Solo el 4% de las viviendas que se construyen en Tarragona son de protección oficial

«La oferta de vivienda protegida es insuficiente. Llevamos muchos años sin construir, y esa carencia impide que la vivienda pública cumpla con su objetivo social, que es ofrecerse para aquellos que están en una situación más delicada, y evitar asimismo que los precios del mercado libre crezcan», reconoce Ferran Font, experto inmobiliario y director de estudios de la plataforma Pisos.com. Font cree que la VPO «no ha sido una prioridad dentro de la agenda política, de los gobiernos de diferentes partidos y colores, y llevamos muchos años en los que no se ha hecho política de vivienda, que permita plantear tener un parque público sostenido en el tiempo».

La doctora Núria Lambea, investigadora de la Cátedra Unesco de la Vivienda de la URV, también confirma, en parte, ese mismo diagnóstico: «Es verdad que la inversión en política de vivienda, si ya era poca antes, ha disminuido muchísimo en los últimos años. En lugar de fomentar la construcción hemos ido a programas de captación de vivienda vacía. El poco financiamiento ha ido para buscar esas viviendas que ya existían, y así salía más a cuenta».

Hay un cierto consenso en afirmar que la vivienda pública disponible es insuficiente. En este 2022 han crecido los solicitantes de este producto. En marzo, había 2.811 hogares tarraconenses en lista de espera, un 12% eran familias numerosas y un 5% monoparentales. Supone un ligero aumento respecto a finales de 2021, cuando había 2.772, según los datos recopilados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Construcción bajo mínimos

Mientras tanto, la construcción sigue bajo mínimos, aunque haya experimentado un ligero repunte. En 2021 se finalizaron en la provincia 61 viviendas con protección pública, un 4,2% de todos los pisos y casas que se acabaron en ese año. Por regiones, en el Camp de Tarragona, el porcentaje se eleva algo más, al 5,3%, pero en las Terres de l’Ebre se desploma al 2,4%.

Esos 61 pisos y casas acabados y con catalogación social pueden parecer pocos, pero suponen un cierto aumento: en 2020 solo hubo 19, en 2019 siete, mientras que en 2018 no se contabilizó ninguno, en 2017 solo dos y en 2016 ninguno. Es decir, desde 2016, en seis años, solo se han finalizado 89 pisos de esta tipología.

Tan bajas son las cifras que el concepto de vivienda protegida que había hace unos años ahora se ha desvirtuado. «En los últimos años los programas se dirigen a colectivos más vulnerables. Hemos pasado de políticas más económicas a más sociales. Antes estaban dirigidos a unas franjas más grandes de población, con niveles bajos pero también medios. Ahora lo poco que se hace va a resolver emergencias, a colectivos mucho más vulnerables», explica Lambea, lo que genera otro tipo de exclusión: «Hay población que queda fuera, porque los alquileres están como están, y por tanto se quedan ahí en un limbo, entre el mercado público y el libre, al que cuesta mucho acceder. Es una problemática no solo a nivel catalán y español, de población de ingresos medios que no puede acceder».

No hay que olvidar, en la ecuación, a la Covid. «La actuación en política de vivienda ha estado marcada por la necesidad de dar respuestas rápidas ante los retos de la pandemia», relata el ‘Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya’ de 2021, que añade: «Solo en este año, el parque público de la Generalitat se ha incrementado en 391 viviendas adquiridas por tanteo y retrato, que se añaden a las 2.704 viviendas que a finales de 2020 se administraban desde la Agència de l’Habitatge procedentes de este mercado». En Catalunya más de 87.000 personas esperan un VPO.

Ferran Font también apunta al «un stopper importante con el que nos encontramos, con un problema de la falta de suelo, que redunda en una menor oferta, que además no es capaz de dar respuesta, porque ha habido una apuesta tibia a la hora de generar más alquiler, no solo público, sino también que fuera asequible». Aunque se han impulsado programas para incorporar viviendas al parque de VPO –ese sistema de tanteo y retrato, por ejemplo, ha sido una herramienta–, Lambea cree que «la construcción se ha descuidado demasiado» y añade: «Hay que buscar el equilibrio. Por una cuestión de recursos, se han fomentado otros planes, pero se tendría que haber impulsado la construcción allí donde hiciera falta».

Esa es una de las claves: ¿dónde construir? Es cierto que la burbuja y su estallido dejó mucha vivienda, incluso nueva, vacía, pero también que buena parte de ella estaba en lugares sin demanda y, en algunas ocasiones, sin infraestructura adecuada. «Se han hecho promociones en localidades en las que después nadie quiere ir a vivir. Hay que construir donde es necesario, en lugares con servicios alrededor», apunta Lambea, que apunta los beneficios que generaría tener un parque público potente de viviendas. «Ayudaría a resolver mucha problemática de población con necesidad inminente de vivienda, al final el mercado del alquiler recibe a toda aquella población que no tiene alternativa, pero se podría destensar así».

La escasez y los precios tensionan el parque de alquiler. «Una buena oferta permitiría descolapsar, siempre acotando bien, para evitar que no se hiciera la competencia a lo privado», asegura Lambea.

Para paliar esta situación, el Incàsol apuesta ahora por la colaboración público-privada para promocionar vivienda asequible. Es lo que ha anunciado, por ejemplo, en Esplugues de Llobregat. En el Àrea Residencial Estratègica del barrio de Montesa se han programado 2.105 viviendas, de las que 1.059, más del 50%, serán protegidas. Habrá unas 750 de alquiler. La urgencia del mercado por absorber más vivienda pública ha llevado al organismo a abrirse a esta nueva fórmula. «Queremos promover vivienda asequible con la colaboración del sector privado. Pondremos en práctica la comercialización de suelo en derecho de superficie», dice Mercè Conesa, directora del Incàsol. Eso implica que el socio privado sea el promotor y el operador.

El impulso al parque público pasa, pues, por construir, al menos en parte. El déficit también es palpable en cuanto a viviendas iniciadas. En Tarragona, solo 36 de los 939 pisos y casas comenzados en 2021 tenían protección pública, un 3,7%. En el Camp de Tarragona el dato es del 4% y en el Ebre roza el 6%.

Las ayudas urgentes a la vivienda se duplican en Tarragona

Un total de 10.124 familias tarraconenses recibieron ayuda para pagar el alquiler en 2021, según datos de la Agència Catalana de l’Habitatge. En total, el importe global ascendió a 16,7 millones de euros –una media de 1.650 por vivienda–. Hubo 465 prestaciones de urgencia y 96 ayudas extraordinarias para el arrendamiento ligadas a la Covid.

Estas actuaciones para evitar la exclusión social residencial no se pueden entender sin las consecuencias económicas de la pandemia. Las ayudas destinadas han crecido un 21% desde 2019, en buena parte por el impacto del virus: de 9.313 a las 11.309 del año pasado, englobando ahí el total de subvenciones para pagar el inmueble en la provincia.

Pero la evolución más llamativa son las prestaciones de urgencia, que se han duplicado en este intervalo de dos años: hubo 215 en 2019 y 465 en 2021, más de doble. El incremento ya se apreció en 2020, con 246, aunque no fue tan notorio como al año siguiente. Se trata de prestaciones mucho más acuciantes, puesto que salen al rescate para «dejar sin efecto la acción de desahucio judicial por impago del alquiler o el embargo de la vivienda» y permiten que la familia pueda seguir viviendo en ella. «En 2021 se ha hecho un esfuerzo económico importante para hacer frente a las ayudas para pagar el alquiler a las personas con dificultades», expone el ‘Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya’ de 2021.

También las llamadas mesas de emergencia han sido claves. En Tarragona hubo 87 viviendas contratadas a través de la Agència o con su apoyo económico, todo ello «para dar respuesta a las necesidades más urgentes de alojamiento». En 2019 hubo 61 viviendas adjudicadas con ese sistema. En Catalunya se entregaron 853 inmuebles, por los 504 de 2019, ante de la emergencia sanitaria.

A través de la Xarxa de Mediació, se formalizaron durante el año pasado 191 contratos para alquiler social en Tarragona.

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