Los amnistiables de Tarragona: «Solo estuvimos al lado de la democracia»

Son los amnistiables del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, personas encausadas y en algunos casos sentenciadas y condenadas que podrían beneficiarse de una eventual ley de amnistía, punto clave para que el independentismo dé su apoyo y permita la investidura de Pedro Sánchez.

Está por ver quién se podría acoger. Las cifras no están claras. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha dicho recientemente que, en Catalunya, de los más de 4.400 represaliados, alrededor de 1.400 podrían acogerse.

La lista de afectados en Tarragona es amplia y diversa, en ese largo alcance, durante años, del Procés: alcaldes investigados por el 1-O, enfrentamientos en la propia jornada del referéndum, exiliados, cargos políticos investigados por el Tribunal de Cuentas, la Operación Volhov, la Operació Judes o las movilizaciones postsentencia, en 2019. En esas causas hay tarraconenses. El perfil del amnistiable se puede dividir en dos: cargos públicos que ostentaron responsabilidad en un momento dado y ciudadanía o activistas, más o menos movilizados, que salió a la calle.

«Una mejora de la convivencia»

En el primer grupo estaba hasta hace un tiempo el vallense Cèsar Puig, exsecretario general de Interior, absuelto por los delitos de sedición y desobediencia: «Yo quedaría al margen de una posible ley, porque como la sentencia fue absolutoria es como si no hubiera habido delito, pero afectaría a los condenados y a todos los que están en proceso judicial».

Puig ve con buenos ojos «una medida que puede colaborar a la mejora de un problema político» e incluso percibe un encaje «porque no veo que en la Constitución se prohíba fomentar una mejora de la convivencia». Más allá de ese progreso, Puig ve «otro efecto muy beneficioso», que tiene que ver con el reciente posicionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha abierto hace escasos días a revisar condenas.

Para Puig, «Europa está apuntando a que haya habido una interpretación extensiva de los derechos penales, a que se haya vulnerado el principio de legalidad penal y puede preguntar: ‘¿Está el Estado tomando alguna medida para resolver el problema? Se parte aquí de que delito es lo que describe la ley, no algo que se le parezca». Para el jurista, «la amnistía evitaría que el poder judicial tuviera pronto un problema de credibilidad señalado por Europa, porque se habría corregido». Este letrado cree que permitiría «no pasar el mal trago de que Europa le diga al Supremo que se acabó metiendo en un terreno peligroso». Puig considera que la «aplicación será tanto para los ya condenados como para los que están en algún punto de la causa, que también quedaría suspendida».

La amnistía incumbiría de entrada a los cabezas visibles que estuvieron al frente del Procés y que fueron condenados por el Supremo y luego indultados. Ahí figuran desde los consellers del Govern hasta, por ejemplo, la ebrense Carme Forcadell, en tanto que presidenta del Parlament.

Entrarían altos cargos, como Joaquim Nin, como secretario general de Presidència, o el rapitense Lluís Salvadó, que fue secretario de Hisenda. En el territorio es amnistiable Albert Salvadó, actual delegado del Govern en el Ebre. Está imputado por el 1-0 y pendiente del juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial. Abogacía del Estado pide 13 años y tres meses de inhabilitación por desobediencia y prevaricación. Fiscalía pide un año y cuatro meses para ser cargo público ir en las listas, por desobediencia. Salvadó considera que «el gran valor de la ley de amnistía es que nos pone en igualdad a la hora de negociar ante el Estado, genera unas condiciones más favorables para actuaciones de futuro».

Otro frente es la lista de aquellos ciudadanos y activistas que se movilizaron en las calles en algún momento. Solo en el contexto de la izquierda independentista de Reus hay unas 20 personas encausadas. Los representantes de este espectro político reclaman que no haya represaliados de primera y de segunda y que la amnistía sea extensible también a estas personas más ligadas a la sociedad civil.

«Para mí es importante por un tema moral»

El reusense Joan Josep Nuet sería uno de los amnistiables, en este caso habiendo recibido ya una condena por desobediencia. «Ya he cumplido. Estuve inhabilitado ocho meses, perdí el acta de diputado y pagué 13.000 euros», explica. Nuet reconoce que «a la práctica no me afectaría pero desde el punto de vista moral sí: quedé como culpable ante el Supremo y la amnistía declararía mi inocencia. He cumplido la pena y eso ya no me lo pueden revertir, pero la condena quedaría eliminada y se eliminaría el hecho. No pido que me lo devuelvan pero sí es una victoria política que los hechos por los que me condenaron se declaren como que no eran objeto de delito». Nuet fue condenado por un delito de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes de desconexión cuando era miembro de la mesa del Parlament en 2017: «Defendí siempre que solo facilité un debate político y la condena fue un retraso democrático. Esos hechos no pueden ser perseguidos penalmente».

«Solo estuve al lado de la democracia»

De los 712 alcaldes catalanes que Fiscalía dijo que investigaría, apenas quedan unos pocos con causas abiertas. «Solo imputaron a 78 y casi todos los casos están resueltos, pero yo sigo pendiente de fecha de juicio», admite Josep Caparròs, exalcalde de la Ràpita. Es uno de los pocos que aún están pendientes. Su caso encajaría con una amnistía que él ve con buenos ojos, por lo que tiene de resarcimiento: «Como mínimo resolvería una anomalía, una situación totalmente injusta e irracional. Como alcalde yo hice lo que creía que tenía que hacer, que era defender los derechos y los intereses del pueblo, de todos los rapitenses, y creo que no puede ser delito estar al lado de la democracia como estuivmos tantas personas». Para el exedil, «hay que poner el cuentakilómetros a cero y devolver a la negociación política la resolución de las demandas catalanas, es necesario desjudicializar la situación. La amnistía forma parte de eso».

«Tememos que la amnistía sea un chantaje»

Edgar Fernández estaba investigado por cuatro causas. Una de ellas cayó, de otra espera juicio y otras dos están en fase de movilización. La Operació Judes o las movilizaciones postsentencia están entre ellas. Su reivindicación es clara: «No sabemos qué dirá la ley, si estará limitada a los cargos políticos o de confianza o si será también para la gente que se movilizó. Tampoco entendemos que el Govern, que está pidiendo la amnistía, sea acusación particular contra algunos de nosotros». Para este militante de la izquierda independentista, «la amnistía a nivel internacional es la fase de resolución de un conflicto, y no estamos aquí en ese punto». «Tememos –sigue el exconcejal reusense– que acabe siendo utilizada como un chantaje. No es ‘os perdonamos y no lo haréis más’. Tiene que ir ligado a más cosas, como la autodeterminación, no es suficiente por sí sola, ni tampoco es un primer paso. Debe ir todo en conjunto».

«Es insuficiente e inútil, no me interesa»

«Aunque me pudiera beneficiar, la amnistía es insuficiente e inútil, no me interesa. No la veo ni bien ni mal. Yo me dedicaba al mundo internacional y lo único que hice fue hablar, hablar con mucha gente. ¿Eso es malo? No tengo conciencia de haber hecho nada malo, estoy tranquilo y he hecho lo que tenía que hacer para la mejora de la vida de los catalanes», asume el reusense Víctor Terradellas, investigado en la Operación Volhov contra empresarios y políticos independentistas por la supuesta financiación del Procés. Terradellas cree que «la cuestión catalana solo se puede arreglar con un pacto de estado en el que se negocie, pero no con el gobierno, sino con todos los partidos, el Rey, la judicatura, el lobby económico...». Exmilitante de Junts, lamenta que «a partir del 1-O la clase política catalana no quiso jugar la partida y cree que «si aceptas simplemente la amnistía al Gobierno de España le estará saliendo todo muy bien de precio».

«La medida tiene que incluir a todos»

El periodista y politólogo de Valls Carles Heredia está a la espera de juicio. La Fiscalía pide dos años de cárcel por atentado contra la autoridad con lesiones. Fue detenido por una manifestación antifascista en Valls: «Es una incógnita saber a quién beneficiará. Tiene que ser para todos. Mi causa es antifascista pero está englobada en el Procés».

Heredia cree que «la amnistía debe ir ligada a un proceso de solución del conflicto, no se puede desligar de una autodeterminación». Para este encausado, «es una forma de desjudicializar el conflicto pero que debe ir acompañada de más cosas para ir a la raíz porque, si no, a la larga seguiremos teniendo más represión». El vallense admite que «sabía a lo que se exponía» pero cree que la amnistía es también la forma de «evitar mucho sufrimiento personal y familiar por la represión. Yo llevo poco tiempo, pero hay gente a la espera de juicio o en una causa que padece desde hace muchos años».

«Los acuerdos son buenos para la política»

Joaquim Nin, alcalde de Albinyana (Baix Penedès), será juzgado en noviembre por el Tribunal de Cuentas, junto con otros altos cargos de la Generalitat en su momento, por el presunto desvío de fondos para el Procés. El que fuera secretario de Presidència en el Govern de Carles Puigdemont podría ser circunstancialmente uno de los ‘salvados’ por esa nueva ley. Nin opta por ser muy cauto respecto a esa posibilidad pero apunta: «Para mí la política siempre es buscar consensos, acuerdos, diálogos y convivencia. Siempre he practicado eso y lo he concebido así». Nin, actual secretario general del Departament de Recerca i Universitats en el ejecutivo de Aragonès, alude al entendimiento: «La última lista con la que me presenté a las elecciones municipales de Albinyana se llamaba Confiança y la anterior Convivència. Siempre he apostado por eso y creo en medidas para llegar a un entendimiento».

«Es una demanda de mínimos»

Arnau Martí, concejal de la CUP en Reus, está esperando sentencia tras haber sido ya juzgado. Se le acusaba de delito de lesiones a la autoridad y se exponía a un año de cárcel y 1.000 euros por las protestas en Tarragona contra la sentencia del Procés, en octubre de 2019. Él puede verse beneficiado por la medida que se negocia para la investidura pero aclara que «la demanda del Govern puede tener muchos condicionantes y nos da miedo que se consideren represaliados de primera y de segunda, cuando tenemos que ser amnistiables todos por igual». Para Martí, número 2 de la CUP en la capital del Baix Camp, «la amnistía es una demanda de mínimos que no puede ir separada de la autodeterminación». «Si es solo para amnistiar a la gente que les interesa, es un lavado de cara en toda regla, que sería insuficiente y muy hipócrita porque la Generalitat está presentada como acusación particular en muchos casos». En cambio, ese ‘perdón’ extensible a un mayor número de represaliados sería también un alivio para esa ingente cantidad de personas que llevan más de seis años pendientes de la justicia. «Entiendo que hay muchas personas que, por su activismo, sabían que se estaban exponiendo y que corrían un riesgo. Pero hay muchas personas que no están vinculadas a ninguna entidad y que quieren cuanto antes deshacerse de esas acusaciones. Hay mucho sufrimiento en las familias», concluye Martí.