Limonium deja la concesión del parque ecohistórico de Tarragona
La compañía asegura que no le salen los números y que el incivismo y el vandalismo en este entorno son constantes. Por su parte, el Ayuntamiento dice que ha habido incumplimiento de la concesión
Cuando todavía faltaba una año para que venciera la concesión, la empresa Limonium ha decidido rescindir el contrato para la gestión del parque ecohistórico del Pont del Diable. La decisión se ha tomado por un cúmulo de circunstancias entre las que hay los motivos económicos y la «falta de implicación» del Ayuntamiento, para tirar adelante el proyecto que se presentó en 2013 y que debía convertir el entorno en un referente en la simbiosis entre la naturaleza y el patrimonio histórico.
El contrato, que tenía una duración de diez años con posibilidad de prórroga, expiraba en febrero del año que viene. No obstante, a finales de 2022 la empresa tomaba la decisión de solicitar su rescisión y ahora se está cerrando esta retirada «de forma ordenada». La gota que colmó el vaso fue un nuevo robo en la Casa del Guarda, en el que sus autores no tan solo se llevaron el cobre y generaron destrozos en las instalaciones, sino que unos días más tarde entraron también en la casa de madera que hay en la parte de atrás e incluso destruyeron la construcción de piedra seca. «Decidimos que ya no podíamos más, porque nos han entrado tantas veces que incluso la compañía aseguradora no estaba dispuesta a renovarnos la póliza de seguridad de las instalaciones», lamenta Sebastiano Alba.
El vandalismo y el incivismo han sido el principal enemigo de la empresa gestora, que ha vivido con impotencia las pintadas que se han hecho en el monumento, los robos en el interior de los vehículos estacionados en el parking o la gente con un comportamiento incívico, que incluso se ha atrevido a bajar haciendo rapel por el puente. «Hubo un momento que se paró porque sabían que había el italiano, pero me han roto el coche muchas veces», sigue explicando Alba.
Desde el Ayuntamiento se anunció la instalación de una cámara de seguridad para controlar el parking. Sin embargo, esta todavía no está. En cambio, sí que se ha instalado un panel en el que se informa a los usuarios que es una zona de estacionamiento no vigilada y que no dejen objetos de valor en el vehículo, ya que «el Ayuntamiento no se hace responsable de posibles robos o daños».
La concesión afecta a la totalidad de la finca municipal, de 32 hectáreas de terreno, que es una de las principales entradas de la Anella Verda, incluyendo el acueducto de Ferreres y el jardín romántico de la familia Puig i Valls, entre sus principales atractivos. En el año 2013 la administración local sacó a concesión este entorno, siendo la empresa tarraconense Limonium la que finalmente fue seleccionada.
En la página web del Ayuntamiento todavía puede consultarse el proyecto que presentó en aquellos momentos esta sociedad, con actividades para grupos organizadas, una propuesta para hacer deportes de aventura (como la tirolina y el tiro en arco) y la intención de realizar mercados periódicos con productos agroalimentarios, además de un centro de interpretación en la Casa del Guarda. Incluso había una propuesta de merchandising, del Pont del Diable que podría comprarse en la tienda-bar, que debía habilitarse con un módulo prefabricado de madera.
Algunas de estas propuestas han seguido adelante y el Pont del Diable se ha convertido en un escenario inmejorable de conciertos en pequeño formato, tanto para Sant Magí como para Santa Tecla. En esta misma línea, las Nits de lluna plena son otra de las propuestas que han tenido éxito y se han hecho cursos y actividades para conocer la piedra seca. En cambio, el centro de interpretación sigue siendo la gran asignatura pendiente.
Según la empresa, entre 15.000 y 20.000 alumnos al año hacen actividades al aire libre en este entorno, la mayoría de las cuales organizadas por los centros educativos de forma que el parque no ve ni un euro. Tampoco cobran cuando se hacen cursas o hay visitas guiadas con empresas externas. Con todo, Limonium calcula que en estos ocho años el impacto económico negativo ha sido de de 16.000 euros anuales. «Era un muerto y una desgracia, que nadie había ordenado y gracias a nuestra presencia y que creíamos en el proyecto lo hemos sacado adelante, pero no podemos más», dice.
La empresa calcula que el impacto económico para la ciudad de la finca en los últimos años alcanza al medio millón de euros. En parte a partir de la gestión forestal que empezó a hacerse estos últimos dos años, vinculada a los trabajos de prevención de incendios forestales entre el Ayuntamiento y Bombers. Asimismo, entre las mejoras que se han hecho está la parada de autobús junto a la N-240 y la mejora de señalización en algunos puntos. No obstante, el Ayuntamiento de Tarragona tampoco valora de forma «satisfactoria» la concesión y asegura que está trabajando para cerrar esta carpeta y poder abrir un nuevo concurso.
«Hay cuestiones dentro del parque que no estaban en la concesión», afirma el concejal de Patrimoni, Hermán Pinedo. Pone de ejemplo la construcción de la casa de manera o el servicio de restauración. La administración local defiende que este contrato es «antiguo» y que «no se ajusta a la realidad actual del parque». Y, en este sentido, se asegura que se redactará un nuevo pliegue de cláusulas para volver a sacar la gestión del parque a concurso, teniendo en cuenta que «se replantearán las condiciones, de forma que no tendrá nada que ver con las actuales».
Pinedo afirma que no puede concretar cuándo se abrirá este concurso, ya que todavía faltan los informes de Patrimoni y Medi Ambient para poder cerrar la etapa Limonium y poder poner de nuevo la maquinaria en marcha.
El Ayuntamiento asegura que ya se ha adjudicado la restauración para la limpieza de las cuatro pintadas, hechas con spray de color negro, que hay en la base del monumento. Tres de estas están en la base de una misma columna y todas hacen referencia a una declaración de amor. Está previsto que «en las próximas semanas» podrá procederse a la restauración.
Las pintadas se hicieron en octubre y en esta ocasión la Guàrdia Urbana consiguió identificar a las presuntas autoras, menores de 14 años y, por tanto, no imputables. Sus tutores legales deberán hacerse cargo de los daños ocasionados. Pinedo reconoce que «la instalación es complicada» como para poner cámaras de seguridad. «Creo que la solución es trabajar para la concienciación y el respeto al patrimonio». Hay que recordar que el Ministerio Fiscal solicitó 22 años de prisión para un joven acusado de los mismos hechos. El juicio todavía no se ha celebrado.