Basura: el polémico precedente de la prórroga del año 2010 en Tarragona
Hace 14 años, con los mismos juristas, el Ayuntamiento decidió ampliar su mayor contrato pese a un informe contrario de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. ¿Se repite la historia una década después?
La propuesta que puede aprobarse hoy en el pleno municipal para adjudicar el nuevo contrato de la basura a la empresa Urbaser, segunda clasificada del concurso público, no es la primera gran decisión que se toma con polémica en relación al mayor contrato del Ayuntamiento de Tarragona, de 234 millones de euros para diez años.
El pleno avalará la decisión, tras acatar la reciente resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya que este mes de junio ha excluido a la primera clasificada de la licitación pública: GBI Paprec, tras una alegación, precisamente, de Urbaser que fue estimada en su totalidad.
La resolución del tribunal administrativo es ambigua, ya que por una parte sí que dicta que debe eliminarse a la ganadora, pero no deja claro cómo debe aplicarse: ¿Debe adjudicarse a la segunda o abrir un nuevo proceso? A juicio de los altos funcionarios municipales, la solución es la primera vía, atendiendo al hecho de que el propio tribunal ha rechazado una alegación de otra empresa, FCC, que pedía anular toda la licitación.
2010: contra viento y marea
Lo cierto es que no es la primera votación sobre la basura que el pleno avalaría con polémica. El precedente inmediato es de julio del 2010, cuando se aprobó prorrogar hasta 2023 el contrato que FCC tenía vigente desde el año 2003, y que expiraba en 2013. El motivo de la ampliación de la concesión fueron las exigencias de obligado cumplimiento del Programa de Gestió de Residus Municipals (Progremic) para impulsar la recogida selectiva.
La aplicación de este plan aprobado por la Generalitat obligaba a realizar una inversión en contenedores y maquinaria de más de 14 millones de euros. Al estar ya en el séptimo año de concesión, si la empresa gestora hubiera tenido que llevar a cabo la inversión no habría tenido tiempo de amortizarla, o bien el recibo de la basura se habría doblado.
Por ello, los juristas municipales se ampararon en un dictamen del catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona Joaquim Tormos, que defendía no rescindir el contrato sino ampliarlo por el mismo periodo por el que se había adjudicado. «Resolver el contrato y licitar otro de nuevo sería, seguro, la peor de las opciones. Teniendo en cuenta de que aún quedan casi tres años de vigencia, el proceso sería largo y complejo, ya que de esta decisión podría derivarse una cuantiosa indemnización a favor del contratista adjudicatario», manifestó el secretario general de Tarragona.
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, sin embargo, se opuso, especialmente por los diez años de prórroga. Sobre ello, la comisión enfatizó que «puede perjudicar el principio de libre concurrencia, ya que en el fondo modifica un elemento esencial que, de haberse conocido de inicio, otros hipotéticos licitadores podrían haberlo tenido en cuenta». En esta línea, reiteró «el riesgo de ir configurando una especie de contrato perpetuo que podría originar una situación fraudulenta que afectaría a la contratación».
Finalmente, detalló que «todas estas circunstancias llevan a considerar que la propuesta de modificación no cumple con la exigencias de la legislación reguladora de la contratación». Pese a ello, PSC, CiU, PP y ERC aprobaron una prórroga que todavía hoy está ejecutándose. ¿14 años después se repetirá la historia? Si no hay sorpresas, sí.