El Ayuntamiento quiere 53 testigos en el juicio de Iqoxe y ser indemnizado por los daños

El Ayuntamiento de Tarragona solicita la presencia en el juicio de Iqoxe de hasta 53 testigos, entre los que se encuentran trabajadores, personal de cuerpos de seguridad y expertos en la materia. Así lo pone de manifiesto en el escrito de acusación que presentó ayer, y en el que también solicita que se averigüe la situación patrimonial de los acusados para solicitar una fianza.

Asimismo, el consistorio pide a la jueza Sofía Beltrán Miralles el interrogatorio de la cúpula directiva de la empresa, acusada y que será juzgada: José Luis Morlanes como exdirector general; José Manuel Rodríguez Prats, como exdirector de planta; y Gerard Adrio, como exmáximo responsable de seguridad. Para todos ellos, el consistorio pide 25 años de cárcel, 50 de inhabilitación y más de 300.000 euros en sanciones, en base a la comisión de tres presuntos delitos: contra la seguridad industrial, homicidio imprudente grave, y estragos.

Son los mismos delitos por los cuales el pasado mes de junio la jueza del caso ordenó que los tres directivos fueran juzgados, tras apreciar indicios de delito una vez finalizada la fase de instrucción, que se alargó por espacio de tres años. La mayor petición de pena recae en Morlanes, por quien el Ayuntamiento pide diez años de prisión, por los ocho años y nueve meses para Rodríguez Prats, y los seis años y nueve meses para Adrio. Asimismo, en el escrito de acusación, el consistorio quiere que se condene a todos los acusados a abonar las costas de la acusación municipal.

Daños en ventanas y baldosas

Paralelamente, el Ayuntamiento quiere que Iqoxe le indemnice por los daños ocasionados en la explosión mortal del 14 de enero de 2020, que podrían ascender a 48.000 euros, en una cantidad, esto sí, que aún no es definitiva. Así lo pide el consistorio en el escrito que ayer presentó el abogado David Rocamora, y en el que se especifican los destrozos en bienes municipales a raíz del accidente de hace 44 meses.

En el documento, la representación de la administración local pide a la magistrada Sofía Beltrán que la compañía le abone unos 35.000 euros por los desperfectos ocasionados en los centros educativos, así como otros casi 13.000 por los déficits generados en el campo de fútbol de Bonavista.

Por lo que se refiere a los equipamientos dedicados a la enseñanza, los espacios que se vieron afectados por la explosión de hace tres años y medio fueron las escuelas Torreforta, Mediterrani y Mare de Déu dels Àngels, así como la Llar d’Infants La Taronja y el recinto del Equip d’atencio a la infància i adolescència, EAIA.

En la Escola Torreforta se produjeron grietas en zonas de ventanas y en la caja de la escalera, mientras que en la Mediterrani hubo daños en persianas, grietas en paredes de alrededor de las ventanas, así como una ventana desplazada de lugar y baldosas desprendidas en el cuarto de baño. Por lo que se refiere a la Dels Àngels, allí se produjeron grietas en paredes de la fachada y en paredes interiores de la caja de la escalera. En la Llar d’Infants La Taronja hubo rotura de vidrios de las ventanas y persianas, lo mismo que en el EAIA.

Asimismo, en el campo de fútbol de Bonavista se registraron roturas de cuatro cristales, daños en falsos techos y en el alicatado, y también en parte de la valla perimetral.

La pieza EDAR será juzgada

Paralelamente, en un auto firmado el pasado 7 de julio, la magistrada del caso rechaza los recursos presentados por los tres acusados y envía finalmente a juicio la pieza separada medioambiental. Tras llevar a cabo el interrogatorio para analizar el informe del Instituto Nacional de Toxicología, que según la jueza «corrobora» sus indicios de delito, la defensa de Gerard Adrio solicitó que se archivara esta pieza de la causa, si bien en ese momento la Fiscalía se opuso al considerar que se habría tratado de una decisión «prematura».

Esta pieza independiente es la de los vertidos, que analiza si «el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la totalidad de los residuos a través de la Estación Depuradora de Aguas Residuales».

En el nuevo auto del pasado mes de julio, la magistrada deniega la solicitud de archivo, al considerar que existen «sólidos indicios de conducta delictiva», al sospechar que «se habrían ocultado resultados analíticos de valores de emisión, por sistema de dilución del agua residual o alteración de analíticas». Asimismo, Sofía Beltrán detalla que «se habrían realizado vertidos directos al mar por medio de un bypass de la EDAR y de su desvío al canal de refrigeración», apreciando cómo «se incrementó la adquisición de desespumantes por la empresa a raíz de la puesta en marcha de los reactores U3100 y U3200».