Tarragona dará la basura en 13 días a Urbaser pese a que GBI Paprec apelará las cautelares al TSJC

El Ayuntamiento de Tarragona intenta poner velocidad de crucero para pasar página al obsoleto contrato vigente de la basura, firmado en 2002 y caducado desde hace dos años. Por ello, contra viento y marea, el gobierno municipal liderado por el alcalde Rubén Viñuales (PSC) llevará la adjudicación a la empresa Urbaser al pleno municipal de este próximo 24 de abril. Y lo hará pese a que antes la vencedora expulsada del concurso, GBI Paprec, recurrirá al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la denegación de las medidas cautelares que un juez de Tarragona ha resuelto esta semana para que la firma francesa pudiera ser readmitida de nuevo como vencedora e hipotética gestora de la futura concesión, valorada en más de 233 millones de euros para los próximos diez años.

Fuentes de GBI Paprec –que en marzo del 2024 fue la empresa adjudicataria del concurso público pero que fue expulsada en junio del 2024 por el tribunal administrativo catalán tras un recurso de Urbaser– confirman al Diari que en los próximos días presentarán un recurso de apelación ante el alto tribunal catalán.

Según ha podido saber este periódico, la firma gala basará su recurso en el hecho de que «lo prudente y razonable» sería «esperar a la resolución del fondo del asunto» para adjudicar el mayor contrato municipal y evitar, de esta forma, «futuras reclamaciones por daños y perjuicios que correrían a cargo de los tarraconenses».

En concreto, a día de hoy los tribunales tienen hasta cinco recursos sobre la limpieza de Tarragona: dos de GBI Paprec –que pide anular la resolución del tribunal administrativo que la expulsa, así como dejar en nada el acuerdo del pleno municipal que acata la resolución–, otro del Ayuntamiento que defiende su gestión a favor de adjudicar a Paprec y FCC, que apuesta por reiniciar todo el proceso por la implicación de la Cap de Neteja Pública. También se investiga un presunto espionaje.

¿Recursos ‘in eternum’?

Tras conocerse este martes que el Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Tarragona rechazaba las peticiones de cautelares de GBI Paprec, el alcalde Rubén Viñuales se muestra convencido de que el consistorio «ya puede aprobar la adjudicación». De hecho, el Primer Edil ya cuenta que FCC y Paprec recurrirán de nuevo ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. «Se aceptará a trámite y luego el tribunal rechazará sus recursos, ya que es un tema que ya se ha resuelto. No se reiniciará in eternum un proceso que nunca acabaría», indica. Viñuales, además, está seguro que «el concurso no debe empezar de cero, como algunos dicen», ya que esto podría incurrir en una «prevaricación administrativa» porque «la ley dice que esto debe hacerse cuando lo indica expresamente el tribunal. Y no es el caso», rebla.

Precisamente, GBI Paprec sostiene que el ejecutivo de la Plaça de la Font debería «evitar» la adjudicación anunciada a la segunda clasificada del concurso porque el gobierno municipal «conoce perfectamente que la resolución del Tribunal de Contratos señala que Urbaser infringió gravemente en su oferta los pliegos de condiciones y que debía ser excluida» del proceso de licitación.

Según Paprec, la posible adjudicación de dentro de 13 días sería «precipitada» y «provocará una serie encadenada de reclamaciones de daños y perjuicios por las diversas empresas», que podría incluso provocar que «la ganadora final fuera FCC, que también incumple los pliegos según el tribunal».

El inminente nuevo paso que dará el Saló de Plens puede ser un punto de inflexión para un proceso que, tras años de batalla, lucha contra el naufragio.