El ‘agujero’ de las pensiones aumenta en Tarragona: ¿cómo asegurar su sostenibilidad?

Los ingresos de la Seguridad Social en la demarcación de Tarragona cubren tan solo el 71,7% de las pensiones activas, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que corresponden a noviembre de 2023.

Son 1.698 millones de euros que el ente público recibió en Tarragona entre los once primeros meses de 2023 por 2.369 que fueron a parar a prestaciones contributivas, que incluyen pensiones por invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares. El agujero es de 671 millones.

Ese déficit ha crecido cerca de un 14% si se establece la comparación con el mismo período de 2022. Entonces, eran 589 millones: 1.546 recaudados por 2.135 gastados en prestaciones contributivas.

El hoyo, que se generó en 2010 –el primer año en el que el gasto en pensiones superó a los ingresos de la Seguridad Social– llegó a un pico durante la pandemia, para posteriormente bajar y crecer de nuevo: fue de 479 en 2018, de 489 en 2019, de 622 en 2020 y de 579 en 2021. Con lo cual, durante 2023 ya hubo más déficit que en el año duro del coronavirus.

La cuestión es que, si se tienen en cuenta los ingresos derivados de las cotizaciones de los trabajadores –que es lo que realmente financia el sistema de pensiones– la diferencia fue de 489 millones en 2018, de 502 en 2019, de 632 en 2020, de 589 en 2021, de 601 en 2022 y de 682 en 2023.

Estos datos dependen estrictamente de la cantidad de pensionistas, pensiones y afiliados en Tarragona. A uno de diciembre de 2023, había en la demarcación un total de 158.997 pensionistas, 178.669 pensiones y 331.178 personas afiliadas a la Seguridad Social. Esto deja una ratio de 1,8 afiliados por pensión y de algo más de dos por pensionista. Se diferencian las pensiones y los pensionistas, pues una persona puede ser beneficiaria de más de una contribución.

El pasado año 2023, las prestaciones contributivas aumentaron un 8,5% y, durante este año, lo harán un 3,8%. Unas subidas correspondientes al Índice de Precios de Consumo (IPC) y que, en dos años, han posibilitado que las pensiones se hayan incrementado un 85% más que los salarios.

Las estadísticas demográficas evidencian que, por el crecimiento de la esperanza de vida, cada vez habrá más personas en edad de jubilación –a no ser que esta se aumente–. En consecuencia, las opciones, más o menos polémicas, pasan por diversificar las vías de financiación del sistema, parar las subidas, incrementar las cotizaciones a empleados y empleadores o subir la edad de jubilación.

El secretario general de UGT en Tarragona, Joan Llort, especifica que, en los próximos años, «se producirán las jubilaciones de la generación del baby boom», lo que intensificará las altas. En esta línea, la secretaria general de CCOO en Tarragona, Mercè Puig, incide en que «posibilitará relevos generacionales necesarios».

Llort argumenta que «las pensiones dignas son sostenibles y así deben asegurarlo los Presupuestos Generales del Estado, ya que la Seguridad Social es el único Ministerio que prácticamente se financia con sus ingresos; si cada Ministerio tuviera que financiarse con sus ingresos, ¿qué pasaría?».

En esta línea, Puig insiste en que «con una buena gestión, el mantenimiento sí que es sostenible». El secretario general de UGT en Tarragona propone «que se aumenten más los salarios» para que la bolsa de las pensiones crezca.

No obstante, el economista Antoni Cunyat, docente en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), piensa que «tal y como está planteado, el sistema no es sostenible por una cuestión demográfica».

También explica que no le parece justo que todas las pensiones se revaloricen con el IPC: «A alguien que cobra la máxima se le sube por la inflación y a un joven mileurista no se le aumenta el sueldo». «Está bien que las pensiones bajas no pierdan poder adquisitivo, pero una subida automática para todos los tipos no ayuda a que el sistema sea más sostenible».

Por otra parte, el economista indica que la cuestión va más allá y que el objetivo ha de ser «compensar el déficit que ya se ha generado». ¿De qué manera? En tanto que es una situación que, demográficamente, se acentuará, las posibles formas de actuar podrían pasar por impulsar la transición a la jubilación de forma parcial y poder compatibilizar el trabajo con la jubilación.

Las brechas de género

Otro desajuste que dejan los sucesivos balances que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el de género: la brecha salarial entre mujeres y hombres pensionistas es de 395 euros: de media, ellos cobran 1.511 y ellas, 1.116, además de conformar el 71,3% de las personas que cobran el mínimo.

Por otra parte, hay más pensionistas mujeres –48.646– que cobran menos que el Salario Mínimo Interprofesional vigente que las que perciben entre el SMI y la pensión máxima –29.479–.

Además, un informe publicado por el Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autónoma de Barcelona establece que «hay más hombres (55,5%) que mujeres (45,5%) salen del mercado laboral prematuramente, lo que respondería al hecho de que muchas mujeres no cotizaron lo suficiente en su juventud y deben alargar el período de cotización para disfrutar de una jubilación plena».

Puig certifica que «normalmente, las mujeres han realizado más tareas de media jornada, por lo tanto, la diferencia de edad en la llegada a la jubilación y de cantidad percibida como pensión es notoria en comparación con los hombres».

La sostenibilidad de las pensiones está recurrentemente en tela de juicio. A lo largo de los próximos años, la actuación del Estado ante el paisaje que dejen las variables demográficas será clave para asegurar el mantenimiento de las prestaciones.

De igual forma, la desigualdad social existente entre hombres y mujeres en materia laboral provoca que ellas tarden más en poder jubilarse y que su pensión media sea inferior.