El mayor contrato del Ayuntamiento de Tarragona, en manos de una empresa sin experiencia

Pese a que pueda sorprender, una pequeña empresa sin experiencia en grandes concesiones será la encargada de fiscalizar el mayor contrato de la historia del Ayuntamiento de Tarragona, valorado 233 millones de euros. ¿Por qué? Los cuatro gigantes que presentaron ofertas al concurso público (GBI Paprec, Urbaser, FCC y Valoriza) propusieron contra todo pronóstico a la misma compañía para aportar el software de control que debe servir al consistorio para verificar la calidad de los trabajos de recogida de la basura y la limpieza urbana de la ciudad hasta el año 2034: Aporta Cooperativa d’Innovació.

Esta firma se creó en 2017 y tiene como responsable técnico a Jordi Llop, quien trabajó en el Ayuntamiento durante tres años con la actual Cap de Serveis Públics, Lidia Bartra, quien entonces era técnica de Medi Ambient y que ahora es la máxima responsable del proceso de licitación del contrato..

Según se aprecia en la red social Linkedin, el responsable de la oficina técnica de Aporta, Jordi Llop, trabajó en el consistorio entre agosto de 2008 y diciembre de 2012, ejerciendo las tareas de «asesoramiento técnico en materia de contratos de servicios urbanos de recogida de residuos y limpieza viaria».

Esta etapa coincidió con la prórroga que el consistorio otorgó a FCC para ampliar la concesión que había obtenido en 2002.

Llop también está vinculado al Grup Xarxa, con la ingeniería Lavola que, en 2020, se adjudicó el contrato para redactar el pliego de condiciones del concurso de la basura de Tarragona que, posteriormente, un recurso anuló, lo que llevó al Ayuntamiento a realizar el documento con los recursos propios, más la aportación de algún experto «externo». Lavola y Aporta forman parte, pues, del mismo grupo empresarial.

Clave para «pagar por trabajo»

Una de las exigencias del concurso público era que las compañías propusieran un sistema de control externo para garantizar la fiscalización de las actuaciones previstas y poder llevar a cabo, de esta forma, el nuevo método de pago por trabajo realizado para garantizar la calidad del servicio. Y aquí llegó la sorpresa: pese a que los cuatro gigantes que se presentaron a la licitación tarraconense trabajan en otras ciudades con empresas de control de gran envergadura –como MOBA, Distromel o Movistar–, en Tarragona las cuatro propusieron una pyme sin bagaje en grandes ciudades.

Aporta Cooperativa, de hecho, se creó hace solo siete años y, en su currículum, se detallan actuaciones en pequeños municipios y partes del control de otros, pero el sistema completo de fiscalización –como tendrá en Tarragona– únicamente lo ejerce en Mataró entre las ciudades de medio tamaño.

En la capital del Maresme, sin embargo, en un año el software todavía no se ha podido desplegar al 100% por problemas con los datos aportados por el GPS de los camiones. Tarragona será a partir de ahora, pues, el principal cliente de su plataforma de control.

Sorprende también que el pliego de condiciones establezca que quien pagará el software será GBI Paprec –ganador del concurso–, mientras que quien realizará el control será Aporta, facilitando los datos al consistorio, a cambio de un contrato de dos millones de euros.

«Lo que pide el cliente»

«Tras meses de conversaciones, nos quedó claro que los técnicos nos pedían un software de control concreto: el de esta empresa, que hasta fueron a ver cómo funcionaba en Mataró. Por esto ofertamos con Aporta: para contentar al cliente. Si el cliente quiere un coche en concreto, se le ofrece ese coche para tener más posibilidades», afirman fuentes empresariales.

El Ayuntamiento niega vínculo alguno con Aporta y resta trascendencia al hecho de que las cuatro empresas propusieran a la misma Pyme para gestionar una de las partes fundamentales del nuevo contrato.

Este servicio debe asumir, de hecho, una de las principales novedades del contrato: «la gestión del pago por servicio ejecutado, con indicadores del servicio y precios unitarios por servicio configurables fácilmente por el Ayuntamiento».

También se ocupará «del cálculo de la retribución en función de acuerdo a un modelo de gestión del servicio; la planificación y control de la ejecución de las tareas; y la APP móvil de inspección y control de calidad», según se detalla en el pliego de condiciones del concurso.

Actualmente, la gestora que sigue prestando el servicio de la recogida de la basura y la limpieza urbana hasta que se formalice la nueva concesión –FCC– utiliza su propio software de control.

Sin embargo, entre las condiciones que el Ayuntamiento puso sobre la mesa de cara a la nueva licitación está el hecho de que, a partir de ahora, el control de calidad debe ser externo «y ajeno a la empresa adjudicataria».

Entre las principales compañías que operan en la demarcación está generalizado el sistema MOBA, como son los casos de Urbaser y FCC –en los contratos del Tarragonès, Baix Ebre, Montsià y Baix Penedès–, así como Valoriza en Reus. También son habituales operadoras gigantes como Distromel o Movistar. Pese a ello, curiosamente, en la licitación de Tarragona todas presentaron a Aporta Cooperativa tras estudiar el pliego de condiciones de los técnicos municipales para la nueva concesión.

TGN: «No se condicionó»

La posibilidad de que las condiciones exigidas llevaran a Aporta es rechazada desde el gobierno municipal, que asegura que «no se dio ninguna directriz sobre la empresa a contratar ni se condicionó ninguna herramienta, marca o modelo en concreto», sino que «se pidió una herramienta con unas funcionalidades que el Ayuntamiento consideró necesarias para mejorar las prestaciones que ya se usan en otros ayuntamientos».

Asimismo, desde el consistorio se indica que «no es sorprendente» que todas las empresas licitadoras propongan una misma pyme. «Pasa en muchos procesos, como en los contenedores. Entra dentro de la normalidad».

Desde el Ayuntamiento de Tarragona se resalta que «no hay ninguna vinculación» con la firma Aporta, «más allá de las relaciones habituales que se tienen de forma habitual con los proveedores», ya que «el sector de la recogida de residuos es muy específico, donde muchos profesionales del sector público y privado coinciden en cursos o congresos», por lo que «es habitual que las personas del sector se conozcan», añadiendo que, con Aporta, «no hay una vinculación extraordinaria».