Los homicidios cometidos en Tarragona pasan de nueve a quince en un año

El resumen en materia delictiva del año 2023 en Tarragona recoge que la mayoría de crímenes aumentaron en comparación con 2022.

Lo radiografía la nueva memoria de la Audiencia Provincial, presentada este lunes y que aúna las valoraciones del presidente del ente, Joan Perarnau, sobre la criminalidad de la demarcación y el estado de la administración de justicia, que sigue colapsada y cuenta con un total de quince juzgados saturados, con retrasos de hasta tres y cuatro años en juicios penales y de año y medio en los civiles.

Durante todo 2023, se cometieron en la demarcación un total de 61.300 hechos delictivos, un 9,3% más que los 56.109 registrados a lo largo de 2022.

Un incremento marcado por la subida de los homicidios, que pasaron de nueve a quince, trece de los cuales ya están resueltos policialmente –quiere decir que se ha encontrado a un sospechoso o sospechosa–. ¿Por qué se da esta subida? El máximo responsable de la Audiencia aseguró que la causalidad «es variada» y que no tiene un origen común.

De hecho, los crímenes graves, como homicidios consumados o intentados (59 en total durante 2023), delitos contra la libertad sexual (hubo 454) y lesiones (3.555), son los que más se resuelven, con un índice superior al 90%.

«Todos estos delitos se enjuician en la Audiencia Provincial, algo que supone un cierto colapso», indicó Perarnau, quien propone la creación de una nueva sección penal, además de la incorporación un magistrado para la cuarta, que agrupa los casos de violencia contra la mujer.

Todo ello porque la capacidad de enjuiciamiento penal de la Audiencia es de 250 asuntos anuales: «Hoy en día, tenemos unos 900, es trabajo para tres años [siempre y cuando no entraran más], señaló el presidente».

Los trece homicidios comportarán que se celebren trece juicios con jurado popular: «Teniendo en cuenta que la media de estos juicios es de quince días, tendremos trabajo para una única sección de la Audiencia durante más de medio año», expuso Perarnau.

Aquellos delitos que siempre suponen el mayor porcentaje sobre el total, que son los que van contra el patrimonio (47.687 en 2023, un 78% del total) son los que más dificultades de resolución tienen, ya que únicamente en un 18% de los casos notificados consigue identificarse a una persona sospechosa.

Más de 140.000 plantas de droga

Continúa la problemática de la plantación de cannabis, con 144.773 plantas decomisadas en 2023 por las 180.748 de 2022: «Aunque la cantidad haya bajado, sigue siendo una cifra estratosférica», manifestó Perarnau.

Por otra parte, se intervinieron 4,8 toneladas de hachís y se detectó un uso creciente de armas de fuego y de implantación de organizaciones criminales.

Y es que este tipo de crímenes relacionados con el tráfico llevan consigo otros delitos como las bandas organizadas. De hecho, durante 2023, se intervinieron en Tarragona un total de 44 grupos en este ámbito.

La mayoría de sus integrantes, según explicó Perarnau, son de nacionalidad extranjera. De hecho, la memoria presentada por la Audiencia informa de que, de las 6.940 detenciones practicadas en 2023, 3.666 correspondieron a extranjeros.

Un aumento generalizado

Ese incremento de la criminalidad que registra la demarcación de Tarragona no es único del territorio: «Es una dinámica generalizada tanto dentro como fuera de Catalunya», apuntó el presidente de la Audiencia.

Y es que la materia penal representa en Tarragona prácticamente la mitad de todos los asuntos judiciales que entraron en la demarcación en 2023, por el 43% de los asuntos civiles, el 6% de los sociales y el 2% de los contenciosos-administrativos.

«Considero que, pese a que no entren tantos asuntos, las jurisdicciones social y contencioso administrativa no son residuales y sin importancia; es más, la social es estratégica, ya que cobrar una nómina cada mes es muy importante para la inmensa mayoría y, por eso, dedicamos muchos medios», argumentó Perarnau.

La materia de familia, la cual el presidente calificó también de «estratégica», está funcionando de forma ágil, con pocos meses de espera.

En el apartado social, la puesta en marcha del nuevo juzgado de Tarragona el pasado mes de abril y el inicio de actividad del de Reus, previsto para enero de 2025, «permitirá normalizar la situación de la jurisdicción social».

No obstante, es el ámbito penal, cuyo enjuiciamiento es el que acumula más tiempo de espera: de entre tres y cuatro años, aseguró el presidente, cosa que lleva, en ocasiones, a aplicar atenuantes de dilaciones indebidas –que el transcurso de tiempo de resolución del procedimiento acabe dando lugar a una pena menor para la persona condenada–.

En materia de violencia contra la mujer (VIDO), Perarnau comentó que hay voluntad de ampliar la jurisdicción de los tres juzgados existentes –en Tarragona, Reus y El Vendrell–. Los dos últimos podrían ampliar su carga de trabajo para, de esta manera, descongestionar los de primera instancia e instrucción, que son los que se encargan de los asuntos VIDO en aquellos partidos judiciales donde no hay un juzgado de este tipo.

En total, son quince los juzgados sobresaturados en la demarcación: el mercantil de Tarragona (el único existente), los cuatro sociales de Tarragona y el de Reus, y los ocho de primera instancia de Tarragona y el de Valls.

Por ello, el presidente de la Audiencia solicita la creación de seis nuevos juzgados: uno de lo social en Reus, uno de primera instancia y otro penal en Tarragona, dos penales en El Vendrell y uno de primera instancia e instrucción tanto en la capital del Baix Penedès como en Valls.

Además. Perarnau ha pedido, y confirmó que seguramente sea así, tener más magistrados en las secciones penales de la Audiencia y así llegar hasta los seis en cada una. Por otro lado, valoró la posibilidad de celebrar juicios por las tardes.