Récord de casos sin resolver en los juzgados de Tarragona: 65.307

«Cuando volvimos a nuestro puesto nos encontramos un volumen de trabajo considerable. Y no se ha hecho ningún plan de choque, aunque se dijo que se haría. Cada uno ha asumido el trabajo como buenamente ha podido. El volumen de entrada no para, y cada día nos llegan una barbaridad de asuntos», explica Hèctor Hinójar, letrado de instancia número 2 en Tarragona. Él fue una de las voces de la huelga indefinida de los letrados de administración de justicia (LAJ), cuyo parón agravó aún más la saturación. La parálisis de los letrados se alargó más de dos meses. Las huelgas se perpetuaron luego por parte de los funcionarios, que siguen en lucha, pero las cifras que publicó ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) radiografían el primer trimestre de 2023, impactado justamente por aquella larga movilización.

En Tarragona había a final del primer trimestre 65.307 asuntos pendientes de resolución, 3.575 más que hace un año. Es la mayor cifra de la historia, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado, pero el registro ha ido creciendo en los últimos tiempos. Y aún lo hará durante este 2023. «Todo se ha ido agravando y aún veremos que en el futuro la situación empeorará. Nosotros vamos sacando el trabajo por orden de cómo estaba», explica Hinójar.

En 2019, antes del impacto del coronavirus, había 45.328 procedimientos pendientes, por lo que en los últimos cuatro años el número de casos acumulados se ha disparado un 44%, si se analiza siempre el final del primer trimestre de cada ejercicio.

Menos asuntos ingresados

Uno de los parámetros más afectados es el de los asuntos ingresados, en retroceso por las huelgas. Con el parón indefinido de los letrados de justicia, se pasó de 32.579 a 29.088, aunque también bajaron los casos resueltos en la provincia, de 31.916 a 30.733, resultado todo ello de aquella acumulación de demandas sin tramitar o de juicios suspendidos que bloquearon gran parte de los flujos de trabajo. En la jurisdicción civil, los asuntos ingresados han pasado en las comarcas tarraconenses de 13.946 a 10.184 ingresados, un 37% menos.

Encarnación Orduna, decana del Col·legi de l’Advocacia de Reus y presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, sostiene que «la situación actual es caótica y en cuanto a Reus o Falset ya arrastrábamos históricamente un retraso evidente, con una serie de problemas como funcionarios con poca estabilidad».

«Desde enero con huelgas»

Orduna lamenta algo así como una tormenta perfecta, en la que «la Covid paralizó la justicia y ahora, cuando nos estábamos recuperando, llevamos desde enero con huelgas, que suponen la paralización de procedimientos, la suspensión de vistas, la remodelación de agendas, fijar nuevos señalamientos». Orduna recalca que «evidentemente estamos ante un perjuicio de la ciudadanía, que va a los tribunales a resolver sus problemas» y pone algunos ejemplos de demora: «Un compañero laboralista presentó una demanda por un despido y la vista se fijó para finales de 2024».

Pero ya no es solo una afectación para el ciudadano, sino también para otros colectivos profesionales que se ven afectados por las reivindicaciones. «A nosotros, como abogados, nuestra economía se resiente. Si los procedimientos se retrasan, no podemos facturar y eso afecta a los despachos, tanto a los grandes como los pequeños, que son la mayoría en nuestro territorio. A eso se añade que a veces no nos avisan de que un juicio se suspenderá o no, y puede ser que hagas un desplazamiento en vano. Todo eso supone una pérdida de dinero y de tiempo. Llevamos tiempo soportando un problema que estas huelgas han agravado. Se está viendo que no se ha invertido en justicia y ahora lo estamos sufriendo», apunta Orduna.

El Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona ha reconocido el derecho a huelga pero lamenta que «la ciudadanía sufra las consecuencias del bloqueo que supone para la justicia, con la suspensión de una gran cantidad de actuaciones de todo tipo».

El CGPJ reconoce que «las sentencias y autos finales también se han visto afectados, en este caso indirectamente, al haberse dado casos en los que el seguimiento de la huelga por parte del LAJ ha supuesto la suspensión de los juicios señalados o la falta de impulso procesal o de tramitación procesal por su parte, lo que ha impedido que los procedimientos quedasen vistos para el dictado de la correspondiente resolución final».

En el partido judicial de Tarragona, las sentencias han pasado de 1.593 a 1.398 pero el descenso es aún más acusado en los autos, que se han desplomado de 5.502 a 1.660. En el de Reus, la tasa de congestión se ha disparado casi un 11% y en Tortosa se ha incrementado un 10,5%.

Cualquier indicador que se analice se ve severamente influido por las movilizaciones de todo este 2023. En el global de la provincia, la tasa de congestión ha pasado del 2,9 al 3,1 en un año, mientras las sentencias dictadas han decrecido de 6.621 a 6.047, un 8% menos. A finales del primer trimestre de 2022 quedaban 58.537 sentencias pendientes de ejecución. Ahora son 62.025, casi 3.500 más.

«Sufren los ciudadanos»

La huelga de letrados se alargó más de dos meses. David Povill, delegado sindical de justicia de CCOO en Catalunya, está al frente de las movilizaciones del cuerpo de funcionarios, que ya acumula nueve semanas de huelga: «Los ciudadanos son los que sufren las consecuencias de esta falta de interés del Ministerio por negociar». Povill reconoce que «la situación de la administración judicial es deplorable» y no hay visos de mejora: «El comité se ha encerrado para intentar forzar la negociación. El Gobierno se escuda en las elecciones generales como excusa. Nosotros continuamos en huelga para reclamar el reconocimiento de nuestras funciones». El panorama empieza a ser desesperado para este colectivo: «Nadie hubiera imaginado que nos llegáramos a encontrar en esta situación».

El seguimiento de la huelga oscila entre el 10 y el 15% según el Departament y el 50% que registran los sindicatos, cada vez más angustiados. «Empezamos el 17 de abril, con parones parciales que después han sido indefinidos. Somos conscientes de que hay muchas demandas del ámbito social pendientes, un montón de procedimientos de familia y de situaciones muy vulnerables, de necesidad. Para nosotros la huelga es la última medida. No puede ser que hayan subido el sueldo a los grupos que más cobran y que no quieran negociar con el resto de funcionarios», apunta Povill.

Todos los colectivos en rebeldía son conscientes del daño que provocan pero ven esa parálisis del día a día como vía última para acceder a sus reivindicaciones laborales.

«Nos afecta muchísimo»

La dinámica afecta también a un colectivo clave como los procuradores. «Tengo un juicio dentro de un rato y no sé aún si se hace o no. Nos afecta muchísimo, llevamos mucho retraso acumulado. Si la situación no era buena antes, ahora menos», admite Àngel Ramon Fabregat, procurador en Tarragona.

José Román Gómez, decano del Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tarragona, confiesa que «la preocupación es absoluta y las huelgas nos están afectando de manera importante, también desde un punto de vista económico, porque si los procedimientos no se terminan, si la incoación se dilata en el tiempo, si no se da trámite... todo eso nos lastra».

El representante de los procuradores tarraconenses comenta que «ahora se están suspendiendo menos diligencias, pero se siguen parando actuaciones necesarias y a la hora de reseñalar lo que ha suspendido, hay muchas limitaciones. Lo que se suspende se recoloca, pero quizás en el civil podemos hablar de nueve meses o un año de espera. La situación ya era complicada antes pero ahora se ha agravado. Justo cuando nos teníamos que recuperar de la anterior huelga, ahora hay otra. Estas movilizaciones paran muchos servicios».

El CGPJ reconoce un aumento «enorme»

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su informe publicado ayer, resalta la honda afectación de la huelga de los letrados de la administración de justicia, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo. Los juicios civiles descendieron un 27,8% en el primer trimestre y los de lo social un 27,4%, como ámbitos más afectados. En este caso, la saturación se refleja en aquellos asuntos que se han quedado fuera de la estadística. El organismo destaca que «el número de procedimientos repartidos que han quedado pendientes de ser aceptados por los órganos judiciales, y por tanto no se han computado como ingresados, ha crecido enormemente en este primer trimestre de 2023».