ECP: «El gobierno de Tarragona puede caer en prevaricación con el estudio del aire»

El alcalde Rubén Viñuales (PSC) puede quedarse sin socios por el estudio de la calidad del aire. La noticia avanzada ayer por el Diari sobre la decisión del gobierno municipal de suspender durante seis meses el proceso para adjudicar el análisis de los contaminantes en la industria química tarraconense ha derivado en una crisis política de primer orden, que podría salpicar el actual equilibrio de fuerzas con el que cuenta el partido que regenta el gobierno de la Plaça de la Font: el PSC.

El pasado mes de octubre la formación socialista logró aprobar el incremento impositivo del 7,4% del IBI, del 12% de la basura, del 20% de las terrazas y del 33% del tributo de construcción con el aval de Junts y Comuns, mientras que, en noviembre, el alcalde Viñuales sumó a ERC para sacar adelante el presupuesto municipal con el mayor consenso del siglo XXI: 20 votos sobre los 27 posibles.

«Que no se toque nada»

Ahora, sin embargo, medio año después solo Junts per Catalunya apoya la decisión del ejecutivo local, toda vez que Esquerra Republicana y En Comú Podem se desmarcan de la resolución de congelar el proceso –valorado en 556.527 euros– hasta saber si la Generalitat incluirá una partida económica para ello en los presupuestos autonómicos del 2025.

«El gobierno local puede caer en prevaricación con el estudio del aire». Así de claro se muestra el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, quien asegura que su formación «no permitirá» que durante el tiempo que se alargue la moratoria «se toque dinero de esta partida».

«Se estira al máximo la ley de contratos del sector público de 2017 y deja en el aire la protección del derecho a la tutela judicial efectiva de los licitadores», indica Collado, quien considera que «suspender el procedimiento por una motivación futura, no previsible e incierta no puede paralizar» la adjudicación del contrato. Desde ECP se considera «injustificable» la resolución del concejal de Medi Ambient, Guillermo García (PSC), dado que su argumento «se vincula a un hecho condicionado a unos futuros presupuestos de la Generalitat que ni siquiera están iniciados», por lo que añade que «se podría decir que el gobierno desnaturaliza la ley, situándose peligrosamente en el perímetro de la legalidad y con vicios claros de nulidad, es decir, al límite de la prevaricación».

«Desprecio a las universidades»

De manera muy crítica se expresa también Esquerra Republicana. «Además de dilapidar el trabajo realizado y de ponerse de espaldas a la ciudadanía, Viñuales está deteniendo una licitación, lo que puede comportar importantes indemnizaciones en un acto de desprecio hacia la URV y la UPC, que no merecen ni las universidades ni Tarragona», afirma el portavoz adjunto de ERC, Xavier Puig, quien añade que el gobierno municipal «parece más comprometido con algunos intereses empresariales que en aportar transparencia a los tarraconenses».

Judit Gómez (Vox) también critica la suspensión del proceso. «Es una incongruencia que el Gobierno Viñuales pretenda implantar una Zona de Bajas Emisiones con sanciones de 200 euros sin un estudio detallado de la calidad del aire», afirma la edil.

Entre los socios estables de Viñuales, únicamente Junts per Catalunya avala el posicionamiento socialista con el estudio de la calidad del aire, pese a que una de sus concejales –Elvira Vidal– formó parte del gobierno municipal que lo impulsó. «Es lógico que se evalúe la conveniencia de que lo pague solo Tarragona, cuando este estudio debe cubrir la calidad del aire de otros municipios», indica el portavoz juntaire, Jordi Sendra, quien añade que «es bueno que lo paguen otras administraciones supramunicipales».

El PP quiere un plan estratégico

Por su parte, de manera más enigmática se expresa el PP. «Es necesario establecer un amplio plan estratégico de ciudad inteligente que incluya, entre otros proyectos, la implantación del sistema completo para la adquisición y monitorización de la calidad del aire en tiempo real», indica la portavoz popular, Maria Mercè Martorell, quien detalla que «no se trata de implementar un sistema para obtener datos; se trata de tener las herramientas para tomar decisiones con estos datos en tiempo real».

La suspensión del estudio puede suponer un punto de inflexión en un mandato que, hasta la fecha, no había tenido grandes picos de polémica. El primer año de Viñuales acaba, pues, con nubarrones en el horizonte.