La Audiencia de Tarragona obliga a la jueza de Iqoxe a reabrir la investigación de los presuntos vertidos

Nueva sorpresa en el proceso judicial del caso Iqoxe. Dos meses después de que el pasado 19 de diciembre la jueza de instrucción cerrara la investigación para enviar a juicio la pieza separada de los presuntos vertidos de aguas contaminantes al mar, con cinco directivos de la empresa imputados, ahora la Audiencia Provincial ha decidido revocar la resolución y ordena a la magistrada reabrir la indagación al considerar que falta una diligencia por realizar.

Así lo pone de manifiesto un auto del pasado 17 de febrero de la sección segunda de la máxima instancia judicial de la provincia que ayer avanzó TAC12 y al que ha tenido acceso el Diari. En el escrito, la Audiencia estima parcialmente un recurso de los abogados de Iqoxe, en el que estos solicitaban que la jueza Sofía Beltrán Miralles citara a declarar al perito que realizó el informe del Instituto Nacional de Toxicología «para su ratificación o para efectuar aclaraciones en presencia de la jueza y de las partes», indica el auto.

Citado para el próximo lunes

Por ello, ahora la magistrada que lidera la instrucción emitió el pasado 6 de marzo un nuevo auto en el que acuerda prorrogar de nuevo la investigación de la pieza separada «exclusivamente a la práctica de las diligencias de naturaleza pericial sobre el daño ambiental» que se habría producido, según Beltrán Miralles, al verter presuntamente aguas residuales al mar que no podían ser tratadas por la depuradora y que se habrían desviado al Port de Tarragona «en su parte más cercana a La Pineda», según recalcó la jueza en un auto en el que detallaba que, para evitar la formación de espumas que delataran el sistema, se habría usado el producto ‘aquamax’ para esconderlo.

Sobre ello, un informe de valoración del Instituto Nacional de Toxicología corrobora que «el efecto de estos vertidos, junto con el producto aquamax, habrían producido un daño sustancial en el medio». En este sentido, ahora la jueza ha citado al redactor del informe para escucharlo el próximo lunes.

Asimismo, en el auto en el que cerraba la instrucción para que las acusaciones presentaran sus escritos, la magistrada decidió mantener la imputación a cinco de los 12 investigados: el exconsejero delegado, José Luis Morlanes; el máximo directivo de la empresa, José Manuel Rodríguez; el directivo responsable de seguridad, Gerard Adrio; uno de los responsables del laboratorio de Iqoxe, Manuel Montoro; y el responsable de tecnología y del laboratorio, César Sanz. Paralelamente, tras la primera fase de las averiguaciones, la jueza decidió desimputar a siete personas, «al no existir indicios suficientes» de que Ángel Rodríguez, Josep Anton Planas, Ferran Cabré, Montserrat Madurell, Francisco Javier Calvo, Exuperio Gutiérrez y Ángel Simón hubieran llevado a cabo «la comisión de algún delito».

«Sin responsabilidad»

Por otra parte, la Agència Catalana de Notícies (ACN) informó que ayer el responsable de seguridad de Iqoxe cuando se produjo la explosión mortal del 14 enero de 2020, Gerard Adrio, declaró ante la jueza que no tuvo «ninguna responsabilidad» en el accidente, según indicó su abogado, Francesc Jufresa. El investigado, que solo respondió a las preguntas de su representante legal ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, afirmó que no tuvo «nunca conocimiento» de que el reactor «funcionara mal» y que tampoco asistió a la reunión realizada en la empresa sobre un problema en estas instalaciones.

En su declaración, el entonces responsable de seguridad explicó que tenía un cargo intermedio y que se encargaba de «cuidar» las relaciones con las administraciones. «El señor Morlanes dijo que Adrio era el máximo responsable en materia de seguridad, quería decir formalmente, puesto que el señor Adrio en materia de seguridad e implementación de sus medidas no tiene ninguna competencia», aseguró Jufresa. El letrado insistió que el investigado «no tiene ninguna responsabilidad» en el accidente.

En cuanto al reactor accidentado, Jufresa detalló que su representado no supo «nunca» que funcionara «mal». «El día de autos hubo una reunión en la empresa, se ve que hubo algún problema con este reactor, pero no fue convocado porque no formaba parte de su competencia», defendió el abogado. «No tenía ningún conocimiento, ni ninguna alerta, ni documental ni por parte de ninguna administración pública de que pudiera producirse esta explosión tan bestial», recalcó el letrado.