Rosa Peral declara en Tarragona que cedió a su padre su casa embargada porque no podía pagar la hipoteca
La condenada por el ‘crimen de la Guardia Urbana’ le transfirió el coche y el 50% de la vivienda que compartía con Pedro Rodríguez –el escenario del delito– para, presuntamente, declararse insolvente y librarse de abonar la indemnización
Rosa Peral y su padre, Francisco Peral, han declarado a lo largo de la mañana de este miércoles en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Tarragona, investigados por un delito de ocultación de bienes, ya que, supuestamente, ella le habría transferido su coche y el 50% de la casa que compartía con Pedro Rodríguez –la víctima– a su progenitor para así declararse insolvente y librarse de pagar la indemnización conjunta de 885.000 euros que ella y Albert López deben abonar a la familia de Pedro.
De hecho, ha admitido que la cesión se produjo antes de que la sentencia del crimen fuese firme y la ha justificado explicando que no iba a poder hacerse cargo de pagar la hipoteca de la mitad de la vivienda.
La sesión, que ha generado una gran expectación, ha comenzado sobre las 11.00 horas, con la declaración del progenitor de la condenada, y ha culminado alrededor de las 12.20 horas, con la salida de Francisco Peral y de la abogada de la familia, Núria González.
La letrada ha expresado que la magistrada les ha instado a no revelar el contenido de la declaración ni de la evolución del caso –que se encuentra en fase de instrucción–. Entre tanto, el padre de la condenada ha optado por no ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación.
Tanto Rosa Peral –que ha llegado en una furgoneta de los Mossos d’Esquadra desde la cárcel de Mas d’Enric, en El Catllar– como su padre estaban citados en sede judicial a las 11.00 horas. Él ha declarado en primer lugar y se ha extendido, más o menos, unos treinta minutos.
En el exterior, expectación tanto de los medios de comunicación allí presentes como de algunos curiosos que se han acercado al Palau de la Justícia.
La declaración de la condenada se ha iniciado a las 11.50 horas y ha concluido cerca de las 12.15 horas. Posteriormente, tanto la abogada como el padre han salido por la puerta principal de los juzgados.
Mientras que él no ha ofrecido declaraciones y ha continuado caminando, la letrada sí que ha explicado las peticiones que les ha efectuado la magistrada: «La jueza ha solicitado a las partes que mantengamos el secreto del procedimiento y, ya que nosotros estamos totalmente de acuerdo con ella, no haremos más declaraciones porque nos lo han pedido expresamente».
Los hechos investigados
Rosa Peral y su padre están investigados por un supuesto delito de ocultación de bienes porque ella, ya en la cárcel y a través de un notario, donó a su padre la propiedad del coche y del piso que compartía con su exmarido Rubén en Vilanova i la Geltrú y que fue donde vivió luego con Pedro Rodríguez –la víctima– y donde se cometió el crimen durante la noche del uno de mayo del año 2017.
El cambio de titularidad se llevó a cabo días antes de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que también fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Todo ello lo denunció la familia de la víctima en una querella por un delito que se castiga con hasta cuatro años de prisión.
«Íbamos a perder la casa»
Según ha informado el periodista Toni Muñoz a través de La Vanguardia, Rosa Peral habría reconocido ante la jueza que cedió a su padre la propiedad del inmueble para no perderla, ya que, tal y como ha avanzado Muñoz, la condenada ha declarado que no podía pagar la hipoteca.
Además, ha asegurado que era consciente de que el piso era objeto de embargo para cubrir la indemnización exigida. De igual forma, Muñoz ha indicado que Francisco Peral se ha expresado en los mismos términos.
La familia aspira a cobrar 50.000 euros
Con la demanda interpuesta, la familia de Pedro Rodríguez aspira a obtener unos 50.000 euros, según publica la Agència Catalana de Notícies (ACN). Las declaraciones de este miércoles se han celebrado en una sala de uso poco habitual y en la cual la jueza se ha asegurado de que no había ningún tipo de sistema de grabación.