Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y que actuaba en Tarragona
Construían narcolanchas para introducir la droga en Catalunya desde África
Agentes de los Mossos d’Esquadra del Área de Investigación Criminal de la Región Policial del Camp de Tarragona, conjuntamente con agentes de la Guardia Civil de Tarragona, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y han detenido a trece personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública en la vertiente de tráfico de drogas.
La investigación se inició hace cerca de un año cuando los investigadores de ambos cuerpos, a través del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) pusieron en común la existencia de dos investigaciones, centradas en la misma organización criminal, que confluyeron en un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), tutelado por el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Tarragona.
Una organización criminal que penetra en negocios legales
La organización criminal tenía la colaboración de empresas náuticas legales que daban cobertura y fiabilidad a sus operaciones comerciales. Adquirían el material náutico necesario para la fabricación de sus narcolanchas: motores de gran potencia, aparatos de navegación y comunicación, que les permitían hacer grandes desplazamientos marítimos a empresas legales con sede, tanto en el Estado español como el extranjero. Los arrestados blanqueaban las ganancias de sus operaciones a través de estas mismas empresas.
La cúpula de la organización estaba liderada por dos individuos que llevaban a cabo tareas de dirección y supervisión del grupo, a pesar de que no se encargaban de las actividades más comprometedoras. El resto de los investigados formaban parte del aparato logístico de la organización.
Primer desembarco detectado en Tossa de Mar
En el marco de la investigación el febrero de 2023 los investigadores obtuvieron información relevante gracias a la cual pudieron intervenir en Tossa de Mar una partida de hachís de cerca de dos toneladas transportada en una “narcolancha” por la organización desde el norte de África.
Este desembarco lo organizó el grupo criminal investigado, que supervisó de directamente la ejecución. El operativo policial consiguió interceptar la droga pero las personas que se encargaban de la operación consiguieron huir de la zona cuando se inició la actuación policial.
Los investigadores constataron que la organización criminal habría usado lanchas para otros desembarcos de hachís, como el que tuvo lugar a las costas almerienses a inicios de marzo, en el cual la Guardia Civil intervino cerca de dos toneladas de hachís y detuvo a siete personas.
Empresas legales del sector marítimo utilizadas como tapadera
El desembarco generó información de interés policial que, en parte, permitió al equipo de investigadores la detección de un entramado empresarial dedicado a blanquear el dinero, financiar las actividades de la organización e intentar justificar la compra del material necesario para la construcción las embarcaciones de alta velocidad.
De este modo, los investigados hacían el transporte con las embarcaciones y también el blanqueo de dinero que conseguían de sus actividades. Dentro del mismo entramado empresarial se localizaron hasta siete empresas, ubicadas en Catalunya, que facilitaban el blanqueo de capitales a partir de una simulación de la actividad. Los investigadores estiman que el conjunto de empresas habrían podido blanquear más de 2.100.000 euros.
Una de estas empresas, ubicada al puerto deportivo de la localidad de Mataró, además de facilitar el blanqueo de capitales, se utilizaba para adquirir los elementos necesarios para construir las embarcaciones.
Los investigados adquirían las partes para construir las lanchas de empresas estatales, ubicadas en Pontevedra, Málaga o Cádiz, pero también en empresas de diferentes países europeos. De este modo obtenían estructuras de embarcaciones semirrígidas y motores de gran potencia u otros elementos de navegación y comunicación, mirando de no levantar sospechas al adquirirlas desde una empresa náutica legal.
Talleres clandestinos
Una vez la organización adquiría los productos necesarios para la construcción de las embarcaciones de alta velocidad los investigados usaban una empresa de transportes, dirigida por uno de los líderes de la organización y que utilizaba un testaferro como supuesto titular, para trasladarlas hasta talleres clandestinos que disponía la organización. De estos talleres se detectaron hasta tres, ubicados en las localidades de Rubí, Salt y Tarragona, desde donde la organización acoplaba todo el material náutico que había obtenido de manera supuestamente legal.
Las embarcaciones eran lanchas semirrígidas de entre ocho y diez metros de eslora aproximadamente y que montaban entre tres y cuatro motores de gran cilindrada. Además tenían capacidad para un máximo de cuatro personas. Al lado de proa, usualmente, ubicaban un gran número de bidones de gasolina para tener el suministro de combustible suficiente para emprender viajes de las costas del continente africano hasta Catalunya.
Explotación de la investigación
Con todos los indicios obtenidos durante la fase de investigación el 14 de marzo el equipo conjunto de Mossos y Guardia Civil llevó a cabo la explotación del caso.
Se hicieron once entradas y pesquisas en las localidades de Rubí, Cerdanyola del Vallès, Canovelles, Terrassa, Cabrils, San Adrià Besòs, Barcelona y Sant Boi de Llobregat. Al día siguiente también se llevaron acciones policiales en empresas de Pontevedra, Cádiz y Málaga.
Durante las entradas se detuvieron a 6 personas y se hallaron alrededor de 80.000 euros en metálico, dos vehículos, 1 semirremolque y multitud de documentación relacionada con las empresas de la organización criminal.
Además, los investigadores pudieron vincular la organización con la intervención de otras cinco “narcolanchas” ya preparadas para transportar hachís en las localidades de Mataró, dos en Rubí, en Amposta y en Cartagena (Murcia).
La investigación ha supuesto un reto para los investigadores puesto que parte de la cúpula de la organización criminal ya fue investigada durante el año 2022, hecho que podría haber puesto en alerta los miembros de la organización. Por otro lado, la movilidad del grupo por todo el Estado español era otro elemento de dificultad, sumado al hecho de que disponía de asentamientos en varios lugares de Catalunya.
La investigación ha neutralizado la actividad de la cúpula de la organización criminal y ha actuado sobre su entramado financiero con el fin de seguir el rastro del dinero blanqueado que la organización obtenía del tráfico de drogas.