El gerente de Tarragona Ràdio, protegido como informante de un posible caso de corrupción

La Oficina Antifrau de Catalunya protege a un alto cargo de Tarragona Ràdio como informante de un posible caso de corrupción. Se trata, como ha adelantado el Ara, de Xavier de Gispert, gerente de la radio municipal de la ciudad. La protección en estos casos está garantizada en Catalunya desde el 20 de febrero de 2023, cuando el BOE publicó la ley 2/2023.

Esta ley es reguladora de la protección de personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En esta ocasión, se aplica en relación a la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT - Tarragona Ràdio).

El caso empezó en 2020 cuando De Gispert ocupó la gerencia del medio de comunicación y pidió a un gabinete externo que realizase un informe sobre el estado de las cuentas. De este estudio se desprendieron desembolsos sin justificar que podrían deberse a subvenciones encubiertas así como a facturas no justificadas. Entre los gastos inesperados había una cena por valor de 60.000 euros.

Los abogados que hicieron aquel informe recomendaban trasladar la información a la Fiscalía ante la posibilidad de que “pueda haber habido una práctica habitual de contratación al margen de cualquier procedimiento reglado”. Y De Gispert siguió la recomendación. El anterior gerente de la emisora era Josep Maria Bonet, que había sido jefe de gabinete del alcalde tarraconense del PSC Josep Félix Ballesteros.

Pese a la ley 2/2023 los letrados de De Gispert defienden que se siguen llevando a cabo gestiones y actuaciones para proceder a su despido. Por este motivo, han decidido comunicar, no solo al gobierno municipal, sino al Consell d’Administració la situación del periodista como informante protegido. En el comunicado los representantes legales denuncian: “las autoridades municipales y de la EMMCT han comunicado en diferentes espacios que actualmente se siguen llevando a cabo gestiones y actuaciones para proceder a su despido” y avisan que se trata de una comunicación “preventiva [...] por su seguridad jurídica”. Es decir, les avisan de que si se pone sobre la mesa el despido de De Gispert y votan a favor, podrían cometer un delito.

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