Diez años de la entrada en vigor del antiguo POUM de Tarragona y ahí estamos
Mientras la ciudad vuelve a estar sumergida en este proceso, todavía no se ha desarrollado ninguno de los sectores de crecimiento que contemplaba el documento anulado en noviembre de 2020, por parte del Tribunal Supremo
El 5 de julio de 2013, es decir hoy hace diez años, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicaba el nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la ciudad de Tarragona. Este mismo día ya entraba en vigor el nuevo planteamiento, lo que acababa con más de trece años de sangre, sudor y lágrimas en los que esta ciudad vivió uno de sus periodos más convulsos.
Atrás habían quedado las movilizaciones de los vecinos, las largas negociaciones con la Plataforma d’Afectats del POUM y la ‘psicosis’ vivida por más de 1.500 familias, que de acuerdo con el primer documento aprobado sufrirían expropiaciones. También quedaban atrás todos los informes y contrainformes de protección civil, inundabilidad y demás organismos, que hicieron de esta parte una de las más complejas de la tramitación. Y es que, si la ciudad de Tarragona no fuera suficientemente compleja de por sí (a nivel urbanístico todavía más), en 2004 se aprobó la Llei d’Urbanisme, que por primera vez hacía hincapié en los aspectos medioambientales y en la reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial.
Al final fue un POUM de consenso. El documento salió adelante con los votos favorables del conjunto de formaciones con representación en el salón de plenos, a excepción de la edil de ICV, que se abstuvo. Y de esta forma la ciudad empezaba a caminar en vistas a alcanzar los 185.000 habitantes en 2025, y un incremento del techo total en 231.941 metros cuadrados.
Ojo al dato. El día de su entrada en vigor, el Ayuntamiento de Tarragona hizo un comunicado en el que aseguraba que los principales objetivos del plan eran «un desarrollo urbanístico sostenible, favorecer la cohesión social ligando los barrios entre ellos y con el centro, desarrollar una política de vivienda social, crear nuevas áreas de equipamientos y zonas verdes y facilitar la movilidad sostenible». Argumentos todos ellos que ahora, cuando Tarragona vuelve a estar sumergida en la redacción de un nuevo plan general, volvían a ponerse encima de la mesa.
Cuando con su sentencia sobre la CLH el Tribunal Supremo voló por los aires el planeamiento de esta ciudad, el despliegue del antiguo POUM todavía estaba empezando. Una década más tarde, ninguno de los planes parciales que contemplaba el documento se ha desarrollado. Los que estaban más avanzados eran el PMU-34, junto al Nou Estadi Costa Daurada, y el Pla Parcial 1, en la entrada desde la carretera de Valls. En ninguno de los casos las máquinas han empezado a trabajar ni se espera que lo hagan en los próximos meses, a pesar de que las normas transitorias urbanísticas los preservaron.
La urbanización del plan parcial 10, junto al Anillo Mediterráneo, es el único gran sector de crecimiento que ha tirado adelante en los últimos tiempos. En este caso con el pie en el acelerador para allanar la llegada a Ikea, que al final se cansó de esperar y decidió que las grandes superficies en las afueras ya no le interesaban.
El escenario es muy diferente respecto a hace diez años. Iqoxe y la crisis climática sumarán complejidad a la tramitación y no tan solo a nivel técnico, sino también a nivel de movimientos ciudadanos y de presión social. De hecho, el nuevo rumbo que ha tomado el urbanismo de Catalunya, con instrumentos como el Pla Director Urbanístic de Sòls no Sostenibles, deja entrever que el texto aprobado hace diez años difícilmente podría seguir adelante en estos momentos.
¿Será el mandato del POUM? Todo apunta a que sí. Las normas transitorias urbanísticas tendrán que prorrogarse y, de hecho, el nuevo alcalde, Rubén Viñuales, así lo defendió tanto en campaña como después de la investidura. De lo contrario, si en 2025 no está aprobado definitivamente el nuevo documento tendrá que volverse al plan general de 1994, lo que aparcaría muchos proyectos que ahora están en marcha.
El nuevo Ejecutivo quiere estudiar de cerca el trabajo realizado por el antiguo Gobierno, con quien mantenía importantes diferencias en materia urbanística. Asimismo, el Ayuntamiento espera la llegada de un nuevo gerente de urbanismo con una directora del POUM que capitalice el trabajo de un área estratégica, que siempre ha tenido problemas de personal.
Durante la presentación de las cien acciones para los primeros cien días de Gobierno, en este ámbito lo único que se decía es «crecimiento». El PSC quiere incluir Terres Cavades en el nuevo planeamiento. Tendrá que verse qué pasa con otros sectores que en su momento también generaron polémica, como es La Budellera y Mas d’en Sorder. Pese a ello, más pronto que tarde deberá abrirse el melón ya que Tarragona no puede permitirse otros trece años para hacer un nuevo POUM.