Las grandes empresas aumentan su control sobre los pisos turísticos de Tarragona
Las compañías gestionan cada vez más viviendas de este tipo en la demarcación a causa de los buenos datos del sector y de la oportunidad de negocio que supone
Tarragona y los pisos turísticos. Los pisos turísticos y Tarragona. Una larga historia con el Ayuntamiento de la ciudad, la Generalitat de Catalunya y sus regulaciones como principales protagonistas, y con el turismo como actor de reparto.
En plena nueva temporada estival, toman importancia otro tipo de figuras: las empresas que controlan las viviendas de uso turístico: de los 2.145 pisos de este tipo que hay a día de hoy en la capital, 704 están bajo la tutela de compañías.
Antonio Russo, que es doctor en Economia y también profesor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), comenta que «hay grandes inmobiliarias, empresas financieras, fondos bancarios y especuladores profesionales que compran vivienda, o fincas enteras en situación de degradación, echan a los arrendatarios y reforman para ponerlas en el mercado turístico».
«Es el fenómeno de los ‘multipropietarios profesionales’. Su papel es mucho más disruptivo para las comunidades locales, ya que el impacto en el mercado de la vivienda y en las dinámicas de población es mucho más bestia», añade.
Desde la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, su director, Héctor Simón, argumenta que «uno de los motivos que explica el aumento de la presencia de empresas en este sector es económico; es una oportunidad de negocio».
El director de la Càtedra se refiere a un informe de CaixaBank Research que expone que «el sector turístico ha empezado 2024 con excelentes registros en términos de llegadas de visitantes, gasto y actividad, y que se trata del mejor arranque de año desde que se recopilan estos indicadores».
Por otro lado, admite que el límite al precio del alquiler, impuesto por la Generalitat, «puede provocar que existan compañías que hayan decidido cambiar el modelo de negocio». Esta casuística ya la puso sobre la mesa el Banco de España hace tan solo unos meses.
Russo también apunta que, aunque se da más en ciudades como Barcelona, estas compañías «trabajan muy de cerca en las plataformas (que les venden datos sobre performance de alquiler de zonas y fincas, y las promotoras así dirigen sus inversiones; juntos, deciden cuando ‘poner de moda’ una zona de la ciudad y afinar algoritmos para que tenga éxito) y tienen una gran capacidad de presión para imponer regulaciones favorables a diferentes escalas».
El impacto de la nueva regulación
El decreto que actualmente ya está regulando la situación de los pisos turísticos en Catalunya establece un régimen de licencia previa obligatorio en 262 municipios de todo el territorio propuestos por el Govern.
34 están en la demarcación: Alcanar, Altafulla, Amposta, Arbolí, Calafell, Cambrils, Capafonts, Cornudella de Montsant, Deltebre, El Perelló, El Vendrell, Falset, La Canonja, La Morera de Montsant, La Vilella Baixa, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Margalef, Mont-roig del Camp, Móra la Nova, Poboleda, Prades, Pratdip, Reus, Roda de Berà, Roquetes, Salou, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Vila-seca y Vinyols i els Arcs.
Son localidades con problemas de acceso a la vivienda, que ya tienen más de cinco pisos turísticos por cada cien habitantes, o bien que cumplen con ambos requisitos.
Estos municipios no podrán otorgar licencias de apertura hasta que adapten su planeamiento urbanístico a la nueva legislación, que marca un máximo de diez licencias por cada cien habitantes.
En este sentido, el Ayuntamiento de Tarragona está preparándose para elaborar un plan que permitirá limitar las licencias. Actualmente, «está trabajándose en la redacción de los pliegos para licitar el plan», indica el concejal de Habitatge, Nacho García.
Cuando se redacte, se definirá qué camino tomar en cuanto a la regulación de los pisos, que se han disparado más de un 200% desde el año 2017, cuando apenas había más de setecientos.