los requisitos de información previstos. En todas sus compras pagan el IVA sin derecho a repercutirlo, lo que supone un pago anual a Hacienda superior a 60 millones de euros». En la web se detalla que «existe la exención por IBI, pero no es para todos los bienes, sino únicamente para los que están previstos en la Ley de mecenazgo», recalcando que «pagan las tasas municipales como el resto de contribuyentes (basura, vados, impuesto sobre los vehículos, etc.)». En el ámbito de la Seguridad Social, la Iglesia ingresa anualmente en el Estado «más de 14 millones de euros en cotizaciones de seguridad social de los presbíteros».

La legislación vigente también permite que la Creu Roja no deba ejecutar el tributo, un hecho que afecta en 9.400 euros al Consistorio, mientras que los centros educativos concertados también están libres del pago, lo que resta 572.000 euros a los ingresos del Ayuntamiento. Estos colegios cuentan a día de hoy con 41 fincas en el término municipal. Finalmente, el informe muestra que hay 52 inmuebles propiedad de entidades sin ánimo de lucro –como fundaciones, asociaciones de utilidad pública, ONG o federaciones deportivas– que, en su totalidad, dejan de pagar 646.000 euros.

«Se abordará esta legislatura»

El subdelegado del Gobierno Central en Tarragona, Santi Castellà (PSC), se muestra partidario de «abordar» durante «la próxima legislatura» la petición del alcalde Viñuales para que se endurezcan las exenciones fiscales del IBI. «Debe ordenarse y regularse, debe encontrarse una solución. Tiene mucho sentido que los centros de culto no paguen el impuesto, pero no el resto de propiedades como las escuelas, los recintos donde hay actividad económica o los pisos alquilados», indica al Diari el máximo representante en Tarragona del ejecutivo estatal.

Desde la Plaça de la Font, el PSC reivindica que ya desde su anterior etapa en la alcaldía (2007-2019) «luchamos» por regular con más mirada municipal las actuales exenciones fiscales, mientras que ahora ERC y En Comú Podem apuestan por no esperar a la modificación de la normativa estatal, sino por controlar que las fincas exentas realmente «tienen la actividad que permite estarlo», según indica Maria Roig (ERC), quien apuesta por «seguir el trabajo de control y revisión iniciado en el anterior mandato». Por su parte, desde ECP se recalca que «lo que cuenta es la actividad, y no la propiedad», y se enfatiza que un ejemplo a fiscalizar «son los pisos de la Iglesia que no se dedican al culto».

Finalmente, Jordi Sendra (Junts per Catalunya) cree que «todas las administraciones públicas deberían pagar IBI», mientras que desde el PP se recuerda que «es un tema de ámbito estatal que no se puede generalizar».