Tarragona sufre pérdidas millonarias de inversión en energía renovable

La provincia ha perdido 20 proyectos de renovables que habrían generado una inversión de 414,1 millones en el Camp de Tarragona. Se trata de parques solares fotovoltaicos que se proyectaron en el Tarragonès, la Conca de Barberà, la Terra Alta y la Ribera d’Ebre. Todas estas instalaciones claves para la transición energética no saldrán finalmente adelante al haber perdido sus derechos de acceso y conexión a la red.

Es el balance realizado por la consultora dialEC. En Catalunya, son un total de 43 parques solares y ocho eólicos, que habrían generado unos 1.000 millones de inversión. Estas centrales renovables no prosperan al no tener la declaración favorable de impacto ambiental (DIA) en el plazo marcado de 31 meses estipulado por el Real Decreto 23/2020.

Los motivos del desistimiento son diversos, pero en cualquier caso se trata de infraestructura renovable que dejará de contribuir a la transición y también, en último término, a la generación de riqueza. DialEC también ha calculado lo que hubiera supuesto eso en términos de impuestos ingresados por los ayuntamientos: los consistorios habrían tenido unas ganancias fiscales las próximas tres décadas de 84,8 millones.

Los municipios navegan entre la oposición, abundante según las zonas, y la oportunidad que supone esta tecnología en términos de tributos como el ICIO, el IAE o el BICE, la contribución de Características Especiales. Pero este despliegue también suele tener beneficios directos para los propietarios que de aquellos terrenos que albergarían los molinos y las placas solares: casi 41 millones, según ese cálculo previsto a 30 años.

Exceso de burocracia

La industria de las renovables se ha mostrado muy crítica con este tipo de decaimientos de proyectos. Incluso hablan de promotores que han desistido por las mayores trabas que hay en Catalunya respecto a otros territorios o de la tardanza de la administración a la hora de tramitar. Hay un cúmulo de motivos, que van del exceso de burocracia, a la escasa agilidad administrativa, pasando por la insuficiente diligencia de las empresas para aportar permisos a tiempo.

Todo parte de los plazos impuestos por el Ministerio de Transición Ecológica, una norma pensada de inicio para evitar la especulación. «El Ministerio detectó una burbuja especulativa, de muchos que no querían en realidad los derechos de conexión para hacer su proyecto, sino para revenderlos después. La finalidad era buena», explican desde el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Requerimiento y dilación

Ese sistema también permite discernir entre los proyectos maduros y los que no lo están, aquellos que precisan completarse con documentación o tramitación de algún tipo. La Generalitat remarca que «muchos no están completos, entonces se hace un requerimiento de información y eso comporta tiempo. A partir de ahí el promotor puede ser diligente y hacerlo rápido, o no».

El Departament apunta, si acaso, a una responsabilidad compartida en el hecho de que haya planteamientos de renovables que hagan aguas, y defiende que en los proyectos que llegan impecables la tardanza es mínima y se tramita con rapidez. A todo ello se añaden, eso sí, unas demoras intrínsecas, en parte por un exceso de papeleo que la Generalitat ha admitido en alguna ocasión y que está intentando solventar. «Las instalaciones de menos de 5 MW se consideran de urgencia y los plazos se acortan a la mitad, porque requieren menos, y encajan mejor con la forma de transición que propugna el Govern», explican desde Acció Climàtica.

El otro frente en ese cuello de botella que se ha generado en ocasiones es la falta de personal. A finales de 2021, a raíz de la necesidad para dar salida a un gran número de proyectos, se crearon 24 plazas de técnicos y administrativos para dar apoyo a los servicios centrales y a los territoriales, que eran los que más déficit tenían. Ahí llegó otro problema: la dificultad de encontrar perfiles en el ámbito de la ingeniería y los propios plazos de contratación del sector público.

«Hay muchas trabas»

Los últimos presupuestos incluían la creación de 75 plazas, no estrictamente ligadas a renovables pero sí a transición energética en general. De hecho, hay voces del sector que sí perciben esta mejora, aunque la ven insuficiente para que Catalunya pueda recuperar el tiempo perdido en esta carrera de la energía de la descarbonización.

A veces el retraso viene de las alegaciones del territorio. Jordi Vidal, director de la empresa tarraconense Sun Systems Group, es muy crítico: «Estamos preocupados porque todo se retrasa. Hay muchas trabas y mucho bloqueo y eso nos dificulta avanzar. Es un calvario, aunque vemos que en la Generalitat sí hay buena voluntad y se están poniendo las pilas».

Vidal admite «frustración» por ver que «se trata de puestos de trabajo y de generación de riqueza para un territorio que, además, necesita descarbonizarse para aspirar a la Vall de l’Hidrogen».

Para este empresario no todas las zonas son iguales. «En el Ebre nos resulta más fácil, pero en lugares como el Tarragonès o el Alt Camp es complicado. Somos de Tarragona, trabajamos por toda España y vemos que Catalunya es un lugar difícil. A veces te encuentras con políticos que aún te dicen que ellos no quieren ver paneles solares», lamenta Vidal.

La Generalitat también ha puesto en marcha un listado de los requerimientos para los promotores y ha activado el silencio positivo entre departamentos. Esto es, en la interlocución entre órganos interpelados en la tramitación de un proyecto, si en un mes no se ha dicho lo contrario (que falta un determinado papel o está pendiente de concretarse una gestión), se da por hecho que todo es correcto y el proceso continúa.

Otra de las medidas está ligada a que si ya se tiene el aval medioambiental y energético no haya que esperar al urbanístico, ya que las comisiones están fijadas y son espaciadas en el año: por eso se dan las autorizaciones pendientes del visto bueno de Urbanisme y sujetas a él. Acció Climàtica sostiene que «somos conscientes de que el proceso es farragoso y de que en algún punto no hemos sido tan ágiles pero los trámites están para garantizar que se cumplen los derechos de todos los ciudadanos».

El consultor Jaume Morron cree que «los objetivos establecidos de generación de renovables, sobre todo de la eólica, serán muy díficiles de cumplir si seguimos a este ritmo, hace falta un golpe de timón». Morron lamenta que «se hizo un decreto que obligaba a los proyectos a cumplir con una serie de compromisos y de información que también retrasa mucho la tramitación. Se cambian las reglas de juego a mitad de la partida mientras siguen rigiendo los plazos que ha marcado el Ministerio. Son barreras que en otras comunidades no existen».

«Perdemos la carrera»

Xavier Sabaté, asesor energético, indica que «se trata de una desgracia para la economía y también para el cambio climático, porque no estamos contribuyendo a paliar el aumento de la temperatura y, además, estamos perdiendo la carrera de otros combustibles limpios como el hidrógeno verde».

Sabaté, exdelegado del Govern en Tarragona, denuncia que «todo el ecosistema que gira alrededor de la transición energética está muy deteriorado, lo único que funciona es el autoconsumo, por las familias y las empresas que quieren disminuir sus gastos». Sabaté reclama «que se tienen que hacer las inversiones con sentido, y reclamar una acción conjunta, ya que no se puede desligar el hidrógeno de las renovables».

Admite que «esto no pasa en otras comunidades» y denuncia que «aquí falta liderazgo político». De ahí que se refiera al fenómeno ‘not in my backyard’, de oposición territorial cuando los parques se proyectan cercanos a alguien. Sabaté recalca que «hay una parte de la población que habla del impacto visual de los parques pero eso está claramente por debajo del impacto en la salud. Tenemos más casos de bronquiolitis y de enfermedades respiratorias porque seguimos padeciendo una contaminación alta que afecta».