Salvador Illa designa a un tarraconense para liderar el futuro de la Agencia Tributaria en Catalunya y la financiación singular
Andreu Navas, hasta ahora en la Diputació de Tarragona, será designado mañana nuevo director del ente autonómico con el reto de gestionar desde 2026 la recaudación del IRPF
El President de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (PSC), ficha a un tarraconense para dirigir la reforzada Agència Tributària que, en 2026, debe empezar a gestionar la financiación singular de Catalunya. Según avanzó el sábado La Vanguardia y confirmó ayer el Diari, el Consell Executiu del Govern tiene previsto nombrar mañana a Andreu Navas Amenós como nuevo director del organismo autonómico, que en la actualidad cuenta con unos 800 empleados pero que durante este mandato, según anunció reciententemente el 133è President, debe multiplicar por cuatro su número de trabajadores para que, de esta forma, la administración autonómica pueda recaudar todos los impuestos.
Según valoran fuentes del gabinete de la Plaça Sant Jaume, se trata de un cargo «relevante» y estratégico de esta legislatura, ya que de su gestión puede depender buena parte de la suerte de este mandato, dado el hecho de que la financiación propia –al estilo del concierto económico del País Vasco– fue la clave que desbloqueó el acuerdo de investidura entre PSC y ERC, partido que ayer declinó valorar la designación de Navas Amenós.
Fuentes socialistas afirman que la Generalitat se ha decantado en favor del tarraconense por su destacado «perfil profesional y técnico», enfatizando su independencia por el hecho de no ser militante del partido.
Tarraconense de la URV
Andreu Navas (Tarragona, 1974) es diplomado en Ciències Empresarials por la Universitat Rovira i Virgili (URV), así como licenciado en Dret i Administració i Direcció d’Empreses por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Profesionalmente es funcionario superior de la Diputació de Tarragona en el organismo BASE, el ente provincial que se ocupa de la gestión, liquidación, inspección, comprobación y recaudación de todo tipo de ingresos de la Diputació y las administraciones locales.
Asimismo, desde el año 2009 es inspector de la Diputació, ejerciendo las funciones de planificar y dirigir las actuaciones y de elaborar planes de control tributario. Desde 2023 también había asumido funciones adicionales como Cap del Servei de Coordinació de Serveis, realizando labores de supervisión y seguimiento de los servicios de gestión tributaria, recaudación ejecutiva, multas, sanciones e inspecciones.
Ayer, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó (ERC), afirmó en declaraciones a este periódico que «es una suerte que la Diputació, a través de BASE, tenga talento para exportar», deseando al nuevo alto cargo del Govern «mucha suerte y aciertos».
Más de 3.000 trabajadores
El pasado mes de agosto, PSC y ERC sellaron un acuerdo de investidura, avalado por la militancia de Esquerra, que tenía un claro punto destacado: la financiación singular de Catalunya, saliendo del sistema común con el resto de comunidades autónomas para acercarse al concierto económico vasco.
Para ello, el pacto entre socialistas y republicanos detallaba que el desarrollo de la nueva hacienda catalana debe ser «una prioridad imprescindible» del Govern, de forma que la Agència Tributària de Catalunya «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados por Catalunya». El acuerdo también detallaba que la solidaridad con el Estado «estará limitada por el principio de ordinalidad» –que Catalunya no debe perder puestos en el ranking del nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre comunidades–.
De hecho, para avanzar en la implementación y la musculación de la agencia, el pasado 16 de octubre el President de la Generalitat, Salvador Illa, se comprometió en el Parlament a «cuadruplicar» la dimensión de la ATC, con el objetivo de «prepararla para gestionar el volumen de impuestos» que asumirá cuando el modelo de financiación singular pactado por ERC y PSC sea una realidad.
Aunque el President no concretó en qué plazo la Agència Tributària catalana podría cuadruplicar su tamaño, el escenario esbozado lleva a proyectar una ATC con más de 3.400 empleados en un futuro próximo.
De hecho, en una entrevista publicada ayer por la tarde en la página web de La Vanguardia, la consellera de Economia, Alícia Romero (PSC), detalló que el objetivo del gobierno socialista es que el refuerzo de recursos humanos permita que la agencia «sea de primer nivel, como es la española».
«En el primer semestre del 2025 tendremos el modelo de financiación singular definido y en 2026 recaudaremos la renta desde Catalunya, el impuesto que más ingresos genera. Después se acabará recaudando todo, pero no hay un plazo. Tenemos la complicidad del Gobierno de España. Las agencias tributarias autonómicas están reconocidas en los estatutos, no solo de Catalunya, sino de Andalucía por ejemplo. En Catalunya hay una voluntad de desarrollar ese autogobierno», aseguró la representante del gabinete autonómico para contextualizar el reto de primer nivel que, a partir de mañana, liderará el tarraconense Andreu Navas Amenós.