El interventor de Tarragona se desmarca de ERC: los 6,7 millones del Estado irán a deuda

El interventor general es taxativo: pese a que el Gobierno Central ha anunciado que el próximo año incrementará en un 22,6% su aportación a los consistorios por la participación en los tributos estatales, aumentando la cuantía hasta en nueve millones de euros en el caso del Ayuntamiento de Tarragona, lo cierto es que solo un 25% de esta cantidad se podrá usar para gasto corriente del día a día: 2,3 millones de euros.

El alto funcionario añade que el resto –6,7 millones– deberá destinarse al pago de la deuda bancaria, contradiciendo de esta forma al principal grupo de la oposición, ERC, que esta semana ha reclamado que, tras conocerse la cantidad que se ingresará del Estado, se anularan las subidas impositivas previstas: un 7,4% el IBI, un 12% la basura, un 20% las terrazas y un 33% el ICIO, mediante las cuales está previsto ingresar 6,5 millones de euros adicionales el próximo año.

No es un ingreso «proyectable»

En un informe al que ha tenido acceso el Diari, el interventor deja claro solo 2,3 de los 9 millones pueden considerarse como ingresos ordinarios, que son los que permiten cubrir los gastos operativos estructurales de la corporación, así como la deuda financiera. Esta parte de los ingresos estatales son los que el Ayuntamiento cobra cada mes como anticipo por su participación en el cobro de los impuestos del IRPF, el IVA y los tributos sobre la cerveza, el vino, las bebidas fermentadas, el tabaco o los hidrocarburos.

Por el contrario, a final de año el consistorio cobrará la liquidación definitiva, que es la correspondiente a la de dos ejercicios previos. En el caso de Tarragona, este año se calcula que será de 6,7 millones, pero a diferencia de los 2,3 iniciales, el alto funcionario detalla en el análisis que esta no es un ingreso «proyectable» porque es «extraordinaria», por lo que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria no puede destinarse a cubrir gasto corriente en el futuro porque esto supondría «el quebrantamiento del principio de plurinualidad», vulnerando la «estabilidad presupuestaria», por lo que debe destinarse sí o sí al pago de la deuda bancaria.

De hecho, en este punto el funcionario municipal sube el tono y reitera que, en caso de que la totalidad o parte de estos últimos 6,7 millones de euros se proyectaran como «ingresos ordinarios» en el presupuesto municipal aprobado el pasado 29 de noviembre, esto supondría un «incumplimiento de la normativa básica», lo que comportaría que el propio interventor «no pudiera informar favorablemente» de las cuentas resultantes, por lo que no se podrían aprobar en el Saló de Plens.

Ante este panorama escenificado por el interventor general, ayer el bloque PSC-Junts-ECP rechazó las alegaciones presentadas contra la subida de los tributos municipales, dando de esta forma firmeza definitiva al pacto fiscal para 2024.