La gestión de los cruceros divide al gobierno municipal

Tras las discrepancias escenificadas públicamente por los «macroeventos» de Santa Tecla 700, los «privilegios de los políticos» durante los actos festivos, la ordenación de las terrazas o las críticas de la CUP por un modelo turístico municipal «insostenible», ahora el gobierno local del Ayuntamiento de Tarragona (ERC-JxTGN-CUP) se vuelve a dividir, esta vez, por la gestión de los cruceros. Así se pudo apreciar ayer, durante el pleno que se celebró en el Palau de Congresos por las filtraciones de agua en la Plaça de la Font, cuando Esquerra y Junts per Tarragona se desmarcaron de una moción presentada por la CUP en la que se definía a la industria turística naviliera como de «contamintante», «virulenta» e «insostenible». Los republicanos votaron en contra de la propuesta cupaire, mientras que los juntaires se abstuvieron en un texto que, aparte de Eva Miguel e Inés Solé, únicamente apoyaron el edil no adscrito Hermán Pinedo y la nueva concejal de En Comú Podem, Àngels Pérez.

¿Un proceso participativo?

En el redactado que las cupaires asumieron por parte de la entidad Stop Creuers TGN-Veïnat pel decreixement Turístic se alerta que, con la apuesta por los cruceros, «se tiende de forma acelerada a convertir Tarragona en otro Port Aventura en perjuicio de sus habitantes». En este sentido, se critica que el Mercat Central puede acabar convirtiéndose en «la Boqueria de Barcelona», a la vez que se denuncia que «El Serrallo ya es un parque temático para turistas».

Por todo ello, en la moción se proponía que el Ayuntamiento «informe de manera imparcial sobre las ventajas y los inconvenientes del turismo de cruceros», así que se impulse «un proceso participativo para decidir si la ciudad quiere acogerlo o no», así como instar al Port a «una mayor transparencia» y que el consistorio «se posicione a favor de un turismo de proximidad, de calidad y sostenible» ante la previsión «desmedida» de cruceristas que, según Eva Miguel (CUP), tiene el Port de Tarragona para llegar a medio plazo hasta los 250.000 cruceristas.

Desde Esquerra, su portavoz –Xavier Puig– justificó su oposición al texto en las «consecuencias sociales y laborales traumáticas» que podría comportar ejecutar el fondo de la propuesta, a la vez que reivindicó que «la tecnología» permitirá que, en breve, los cruceros sean más sostenibles «con soluciones como el hidrógeno verde». Asimismo, el edil de ERC recalcó que la ciudad «tiene margen de crecimiento» en los cruceros, destacando que, según los últimos estudios, los tarraconenses valoran positivamente la gestión y la convivencia turística. Paralelamente, el alcalde Pau Ricomà (ERC) enfatizó que «cuando se gobierna preocupa, aun más, que los ciudadanos se ganen la vida y que se suban las persianas de los comercios» para que «la ciudad tire hacia adelante».

Por su parte, Dídac Nadal –de Junts per Tarragona– reconoció apoyar «la reflexión pública en torno a los cruceros» que se ponía sobre la mesa en la moción, si bien aseguró que su formación se decantó por la abstención debido al trabajo «moderado y equilibrado» que está llevando a cabo la Autoritat Portuària de Tarragona. «En los puertos líderes en cruceristas hay cada año entre tres y cuatro millones de pasajeros, pero aquí el récord está en 128.000. No hay saturación y la situación es completamente admisible para la ciudad», indicó el portavoz juntaire.

PSC: «Hace crecer a la ciudad»

Desde la oposición, Berni Álvarez (PSC) se mostró partidario de apostar por el turismo crucerista. «Generan más oportunidades que problemas. Su llegada ha sido históricamente reclamada por el tejido económico para fomentar la gastronomía, la cultura y generar puestos de trabajo», indicó el representante de la formación socialista, quien reivindica que «se están haciendo esfuerzos» por un sector que «hace crecer a la ciudad ayudando a negocios y pequeñas empresas».

De manera contraria a los cruceros se expresó la nueva edil de los Comuns –Àngels Pérez–, quien opina que este tipo de turismo es «insostenible», ya que «genera masificación en la Part Alta» y, además, «de media solo deja 20 euros por persona a la ciudad». Finalmente, la edil no adscrita Sonia Orts denunció que la moción no aceptada «es el primer acto de la larga campaña electoral de ocho meses que quedan hasta las elecciones municipales», y preguntó a las dos ediles de la CUP: «¿Esperarán hasta marzo, abril o mayo para abandonar el gobierno local?». Hasta entonces, está claro que el final de etapa del mandato será cuesta arriba en la Plaça de la Font.