Las empresas eléctricas, las que más reclamaciones reciben en Tarragona

El sector de los suministros del hogar concentra dos de cada diez reclamaciones recibidas en 2023 por la Agència Catalana del Consum en el Camp de Tarragona, la mayoría de las cuales se debieron al suministro eléctrico. Lo han explicado este jueves el director de la Agència, Albert Melià, y el director de los Serveis Territorials d’Empresa i Treball en Tarragona, Jordi Fortuny.

En total, la Administración gestionó 2.173 quejas en el territorio –1.299 se resolvieron por un acuerdo de mediación (un 15% más que en 2022) y 152 por la vía del laudo arbitral (un 20 más que en 2022), una resolución dictada sin acuerdo–. En conjunto, un 66,7% de las reclamaciones se solucionaron por mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.

Además de los servicios de electricidad, destacan las incidencias con la compra de productos como vehículos, productos textiles, mobiliario o material informático –con un 17% del total– y otros servicios generales de consumo –con un 15%– en el que se remarcan las reclamaciones relacionadas con el cierre de centros de estética, con la telefonía e internet y con los servicios financieros.

Las suministradoras de energía, operadoras de telefonía y compañías aéreas encabezan la lista de las empresas con más reclamaciones en el Camp de Tarragona: Endesa, con 149; Orange, con 91; Naturgy, con 80; Vueling, con 58; Energía XXI, con 56; Vodafone, con 56; Edistribución, con 45; Telefónica, con 43; Endesa X Servicios, con 38, e Iberdrola, con 38.

Aumentan las denuncias

Por otra parte, las 378 denuncias presentadas por la ciudadanía aumentaron un 88% en comparación con 2022, sobre todo las relacionadas con la vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores, que suponen un 42,5% del total.

Asimismo, desde la sección de Consum en Tarragona, se llevaron a cabo un total de 777 actuaciones inspectoras y de control de mercado en el Camp, que representan cerca del 10% del total de inspecciones efectuadas en Catalunya.

De todas las que tuvieron lugar en el territorio, un 67% se iniciaron de oficio, es decir, por iniciativa propia. El resto fue a raíz de denuncias presentadas por la ciudadanía o bien por comunicaciones provenientes de otras administraciones públicas.

Unas actuaciones que derivaron en 57 expedientes sancionadores impuestos, con una suma total de 446.327 euros recaudados.

Las infracciones sancionadas estuvieron relacionadas, principalmente, con carencias por lo que respecta a la documentación facilitada a los consumidores o por las condiciones de venta o de prestación de bienes y servicios, la inclusión de cláusulas abusivas y prácticas que limitan los derechos de las personas consumidoras y la vulneración de los derechos lingüísticos.

Casi 5.000 consultas

En relación con las consultas, la Agència atendió un total de 4.993, mayoritariamente relacionadas con los servicios de electricidad y gas y el alquiler y la lectura de los contadores (25%), la compra de productos (20%), otros servicios generales de consumo, en los que destacan los servicios médicos de carácter privado, la telefonía e internet (12%) o los servicios bancarios (10%).