La cúpula de ETA, investigada por matar hace 23 años a un juez tarraconense

«Es una cuestión de tiempos personales. Son decisiones. He tardado pero porque he tenido un tiempo para madurarlo. He necesitado asimilar todo lo que ha ido pasando. Ahora me he hecho consciente y he visto, como persona, que está en juego la justicia no solo en mi padre, sino también por solidaridad con los fiscales y jueces caídos. Creo que era mi momento», explica Amelia de Querol.

Acababa de cumplir 40 años cuando ETA mató a su padre, el magistrado tarraconense del Tribunal Supremo Francisco de Querol. Fue el 30 de octubre de 2000.

Este viernes 19 de mayo, 23 años después, Amelia declarará como testigo. Será a partir de las 10.00 horas, ante el juez Pedraz de la Audiencia Nacional. Más de dos décadas después de aquel suceso, el caso se reactiva y da esperanzas a Amelia. «Decidí personarme porque me enteré de que se había abierto el proceso hacía relativamente poco. Vi que eso no lo tenía cerrado, me falta ver a los culpables en un banquillo, porque creo que no se ha hecho justicia».

Vive días revueltos y emocionales en los que indagar en busca de sensaciones mezcladas, llenas de matices: «Yo he perdonado pero son cosas distintas. Una cosa es perdonar y la otra pedir justicia. Yo me distancié de todo, y lo empiezas a ver de otra manera. El perdón es uno de los temas principales y lo necesitas para sobrevivir».

En un momento dado ella decidió exculpar a los que le arrebataron a su padre pero eso no ha sido obstáculo para emprender ahora un camino judicial: «Mi perdón no tiene nada que ver con la religión sino con la salud mental. Y no tiene nada que ver con la reconciliación. Yo me enfado con mi hijo y nos reconciliamos después de lo que nos hemos dicho. Ese perdón no lo puedo tener en este caso. Es un perdón de que he superado el odio, la ira, no tengo sed de venganza, pero no quiere decir que no reclame justicia. No me está reconcomiendo la rabia y ese miedo que te sale por los poros, pero quiero que se haga justicia».

No es casual el uso de esa palabra en este caso. Francisco de Querol Lombardero, nacido el 30 de noviembre de 1930 en Tarragona, era magistrado del Tribunal Supremo. Dejó viuda y cuatro huérfanos, tres chicos y una chica, la misma Amelia. Ella estuvo en 2018 inaugurando una plaza con el nombre de su padre, entre el cruce de las calles Arquebisbe Josep Pont i Gol y Guillem Oliver, muy cerca, precisamente, de donde se tiene que construir el futuro Palau de Justícia de Tarragona. «Allí recité un poema, fue como una catarsis», cuenta Amelia.

«Mi padre era un hombre justo y a la palabra justicia le doy todo su valor amplio, así que para hacer justicia le tienes que dar la posibilidad de que el culpable se siente en el banquillo, se le juzgue. Eso no es incompatible con el hecho personal de no odiar. Tengo necesidad de superar esto de forma sana, que los culpables, de alguna forma, se responsabilicen de lo que han hecho ante un juez».

«Cada uno tiene sus procesos»

Atrás queda casi media vida, todo un proceso de asimilación que cada uno digiere como puede. «Cada persona tiene su recorrido. En los primeros años tienes que madurar todos tus sentimientos, que son muchos, porque se mueve mucha cosa ahí dentro... El que no lo ha vivido no lo puede entender. Tienes que recolocar toda tu vida, rehacerla, te cambian todos los esquemas, yo me fui de Madrid... Es un proceso que requiere mucho tiempo, no es corto, y cada uno tiene sus periodos. Otros hemos necesitado más. Cuando ya logras superarlo, piensas ‘esto es lo que tengo’, ‘con esto tengo que jugar’».

Ahí empezó a valorar la posibilidad de personarse en la causa. La fundación Dignidad y Justicia (DyJ), como acusación popular, había reabierto el caso. «Tuve un tiempo para pensarlo, con mis hijos. Vi que era el momento», cuenta, en una decisión personal, consultada con los íntimos pero casi intransferible: «Mi madre murió hace poco. Somos cuatro hermanos, me he personado yo. Es una cuestión de tiempos. Ellos tienen el derecho a tomar la decisión que quieran, pero están conmigo».

«El corazón se me crujió»

Este viernes narrará algo que nunca ha contado, que es simplemente el relato de los hechos que ella vivió aquel día. Amelia estaba trabajando, muy cerca de casa de sus padres y, por tanto, del lugar del atentado. «Yo tenía miedo, porque mi padre era una alto cargo de la judicatura. Trabajaba a un kilómetro y medio, y la ventana daba en esa dirección. Lo escuché y vi salir humo, e inmediatamente supe que era él. En ese momento el corazón se me crujió. Era consciente de que algo así podía pasar».

Amelia llamó rápido a casa de sus padres. «Mi madre me dijo que mi padre acababa de salir», cuenta. Llegó al lugar incluso antes de que acordonaran la zona. Amelia era madre de dos hijos, de 8 y 6 años. Hacía mucha vida en casa de sus padres. Esto será solo parte de ese relato doloroso pero, para ella, necesario. «Estoy nerviosa, porque vuelves a abrir todo, cicatrices que no están curadas. Pero si puedo aportar algo para que se esclarezcan los hechos, que creo que se puede, lo voy a hacer. Creo que debo. Mi padre no merece el olvido absoluto de la justicia, siendo un miembro de la judicatura. Es un granito de arena».

Bulle la cabeza de Amelia de recuerdos, de dudas, de debates, de matices, como lo ha hecho en más de dos décadas de dilemas internos, no ajenos al ruido político. También en eso se moja: «Soy la primera que entiendo que nos tenemos que tragar muchas cosas. Tiene que haber un proceso de paz, sí, pero nosotros ya no vamos a ganar, porque lo hemos perdido todo. Esto es algo que está por encima de la negociación. Ya cedes en otras muchas cosas. Pero esto es distinto, es tener un derecho a la justicia, a que el Estado vele por que se haga justicia. De repente, ¿los que somos víctimas no tenemos ese derecho? Pues no. Voy a hacerlo, aunque me duela, y me va a doler, pero más me dolería ver que no se hace justicia».

Hacia el juicio

A Francisco de Querol le quedaba un mes para cumplir los 70 años. Seguía trabajando. «Lo suyo era vocacional, quería estar hasta los 72», explica su hija.

Vanessa Santiago es la abogada de Dignidad y Justicia (DyJ), la asociación que ha logrado reabrir el caso. «Que Amelia también se haya querido personar añade fuerza. El caso se ha cerrado varias veces pero con nuestras demandas se ha podido reabrir. Estamos avanzando, dando pasos para que esto se pueda dirimir en un juicio». La letrada indica que «estamos en instrucción, hemos solicitado la práctica de diligencias».

Entrarán en juego en ese camino informes policiales y toda una serie de pruebas, desde una troqueladora con la que se hizo la matrícula falsa del coche que explotó, a objetos de pisos franco o documentos que apuntan a que responsables de ETA, incluso ya condenados y en la cárcel por otros hechos, también están detrás del asesinato del juez tarraconense.

Los informes policiales serán claves para la justicia frente a la negativa de los miembros a declarar

Los investigadores se topan con las negativas de los exdirigentes etarras a colaborar. Cuatro antiguos miembros de la banda han pasado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pero se han negado a declarar en el marco de la investigación sobre el asesinato del magistrado tarraconense. Ana Belén Egües, Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach e Iván Apaolaza han comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Zaballa (Vitoria) e informaron que no tenían intención de aportar nada.

También están investigados en la causa Javier García Gaztelu ‘Txapote’, Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, todos ellos responsables en algún momento de la organización. «Tendrán que ir pasando a declarar todos en algún momento. Queremos que esto vaya contra todos, contra los jefes de ETA y contra los autores materiales», indica Vanessa Santiago, abogada de Dignidad y Justicia (DyJ).

Contra ese pacto de silencio de la cúpula de la banda serán claves los informes de las fuerzas policiales. Los grupos especializados de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Ertzaintza están elaborando análisis que incorporan diferente documentación para reconstruir cómo funciona la banda, desde la jefatura hasta los que ejecutaban los actos.

Robert Manrique, víctima de Hipercor y ex asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), recalca «que hay actos que no tienen que prescribir nunca, porque la persona es víctima para siempre», así que «estoy muy de acuerdo en que toda víctima del terrorismo tiene derecho a exigir primero una investigación y después un juicio».

Manrique lamenta que «el camino siempre es muy largo y son las víctimas las que lo deben asumir, de forma costosa, empezando porque el plazo para solicitar el reconocimiento como víctima es de solo un año».