61.600 tarraconenses, sin acceso a sucursal bancaria ni cajero

Cornudella de Montsant, en el corazón del Priorat, es uno de los ejemplos más flagrantes de la exclusión financiera. El municipio lleva más de cinco años batallando para recuperar la atención bancaria. Mientras tanto, las alternativas son, por ejemplo, recorrer más de 30 kilómetros hasta Reus para hallar sucursal. «Estamos ya en el límite. Hay mucha población mayor, de más de 80 años, y no tiene vehículo propio», explica la alcaldesa, Meritxell Cardona.

Después de varios intentos, parece que Cornudella está más cerca lograrlo. «Vamos a sacar a concurso una licitación, en la que cederemos el espacio. Ya ha habido propuestas de interés en firme. Vamos a seguir este procedimiento, y será algo inmediato, de cuestión de semanas», admite la edil.

Plan de la Diputació

La intención incluso es que pueda haber atención personal algunos días por semana. Cardona confiesa que la urgencia es máxima: «Aquí también hay mucho turismo internacional porque es un foco de escalada, y un cajero es muy necesario, pero nuestra mayor preocupación es dar servicio a la gente del pueblo».

También la Diputació ha salido al rescate, con un plan que prevé que a partir de 2024 hasta 20 municipios y entidades descentralizadas de la provincia tengan un cajero. Los beneficiarios serán entes locales de menos de 1.000 habitantes. El coste máximo para los municipios será de 500 euros mensuales. El objetivo también es frenar la despoblación rural.

Aunque pueda sonar paradójico en una provincia que gana población, Tarragona tiene menos bancos por habitantes que la España vacía, incluyendo ahí a lugares como Huesca, Teruel, Zamora o Soria. De hecho, con una ratio de 0,27 sucursales por mil habitantes, Tarragona es la tercera provincia con una penetración más baja, solo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria (0,25) y de Barcelona (0,27). Otro índice revelador: Tarragona es la primera provincia de España, junto con Barcelona, en pérdida de sucursales desde 2008. La reducción ha sido del 74%, o sea, de tres de cada cuatro, y no terminó con el estallido de la crisis financiera.

A los procesos de concentración les siguió después la digitalización y otras dinámicas. «La situación actual es producto de una nueva dinámica. Las entidades financieras tienen un modelo de producción diferente, enfocado más a resultados y a dividendos que al servicio», comenta el economista tarraconense Rafael Muñoz, del gabinete de estudios de la Confederació empresarial de la provincia de Tarragona (CEPTA).

A finales del año pasado, había 74.841 tarraconenses sin acceso presencial a la banca en su municipio. La cifra ha crecido respecto al año anterior, cuando era de 73.760. En total, 111 de las 184 localidades tarraconenses, seis de cada diez, no disponen de oficina.

Un total de 61.648 personas está en núcleos sin entidad bancaria ni tampoco cajero. Esta cifra también ha crecido en el último año, en concreto un 5% en relación al balance de 2021, cuando eran 58.435, según los diferentes informes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ilvie), que realiza desde hace año esta monitorización al detalle.

Según estos estudios, un 9% de la población tarraconense no tiene acceso a oficina y un 7,1% ni a oficina ni a cajero.

Canales alternativos

Hace unos días el Banco de España publicaba su informe ‘La accesibilidad presencial a los servicios bancarios’. El estudio indica que «la reducción en el número de oficinas bancarias entre 2021 y 2022 se habría visto parcialmente compensada por la implantación de canales alternativos, sobre todo de oficinas móviles en los municipios más pequeños y de agentes financieros en los municipios más grandes». Lo cierto es que en Tarragona también ha crecido el número de población sin oficina ni cajero ni tampoco agente financiero, que ha subido de 25.771 a 29.494 en un año.

Queda trabajo por delante. El Banco de España considera que «la utilización de los canales alternativos a las oficinas bancarias (agentes financieros, ofibuses, cashback y Correos Cash) es aún minoritaria, tanto en el caso de las personas mayores como en el de la población residente en municipios sin oficina estable».

El regulador incide en «la importancia de acompañar el despliegue de los canales alternativos con actuaciones que promuevan y faciliten su uso por parte de la clientela, así como en la necesidad de valorar la efectividad de las diferentes alternativas disponibles e investigar los factores que podrían estar detrás de su escasa utilización hasta la fecha».