Casi 14.000 empresas de Tarragona recurren a créditos para sobrevivir

«Estos créditos han sido el mal menor, un apoyo para intentar salvar el tejido económico a falta de ayudas directas», sostiene Pere Coch, director del departamento de consultoría estratégica y financiación de Pimec. Casi 14.000 empresas de Tarragona han tenido que recurrir a créditos para intentar sobrevivir y remontar tras el socavón de la pandemia, agravado luego por la crisis de precios.

Y en ello siguen. Algunos se aferran a ese sistema, otros ya están devolviendo el dinero, no sin dificultades y con ampliaciones de plazos, una vez superado lo peor. Esas firmas, fundamentalmente pymes y autónomos, han suscrito casi 24.000 créditos, en algunas de las dos líneas habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), según su último balance publicado, del primer semestre de este año.

Solo en los últimos meses 1.500 empresas tarraconenses se han sumado a esos créditos, diseñados en 2020 para paliar el impacto de la emergencia sanitaria pero vitales también para la economía en esa vorágine encadenada de tormentas perfectas, que van desde la falta de suministros a la inflación desbocada.

De hecho, las urgencias son tales que se ha abierto una convocatoria especial para contener los efectos de la guerra de Ucrania que estará en marcha hasta finales de 2023. «Ahora nos encontramos con unas empresas más endeudadas, pero en cierta manera se ha podido evitar una crisis de liquidez», indica Coch.

El ICO estableció dos líneas de financiación. Una de ellas es de liquidez propiamente dicha, dedicada a mitigar un momento de emergencia, y la otra de inversión, para objetivos más ambiciosos de progreso. La primera ha sido la más demandada: un 82% de los créditos concedidos en Tarragona (algo más de 19.000) han sido para tener liquidez de forma rápida, frente a los que tenían por cometido una inversión en clave de mejora para su empresa (4.000). Asimismo, 1.500 millones de euros, el 81% del total, han ido para liquidez y casi 340 para inversión. Por sectores, turismo, ocio y construcción son los sectores más beneficiados.

Por tanto, en la provincia unas 12.500 compañías han pedido ese préstamo para tener efectivo de una manera más o menos ágil y unas 3.200 para invertir. ¿Están sirviendo todos estos créditos donde el aval es el Estado para amortiguar la crisis? «Las empresas en problemas ven aquí una vía de escape, una especie de salvavidas. Ha habido una gran necesidad de liquidez de algunas empresas y luego un shock de oferta, una escasez de materias primas, todo un conjunto de situaciones derivadas de la resaca de la pandemia. Es una demostración de que la recuperación no ha sido un camino de rosas ni está siendo igual para todo el mundo», explica el economista Rafael Muñoz, del gabinete de estudios de la Cepta.

La medida permitió a las compañías poder acceder a créditos, con el aval del Estado, que de otra manera no hubiera sido posible. «Puede haber empresas que no tengan los datos de solvencia básicos para alcanzar el rating para un préstamo. Sin embargo, han accedido a estos ICO. A partir de ahí, si la situación ha sido muy incierta puede ser que la empresa haya empeorado pero también puede haber remontado gracias a esa ayuda», añade Muñoz.

Salvar a los proveedores

El sector aplaude estos rescates, aunque con matices. «Siempre dijimos que lo que necesitaban las empresas eran ayudas directas, porque la pandemia vino de un factor externo no controlado, que provocó un parón de la actividad. Desde el momento en que no hubo eso, fue un mal menor», aclara Coch. Acceder a estos créditos financieros ha permitido sostener parte del tejido. «Han solucionado la falta de liquidez por la propia compañía pero también de cara a los proveedores», añade el responsable de la pequeña y mediana empresa en Catalunya.

Hacerlo con la sujeción que permite el estado y en condiciones adecuadas también ha sido otro aliciente. «El aval es para el banco, a partir del acuerdo del ICO con las entidades financieras. Si tú no pagas, el banco inicio los trámites de recuperación y recurre al Instituto. Es una manera de garantizar que el banco pueda recuperar, para que esté tranquilo. Las condiciones son las mismas que había tenido la empresa hasta ese momento, ni mejor ni peor, con las mismas garantías. Eso ha evitado que los bancos pudieran endurecer sus requisitos», comenta Coch.

Otra batalla que se libra ahora es la de la devolución. Si una empresa pidió un préstamo avalada por el Estado en 2020 o 2021, abonarlo ahora, con una caída del consumo por una inflación aún en rangos altos, no es sencillo.

«Con los precios de la luz es muy complicado que muchos negocios devuelvan el crédito. ¿Qué pagas? ¿La energía o al banco? Por eso pedimos que se alarguen plazos y tener más tiempo para poder abonar las cantidades pendientes», reclama Florenci Nieto, presidente de Pimec Comerç Tarragona. «No hemos vuelto a la normalidad, por eso es difícil hacer frente a las devoluciones que hay por delante», expone Jacint Pallejà, presidente de El Tomb de Reus, que añade: «Sin duda estos préstamos han ayudado a evitar el cierre de muchos negocios».

Más tiempo para aliviar la carga

Un informe de estabilidad financiera del Banco de España establece que más de la mitad de los autónomos y empresarios ya se han acogido a algún tipo de ampliación en el plazo de devolución.

El estudio revela que un 56% de los negocios han optado por una extensión, ya sea del plazo de carencia (más tiempo en el que solo pagan intereses) o el de amortización (más el tiempo para pagar todo el crédito en conjunto).

Coch detalla que aunque las encuestas recogen las dificultades o la inquietud por no poder abonar el dinero en plazo, «a la práctica los niveles de morosidad bancaria se están manteniendo». El ICO sostiene que, a nivel de España, a fecha 30 de junio de 2022 habían solicitado extender el plazo un total de 271.914 empresas que habían suscrito más de 400.000 operaciones, ya sea de amortización o de carencia, «con el objetivo de aliviar la carga financiera».