Ni un piso de VPO iniciado en la provincia durante 2022

Cero pisos de protección oficial iniciados entre enero y septiembre de 2022 en toda la provincia. Es el nulo saldo de ese producto inmobiliario necesitado como el agua de mayo en un mercado con emergencia habitacional y con los precios por las nubes.

De las 844 viviendas cuya construcción arrancó durante esos nueve meses en el Camp y el Ebre, ninguna era VPO. Es aún menos que las 36 que se comenzaron a levantar en todo 2021, que apenas fueron un 4% del total de 939. Las raquíticas cifras de los últimos años radiografían esa escasez enquistada. En 2020 no se empezó ningún piso social, en 2019 fueron 28, en 2018 apenas dos, en 2017 otra vez cero y en 2016 dos.

Este es el paupérrimo balance de los últimos siete años en el Camp y el Ebre: 68 viviendas protegidas empezadas, un 1,4% del total de 4.639 de casas y pisos que se han empezado a construir en ese tiempo. «No se hace vivienda protegida ya que no salen los números. El coste de la inversión no compensa con los precios del alquiler o de la compraventa. Al constructor no le sale a cuenta. Hay escasez, un déficit grande», explica Diego Reyes, presidente de la agrupación de promotores inmobiliarios del Tarragonès.

Comprar de segunda mano

La estadística de la VPO que se ha conseguido acabar es algo mejor, pero igualmente insuficiente. En esos nueve meses de 2022, se finalizaron 27 viviendas de protección pública, el 2,3% del total de inmuebles que se dieron por finiquitados (1.143), todo ello según los datos del Departament de Territori. Durante todo 2021 se acabaron 61 de un total de 1.157.

Desde hace años, construir VPO no es una prioridad para los promotores ni para la misma administración, que está optando por otras vías a la hora de habilitar accesos asequibles a un hogar. «Lo que se hace para disponer de pisos con finalidad social es comprar viviendas sueltas de segunda mano», reconoce el abogado y experto inmobiliario Manuel Sosa, que añade: «Como construir viviendas nuevas requiere tiempo, dos años, ante la urgencia de vivienda social, la Generalitat compra pisos ya existentes para destinarlos a ello, y así es más rápido».

«La oferta de vivienda protegida es insuficiente. Llevamos muchos años sin construir, y esa carencia impide que la vivienda pública cumpla con su objetivo social, que es ofrecerse para aquellos que están en una situación más delicada, y evitar asimismo que los precios del mercado libre crezcan», reconoce Ferran Font, experto inmobiliario y director de estudios de la plataforma Pisos.com. Font cree que la VPO «no ha sido una prioridad en la agenda política, de los gobiernos de diferentes partidos y colores, y llevamos muchos años en los que no se ha hecho política de vivienda, que permita plantear tener un parque público sostenido en el tiempo».

La doctora Núria Lambea, investigadora de la Cátedra Unesco de la Vivienda de la URV, también confirma, en parte, ese mismo diagnóstico: «Es verdad que la inversión en política de vivienda, si ya era poca antes, ha disminuido muchísimo en los últimos años. En lugar de fomentar la construcción hemos ido a programas de captación de vivienda vacía. El poco financiamiento ha ido para buscar esas viviendas que ya existían, y así salía más a cuenta».

Diego Reyes, como voz de los promotores, sostiene que «hay constructores que sí están haciendo algo en Barcelona», pero tanto en el Camp como en el Ebre las iniciativas son muy escasas: «En Barcelona la realidad es diferente, en determinadas áreas de los alrededores sí sale más a cuenta. A nivel de costes podemos estar en la misma línea que aquí, pero la diferencia está en la repercusión del suelo y los precios de venta. Cuando uno hace viviendas y arriesga su patrimonio es para obtener un beneficio, grande o pequeño, y no sale a cuenta».

Reyes cree que «la administración tiene que propiciar que haya vivienda accesible», algo que debe pasar no solo por la rehabilitación o la adquisición. «Lo que puede marcar la diferencia en clave de mercado es la construcción. La administración no solo debe fomentar ese tipo de vivienda, sino hacerla, pero no poner promociones con condiciones leoninas para el promotor, porque lo que supone en la mayoría de los casos es que no se hace, no se puede dejar a manos de la iniciativa privada la solución de este problema».

Tan bajas son las cifras que el concepto de vivienda protegida se ha desvirtuado. «En los últimos años los programas se dirigen a colectivos más vulnerables. Hemos pasado de políticas más económicas a más sociales. Antes estaban dirigidos a unas franjas más grandes de población, con niveles bajos pero también medios. Ahora lo poco que se hace va a resolver emergencias, a colectivos mucho más frágiles», explica Lambea, lo que genera otro tipo de exclusión: «Hay población que queda fuera, porque los alquileres están como están, y por tanto se quedan ahí en un limbo, entre el mercado público y el libre, al que cuesta mucho acceder. Es una problemática no solo a nivel catalán y español, de población de ingresos medios que no puede acceder».

La Generalitat, de hecho, admite que su filosofía actual va dirigida a paliar la emergencia. «La actuación en política de vivienda ha estado marcada por la necesidad de dar respuestas rápidas ante los retos de la pandemia», relata el ‘Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya’ de 2021, que añade: «Solo en este año, el parque público de la Generalitat se ha incrementado en 391 viviendas adquiridas por tanteo y retrato, que se añaden a las 2.704 viviendas que a finales de 2020 se administraban desde la Agència de l’Habitatge procedentes de este mercado».

Aunque se han impulsado programas para incorporar viviendas al parque de VPO –ese sistema de tanteo y retrato, por ejemplo, ha sido una herramienta–, Lambea cree que «la construcción se ha descuidado demasiado» y añade: «Hay que buscar el equilibrio. Por una cuestión de recursos, se han fomentado otros planes, pero se tendría que haber impulsado la construcción allí donde hiciera falta».

«No se incentiva»

Daniel Roig, presidente de la Associació de Promotors de Catalunya en Tarragona, sostiene que «la iniciativa privada no puede afrontar la construcción de vivienda protegida porque es inviable económicamente y, además, no hay un plan de vivienda pública que lo incentive». Roig incide en «un problema con los precios del módulo», de forma que «es como si le pides al payés que venda las manzanas más baratas de lo que le cuestan, no tiene sentido».

Cada municipio se categoriza con un módulo, de manera que hay unos topes de precio a la hora de comercializar un piso de VPO. «Además, esos módulos están muy mal repartidos. El más alto, el de clase A, es donde está Tarragona capital. No puedes vender por más de 221.000 euros el inmueble. En el segundo, el B, está Reus, que debería estar en el A, y en cambio está compartiendo nivel con poblaciones como Cambrils o hasta Gandesa, que no tienen nada que ver entre sí», añade Roig.

Para agravarlo, el promotor recuerda «el 25% de aumento de los costes que hemos sufrido en los últimos tiempos», lo que hace inviable cualquier iniciativa, afectando al mercado. «Históricamente, lo que más se ha hecho en Catalunya y en España es VPO, porque ha sido viable. Es un modelo que dio muchas posibilidades, porque era el primer acceso a la vivienda de muchas parejas jóvenes, que podían tener sueldos correctos y además ser propietarios. Eran familias con menos recursos pero no hablo de emergencia habitacional, eso es otra cosa. El resultado son familias con dificultades para acceder al alquiler y que con lo que pagan podrían ser perfectamente propietarios de un piso de VPO». Roig dice que «el 80% de lo que se hace es iniciativa privada» y «reclama que la administración directamente tendría que construir en los solares de los que dispone».

Un total de 3.178 tarraconenses están en lista de espera para uno de esos pisos, según datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, de septiembre de 2022. Es una cifra casi un 20% superior a la que había a finales de 2021 (2.653).

Cuatro de cada diez, extracomunitarios

El 68% de los solicitantes de VPO en Tarragona tiene entre 35 y 65 años. Hay prácticamente los mismos hombres que mujeres en el registro. Un 60% son autóctonos, nacidos en España, un 39% son extracomunitarios y el 1% restante son ciudadanos de otros países de la Unión Europea, según el balance de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, con datos de septiembre de 2022.