María José Osuna: «Hemos detectado que hay más violencia gratuita»

Maria José Osuna (Melilla, 1960) vivió su juventud en Menorca. En 1988 llegó a Tarragona como abogada fiscal. Y aquí lleva 36 años representando al Ministerio Público. En marzo de 2022 fue nombrada fiscal jefa.

Delincuencialmente, ¿estamos peor que antes de la pandemia?

En principio, la criminalidad ha cambiado un poco. Se utilizaron los medios de internet para cometer delitos. Por ejemplo, aumentaron las estafas informáticas de manera importante. Lo que ha habido es una transformación. Durante la época de Covid se detectaron varios fenómenos. Aumentaron las estafas informáticas. Esa nueva criminalidad se nos ha establecido. También se detectó un aumento del maltrato intrafamiliar como consecuencia de la convivencia e indirectamente también el maltrato infantil y los abusos sexuales a menores.

Después de la pandemia hemos detectado un aumento de la violencia gratuita. Con la presencia de armas blancas en las calles, las agresiones tienen un matiz de mayor gravedad.

Uno de los aspectos polémicos que han saltado a la luz en los últimos meses es la reincidencia. ¿El Código Penal tiene suficientes recursos para luchar contra este problema?

Se ha ido avanzando. Uno de los delitos más comunes en los que se reincide mucho son los hurtos leves –un botín inferior a 400 euros–. Antes se procedía a la detención del presunto autor, y como se trataba de un delito leve, era juzgado y volvía a la calle. Se han introducido reformas legislativas para dar una respuesta de manera que, si cometes este delito y has sido condenado por tres delitos anteriormente, se suman las cuantías de los botines anteriores y si superas los 400 euros ya te pueden condenar por delito y no por delito leve. Eso supone dar un tratamiento distinto a la multirreincidencia.

Pero desde el punto de vista legislativo ha habido algún fiasco. Alguna introducción en la ley de tipo agravado que pretendiendo dar una respuesta más grave a estos casos de reincidencia, en el fondo se ha traducido en un tipo que les beneficia. En el robo con fuerza, cuando antes había una multirreincidencia y podíamos subirla hasta la mitad de la pena superior. Pero ahora una persona ya condenada con anterioridad nos vamos a una pena que es menor que si aplicáramos la norma anterior. Es una reforma que ha resultado ser contradictoria con el espíritu de la ley. Este artículo tendrá que ser modificado.

¿Pero se puede hacer más?

Creo que sí. Lo fundamental es que se juzguen rápidamente. Un ejemplo lo tenemos en el hurto. En estos casos, no tiene la pena muy alta, por mucho que haya cometido varios y haya sido condenado. La prisión preventiva no es fácil que se mantenga mucho tiempo. Lo que interesa es que se juzgue cuando antes y que esta persona vea que detrás de una detención se celebra rápidamente un juicio y tiene una pena.

¿Pero hoy por hoy estos juicios rápidos es una utopía?

En Tarragona, los juicios rápidos se están señalando para dentro de un año. Para evitarlo se tendrían que poner más señalamientos a la semana. Pero como los Juzgados de lo Penal están atascados, si señalan muchos días juicios rápidos para evitar que transcurra tanto tiempo, haría que el bolo de los juicios ordinarios sea cada vez más grande. En el fondo hay una falta de medios personales para dar respuesta a una realidad que requiere una respuesta rápida.

¿Y los juicios ordinarios en los Juzgados de lo Penal?

Se señalan entre dos años y pico y tres. Estos juzgados tienen un volumen de casos pendientes para señalar que si lo hicieran ahora tendrían ya para dos años.

La Fiscalía de Tarragona está en el puesto número 11 de España en número de aperturas de procedimientos por tráfico de drogas. ¿Qué nos hace especiales?

El fenómeno también ha ido cambiando para ir estableciéndose más en el tema del cultivo de la marihuana. La zona levantina tiene unas condiciones que las hace favorables sobre todo para las plantaciones outdoor; también hay muchas indoor. Tarragona, y Catalunya en general, está bien situada para después hacer llegar la droga a otros países, que en el fondo es lo que pretende el traficante: tener un beneficio importante. La localización de las plantaciones no es casual sino buscada.

Y además cada vez más peligrosos...

La lucha contra el tráfico de drogas exige muchos recursos. El porcentaje de los que se detienen no es el que debería ser. Pero además, la criminalidad va unida a una mayor violencia. Las personas que se dedican a este tipo de actividad se protegen y no dudan en utilizar armas para proteger sus plantaciones. Si lo unes a la posibilidad de los narcoasaltos tienes que la peligrosidad aumenta. Los grupos criminales son cada vez más peligrosos.

Pero la situación del tráfico de drogas ha ido variando con los años...

Es verdad. Hace unos años había muchos desembarcos de hachís en las playas de las Terres de l’Ebre e incluso en Tarragona, en Barcelona y Vilanova. Ahora quizás no hay tantos, pero se ha vuelto a detectar que esta modalidad vuelve otra vez a establecerse.

En la memoria de la Fiscalía General del Estado se indica que Lleida y Tarragona “sufren el constante incremento de plantaciones de marihuana y la instalación de bandas extranjeras, especialmente albanesas, serbias y marroquíes. El problema sigue. ¿Alguna cosa se está haciendo mal?

Creo que todo influye. El no tener una capacidad de celebrar los juicios en tiempo razonable influye en la respuesta. En el caso de la marihuana, siempre concurre el tipo agravado por la cantidad. Estamos hablando de unas penas importantes. En estos casos, la Fiscalía pide prisión preventiva porque, además de la pena alta, son personas de origen extranjero, con escaso arraigo, con unas enormes ganancias, pedimos prisión preventiva. Muchas veces, los juzgados de instrucción las acuerdan. Poco a poco, si no puede celebrarse el juicio en un espacio razonable de tiempo, van acordando libertad bajo fianza, Y las causas con un no preso ya no tienen preferencia de señalamiento de juicio. A lo mejor, para hacer un juicio de un caso de 2019 se celebra en el 2024. Muchos, cuando llegan a juicio, se benefician de dilaciones indebidas. Y en el peor de los casos algunos han huido de España.

¿Sería partidaria de incrementar la pena para estos jardineros de plantaciones?

Hay perfiles distintos. La mayor parte son de la organización pero no tienen un alto cargo en las mismas, suelen ser el último eslabón. Incluso en algunos casos se han detectado que son víctimas de trata de personas, porque los explotan de manera clara, no salen del lugar y viven en unas condiciones muy penosas. Es cierto que cuando uno investiga un delito de este tipo le gustaría encontrar a los que organizan, a los de la parte más alta de la pirámide, sabes que son los que blanquearán el dinero, están al frente de varias organizaciones. Nosotros no tenemos la capacidad de tirar del hilo fácilmente.

La realidad nos dice que se puede pedir prisión preventiva pero normalmente los jueces no son partidarios de acordar medidas cautelares. Y luego pueden ser explotados en otros lugares.

Las organizaciones colocan a estas personas como escudo y es muy difícil que colaboren dando nombres. Porque muchas veces ni los conocen. Pueden saber el inmediato, pero no quién está detrás, porque es una medida de autoprotección.

Usted decía en su toma de posesión que la mejor manera de luchar contra la criminalidad organizada es asfixiar económicamente las organizaciones. ¿Se está haciendo con eficacia?

Se intenta cada vez más, buscar el blanqueo. Porque el dinero que manejan estas organizaciones es muy importante y muchas de ellas operan en varios países. Y ello exigiría una colaboración internacional. Cuando hay indicios claros sí que hay mecanismos para colaborar e incluso para hacer equipos conjuntos de investigación con la Policía de otros países. El problema es llegar a estos indicios claros.

¿La costa de Tarragona se está convirtiendo en una base de operaciones de los traficantes de hachís?

Hace años era una zona caliente. Recuerdo haber ido a un curso sobre delincuencia internacional en Alacant en 2006. Vino un fiscal francés que llevaba grandes operaciones, de millones de beneficio. Nos decía que la zona de Tarragona se había detectado un lugar de desembarco, pero que el destino final era Europa.

Durante un tiempo había una presión policial en las costas, con muchas operaciones. Después hubo una época en que se redujo. Y ahora creo que vuelve a haber un incremento en la detección de estos desembarcos.

¿Tiene la sensación de que la gente autóctona ve el tráfico de hachís como algo normal y por ello se apunta a él, como pasa por ejemplo en el Campo de Gibraltar?

En su día alguna gente autóctona que tenía barca en la zona se apuntaba porque el beneficio es tremendo. Pagaban al día 3.000 euros por ayudar al desembarco.

En la demarcación de Tarragona ha habido un incremento de delitos a través de las redes sociales cometidos por menores de 14 años. ¿Hay que rebajar la edad penal?

Es muy discutido. He oído todos los pareceres. El rebajar la edad penal te da un poco de vértigo, porque estamos hablando de 11, 12 y 13 años. Si das una respuesta adecuada a los inimputables con el sistema de protección, que también establece una serie de medidas para que el menor no vuelva a incidir, creo que es suficiente.

Recuerdo haber escuchado en una entrevista al magistrado de menores de Tarragona Jesús M. del Cacho que decía que era partidario de rebajarla porque consideraba que la jurisdicción de menores tiende a dar respuesta teniendo en cuenta el interés del menor, que son medidas, no penas, que tratan de obtener la rehabilitación del menor. Por ello consideraba que podría rebajarse sin este miedo que me da a mí.

¿Hay un aumento de delitos cometidos por menores?

El número de casos que lleva la Fiscalía de Menores está aumentando mucho, y principalmente los delitos muy graves, como agresiones sexuales, lesiones graves, tentativas de homicidio, etc. Son muchas las veces en que el fiscal pide la medida cautelar. Es muy raro que en una semana no haya un caso grave de delito contra la libertad sexual. Y esto es muy grave..

Desde antes de su toma de posesión como fiscal jefa de Tarragona, una de sus preocupaciones fue el impulso del modelo Barnahaus, del que es pionera. ¿Es un gran avance para intentar paliar los malos momentos que pasan las víctimas menores de edad en casos de malos tratos y de abusos sexuales porque tienen que explicar lo que les pasó?

Es un recurso muy efectivo que además es interdisciplinar. Hace que haya una acogida adecuada de la víctima y de su familia en un entorno que incide en que sea más fácil obtener una información más rica en relación a lo ocurrido. Las agresiones sexuales a menores es un delito muy grave, que tiene un impacto muy grave en su vida y también en la de los familiares que le rodean. Y ya no digo las agresiones sexuales que tienen lugar en el seno de la familia.

Tú lo acoges en un entorno en el que se les explica los pasos que van a dar en el proceso, qué ayudas pueden tener y qué se puede esperar en un momento dado. Y encima en un entorno alejado de lo que son los juzgados, en los que coincides con otras personas, otras víctimas o bien personas investigadas, significa conseguir que haya una relajación de ambiente. Los padres o familiares directos se relajan y eso se va a transmitir a la víctima. Es evidente que es un sistema mejor porque facilita la práctica de la prueba preconstituida.

¿Cuántos menores han pasado por Barnahaus de Tarragona?

Desde 2020 y hasta la actualidad ha atendido 1.018 menores. El año en el que hubo más fue 2022 con 264. Este año ya han sido 215. Desde junio del año pasado se han señalado 197 pruebas preconstituidas, y de ellas se han hecho más de 160.

Los delitos sexuales no paran de crecer, tanto entre menores como en mayores de edad. ¿Solo con el Código Penal se va a poder acabar con esta lacra?

El Código Penal ha tenido sus modificaciones. Ha habido la reforma del sí es sí del 2022, se reformó en el 2023 para evitar que algunos casos cometidos con violencia o intimidación se condenara a una pena no proporcional a la gravedad de la conducta. Actualmente tenemos una legislación que permite dar una respuesta clara al caso, las penas son altas. Los casos de menor gravedad tienen un marco que te permite adecuar la petición a la gravedad de la conducta..

Pero como siempre hay problemas...

El problema está en llevar a juicio los casos con garantías de tener unas evidencias suficientes como para destruir la presunción de inocencia. La investigación tiene que hacerse de manera efectiva, y llevarse a juicio oral en un tiempo razonable. Muchas veces, los testigos no recuerdan bien algunos detalles. Y estos pueden no ser esenciales. Pero en otras ocasiones esas imprecisiones en las que puede incurrir un testigo pueden ser utilizadas para no declarar probado algún elemento o cuestionar la credibilidad del testimonio.

Hay que intentar evitar que el juicio se celebre transcurrido mucho tiempo, principalmente cuando la víctima es menor de edad. Hay que priorizar estas causas. Tanto la ley española como la normativa internacional establecen que las audiencias en las que están implicados menores de edad tienen una prioridad. Aquí es donde la Fiscalía de Tarragona se ha volcado. Hemos aprovechado este nuevo modelo para intentar hacer las cosas de otra forma, agilizar la investigación y conseguir que se señalen los juicios en un plazo más razonable. El esfuerzo que estamos haciendo creo que se está constatando. Son muchos casos los que pasan al trámite de calificación en un plazo más razonable que antes.