Ballesteros pide al juez que el alcalde Ricomà declare en el juicio de Inipro como testigo

Más leña al fuego. Pese a que el juicio por presunta financiación ilegal del PSC –Inipro– aún no tiene ni fecha, el caso que llevará al exalcalde Josep Fèlix Ballesteros y a la exportavoz municipal Begoña Floria ante la Audiencia Provincial no deja de protagonizar giros inesperados. El último fue ayer mismo, cuando la representación legal del exlíder socialista registró ante el Juzgado de Instrucción número 1 su escrito de defensa, en el que solicita –entre otras cuestiones– que el tribunal cite a declarar como testigo al actual alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), durante la vista oral.

«Creemos que será importante escuchar a Pau Ricomà. Pedimos su declaración porque consideramos que podrá aportar información trascendente sobre los hechos», indica en declaraciones al Diari el abogado de Ballesteros –David Rocamora–, quien enfatiza que, durante el juicio, «deberá escucharse a todas las personas que, por activa o por pasiva, participaron en la contratación, ejecución y el desarrollo de los trabajos de Iniciatives i Programes», que tenían como objetivo «la potenciación del asociacionismo de la población recién llegada a la ciudad». Para ello, en 2010, se firmó un contrato entre el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) y la empresa Inipro, que se prorrogó durante dos ejercicios consecutivos por un montante global de 276.000 euros.

Pese a ello, las diligencias ordenadas por el juez desde 2013 sospechan que se podrían haber desviado recursos en beneficio de varias alcaldías del PSC de principios de la pasada década, como la de Tarragona o Viladecans. Por esto, aparte de las nueve personas acusadas –que hace semanas tuvieron que cubrir una fianza de 367.290 euros tras el auto de apertura de juicio oral–, el PSC también está considerado partícipe a título lucrativo, por lo que se le pidió una fianza de 277.000 euros.

Niega todas las acusaciones

Ahora, en su escrito, la defensa de Josep Fèlix Ballesteros niega todas las acusaciones que se vierten sobre su cliente, y las califica como de «inciertas». Asimismo, se enfatiza que el que fuera máximo representante municipal entre los años 2007 y 2019 «firmó distintos decretos» por la «realización de servicios en favor del IMSST que debían ser remunerados en favor de Iniciatives i Programes». En este sentido, se especifica que «de cada uno de dichos decretos, el alcalde dio cuenta al Consell Rector de IMSST y al Consell Plenari del Ayuntamiento, sin que ninguno de ellos fuera recurrido», y añade: «Antes de presentar a la firma del alcalde en cada uno de los decretos referidos, se certificó e informó favorablemente acerca de la efectiva realización de los trabajos a indemnizar a favor de Iniciatives i Programes por parte de todos y cada uno de los estamentos y niveles administrativos de responsabilidad competentes, así como de la suficiencia presupuestaria para proceder al pago».

La representación del exalcalde indica también en el documento previo al juicio oral que «al firmar los decretos, Ballesteros entendía que estaba cumpliendo con su función y deberes del modo correcto y en conformidad con el ordenamiento jurídico», hasta el punto de que «hacer lo contrario podía deparar perjuicio al Ayuntamiento, sin albergar conocimiento alguno de conducta irregular ni en la conformación del contrato, ni en su tramitación, ni ejecución», se indica en el texto al que ha tenido acceso este periódico.

Nueve años en el juzgado

Después de que en 2013 la CUP denunciara el caso al juzgado, a finales de 2020 se conoció que la Fiscalía pide una pena de prisión de cinco años y ocho meses para Ballesteros, a quien acusa de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil. La CUP, por su parte, le solicita 13 años y añade en su escrito los delitos de alteración de precios, subastas y concursos públicos; soborno; tráfico de influencias; y abuso en el ejercicio de la función pública, que son los mismos que denuncia el Consistorio, quien sin embargo quiere más pena: 14 años y tres meses.

La diferencia entre las peticiones es que, mientras que CUP y Ayuntamiento solicitan condenas individuales por cada uno de los presuntos delitos, el fiscal apuesta por el «concurso ideal–medial», lo que se traduce en que se considera que para cometer un delito deben cometerse obligadamente otros, por lo que solo se pide pena para el de mayor envergadura. Asimismo, la distinción entre las acusaciones de la CUP y del Consistorio es que la administración municipal apuesta por una mayor pena en los delitos de malversación (6 años, por los 4 de la CUP), la falsedad documental (4,5 años por los 3 de la CUP) y el tráfico de influencias (un año y 3 meses por los seis meses que le piden las cupaires). Ahora, la gran incógnita es si el esperado juicio en la Audiencia Provincial se llevará a cabo antes o después de las elecciones municipales de mayo de 2023.