Alumnos vulnerables en Tarragona: la mitad no está donde debería

En municipios como Tarragona casi la mitad de los alumnos extranjeros o con necesidades socioeconómicas debería cambiar de escuela si quisiéramos que estuvieran equitativamente distribuidos entre los distintos centros de la ciudad. En resumen, que las escuelas ‘especializadas’ en alumnos vulnerables siguen siendo una realidad.

Así quedaba en evidencia al revisar el último estudio del Síndic de Greuges, que valora el despliegue del acuerdo contra la segregación escolar que firmaran en 2019 el Departament d’Educació, administraciones locales, miembros de la comunidad educativa y partidos políticos.

Pese a los esfuerzos que se han hecho desde entonces la ciudad de Tarragona sigue en los primeros puestos del ránking de los 30 municipios catalanes de más de 5.000 habitantes con más segregación, tanto en primaria como en secundaria. En ambos casos ocupa el tercer lugar de la lista.

Entre los municipios de la demarcación que aparecen en la lista de los que tienen más deberes por cumplir en esta materia están también, en primaria, Móra d’Ebre (5º lugar), l’Arboç, Reus, Vila-seca, Calafell y Tortosa. En secundaria aparecen, además, Salou y El Vendrell.

Condicionados por el urbanismo

Manel Castaño, concejal de educación del Ayuntamiento de Tarragona, reconoce que las cifras no le sorprenden. El consistorio, desde el mandato anterior, ha encargado estudios para conocer la situación en la ciudad y plantear soluciones.

Algunas de las medidas se pusieron ya en marcha en el actual curso escolar, pero, como apunta Castaño, uno de los principales obstáculos está en el propio urbanismo de la ciudad, con barrios periféricos que concentran a las familias más vulnerables y, por ende, a estos alumnos.

Con todo, se han hecho esfuerzos cuyos resultados no se verán inmediatamente. Uno de ellos es la detección de los alumnos vulnerables que entrarán tanto en I3 (antes P3) como en la ESO para que, desde un principio, puedan estar equitativamente distribuidos en los centros de la ciudad y cuenten con los recursos que necesitan para acompañarlos en su proceso. Apunta que en dos años se ha pasado de detectar un 6% a un 28% de los alumnos con necesidades educativas específicas relacionadas con su situación socioeconómica.

Este curso también era el primero en que entraba en vigor la nueva zonificación escolar que, a priori, debería facilitar la distribución de los alumnos. El cambio, asegura, ha permitido pasar de un 70% a un 85% de alumnos con plaza en una escuela próxima.

También se ha hecho un esfuerzo por que las familias tengan la mayor información posible a la hora de elegir escuela. En este sentido, destaca que la experiencia de la Escola Saavedra, que por sí misma ha conseguido tener una composición del alumnado más acorde con las características de su propio barrio. Allí está en marcha el proyecto Magnet, impulsado por la Fundació Bofill. En el mismo, como su nombre lo indica, la idea es atraer a las nuevas familias con un proyecto atractivo; en esta caso con la participación de la URV y el Museu d’Art Modern.

Con todo, reconoce que todavía queda mucho trabajo por hacer. Considera que hay que trabajar en la propia planificación de la oferta, algo que fija el Departament d’Educació. «Históricamente la sobreoferta en la concertada no nos ha favorecido... Habría que cerrar algunos cursos para que algunos centros no sean tan homogéneos», apunta.

Además considera que ya que se ha hecho un esfuerzo por detectar a los alumnos con necesidades socioeconómicas y escolarizarlos tanto en la pública como en la concertada, se debería cumplir con la compensación económica que se anunció que se les daría pero que todavía no se ha hecho efectiva.

Sin rastro de la ‘mochila’

Pablo Muñoz es director de la Escola Sant Pau e interlocutor de las escuelas concertadas de la ciudad y señala que «todos estamos de acuerdo con el pacto contra la segregación, hay que reducir la brecha, pero nos faltan los recursos».

Señala que, en principio, la detección de estos alumnos es una buena noticia que ayuda a planificar mejor. «Desde la concertada siempre se han hecho los esfuerzos que han hecho falta con las familias que no tienen los medios para que sus hijos participen en actividades deportivas o tengan el uniforme y no hemos hecho publicidad de ello porque ya bastante mal lo pasan esas familias».

En la práctica, no obstante, el hecho es que este curso han recibido a más alumnos con necesidades no solo al principio, sino a lo largo del curso (la ‘matrícula viva’) sin que la ‘mochila económica’ prometida por Educació se materialice.

De hecho, esta es una de las observaciones del informe del Síndic. «Los compromisos asociados a la financiación de los centros en el Pacto no se han cumplido. Las ayudas previstas en el Decreto 11/2021 todavía no se han transferido, aunque se pretende realizarlo durante el curso 2022/2023 solo para el alumnado de I3 y de 1º de ESO. Los centros no están recibiendo para el resto del alumnado los importes previstos en la memoria económica del decreto. Por ejemplo, la financiación adicional recibida por los centros concertados ha sido de 12,0 millones de euros, un 31,4% menos de lo anunciado».

Pero no todo son malas noticias si se repasa el desempeño de los municipios de la demarcación. Algunas poblaciones también aparecen en la lista catalana de las que menos segregan. En primaria se cuentan, entre las que tienen más equidad, Altafulla, Roquetes, Alcanar y Constantí. En secundaria aparecen Torredembarra (el segundo que menos segrega), Calafell y Mont-Roig del Camp.

El caso de Reus

Reus ha implementado en los últimos años varias medidas para intentar evitar la segregación escolar, desde reducir los alumnos por clase al modelo de adscripción única en los centros de secundaria. Las alarmas saltaron a partir de un estudio encargado por el Ayuntamiento, y que vio la luz en 2019. El documento ponía de manifiesto la disparidad entre escuelas. En algunas, más del 70% de estudiantes de primaria procedían de familias nacidas en el extranjero, mientras que en otros centros, este porcentaje era solo del 5%. Con todo, según el último informe del Síndic de Greuges el 40% de los alumnos extranjeros y con necesidades educativas específicas deberían cambiar de escuela para una distribución igualitaria.

Entre las medidas adoptadas, destaca la reducción de estudiantes por clase, pasando de 25 a 23 plazas, con la intención de favorecer un reparto más equitativo del alumnado. Así se anunció en enero de 2020, tras alcanzar un acuerdo signado por el Departament d’Educació de la Generalitat y el Ayuntamiento de Reus y con el apoyo de todos los centros de la ciudad, tanto públicos como concertados. La medida se está adoptando de forma progresiva, empezando con P3 y, paulatinamente, la ratio tiene que irse extendiendo en el resto de cursos. Otra solución implementada, ésta más polémica entre padres y madres, es la adscripción única en los institutos. Es decir, cada escuela tiene un único instituto de referencia. Hasta el curso 2020-2021, cada centro tenía dos institutos asignados y los alumnos, cuando terminaban la Primaria, podían escoger. Ahora, con el modelo de distribución implementado desde el curso 2021-2022, las familias solo tienen una opción. Más de una quincena de AMPA se mostraron abiertamente en contra del modelo, y es que, por un lado, dudaban que redujera la segregación escolar. Por otro, había familias que les tocaba un instituto que podía estar a dos kilómetros de distancia. A pesar de todo, la medida está implementada y el consistorio ofrece facilidades a estos casos, con bus gratuito entre aquellos que viven lejos del centro que les ha tocado.