Tarragona acoge el primer juicio donde se plantea aplicar la Ley de Amnistía

¿Agredir a un teniente de alcalde por haber colocado una estelada, entra dentro de los supuestos de la Ley de Amnistía publicada este martes?

Es el planteamiento que se ha hecho hoy en la Audiencia Provincial de Tarragona durante el juicio contra tres personas acusadas de lesionar a un hombre que colocó la bandera delante de la casa de los acusados.

La petición, que no ha sido solicitada por independentistas, si no por los presuntos agresores de un edil separatista, llega tan solo tres horas después de haber entrado en vigor la Ley de Amnistía, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tanto la fiscal como el abogado de la acusación particular han solicitado al tribunal que aplace el juicio para poder emitir sus informes, a la vista del poco tiempo que han tenido para mirarse la ley.

Por su parte, la defensa entiende que era el mismo redactado que se publicó en su día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y que, por tanto, han tenido tiempo suficiente para poderlo consultar. Y añade que sus clientes han pasado ya siete años esperando juicio.

Finalmente, las magistradas, tras una breve reunión, han decidido aplazar el juicio ya que, según han dicho, ni ellas mismas han podido verificar si el texto publicado en el BOE es el mismo que el del Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Los hechos

Los acusados son tres vecinos de Masllorenç, en el Baix Penedès. Los hechos se produjeron, según la acusación, sobre la una y media de la tarde del 22 de diciembre de 2017.
Una acusada, al llegar a su domicilio, comprobó que cerca de su casa habían colgado una bandera estelada.

Ante esta situación, llamó a la alcaldesa del puebo para pedirle que acudiera al domicilio, que su marido estaba muy nervioso y que quería enfrentarse con el teniente de alcalde Xavier Anguela, el concejal encargado de este tipo de órdenes.

La alcaldesa Núria Manchado contestó que no podía ir a casa de la encausada y que calmara a su marido. Manchado llamó a Anguela para preguntarle qué había pasado con la bandera y para advertirle de que el hombre estaba muy alterado. En aquel momento alguien llamó a la puerta de la víctima y la llamada se cortó.

La agresión

Cuando los acusados llegaron al domicilio del teniente de alcalde, llamaron a la puerta. Les abrió la víctima. Le recriminaron –relata el fiscal– la colocación de la bandera y se abalanzaron sobre el perjudicado, que cayó al suelo.

Uno de los procesados lo cogió por el cuello y le presionó con el brazo, mientras otro le cogía de las piernas para inmovilizarlo y la tercera investigada le clavaba las uñas en la cara.

En ese momento, la esposa de la víctima, alertada por la ausencia de su marido, salió fuera de casa y les dijo que pararan. Y los agresores depusieron su actitud.

Las penas

La Fiscalía pide para los tres acusados tres años de prisión y una multa de 2.400 euros por un delito de atentado contra la autoridad y multa de 480 euros por un delito leve de lesiones.

La acusación particular eleva la pena solicitada a cinco años de cárcel y multa de 10 meses por el delito de atentado a la autoridad.

Por lo que respecta a la responsabilidad civil, el Ministerio Público la fija en 660 euros y la acusación particular en 9.621,76 euros.

Las partes

Durante el juicio, celebrado en la Sección Cuarta de la Audiencia de Tarragona, la fiscal ha asegurado que no puede emitir un informe, y también ha solicitado tiempo para consultarlo con sus superiores, ya que no lo ha podido hacer por falta de tiempo.

Prácticamente en el mismo sentido se ha pronunciado el abogado de la acusación particular, que considera «precipitado» poder emitir en aquel momento un informe sobre una norma que ha entrado en vigor tres horas antes del juicio. Y más, según ha dicho, porque en la ley «hay importantes claros y oscuros».

Finalmente, el abogado defensor, Òscar Cabrero, ha señalado que sus clientes están esperando «con ansiedad y ganas» la resolución de este juicio y que su aplazamiento supone «un grave perjuicio para ellos». Reconoce que no hay criterios de jurisprudencia porque se trata de una ley que hace pocas horas que ha entrado en vigor.

Las magistradas, tras una breve deliberación de minutos, han señalado que resulta prudente la suspensión de la vista «para que las partes se puedan ilustrar y presentar sus correspondientes informes». Y señalan el juicio para el próximo 28 de noviembre a las 11.30 horas.