Juzgarán 19 acusados de formar parte de una red de ocho prostíbulos en Tarragona y Barcelona

Un total de 19 personas se sentarán este jueves en el banquillo de acusados de la Audiencia de Tarragona acusadas de formar parte de un entramado que se dedicaba a explotar y enriquecerse de la prostitución ejercida por ciudadanas extranjeras a las que obligaban a mantener relaciones sexuales en situación precaria, amenazándolas y agrediéndolas si se saltaban las reglas establecidas, según argumenta la Fiscalía.

Al frente de la organización, supuestamente, estaba un matrimonio, para quien se pide 175 años de prisión para cada uno. Casi la mitad de los procesados –nueve mujeres que eran las encargadas de los prostíbulos– se enfrentan a 129 años.

Los delitos

Los delitos que se les imputan a la mayoría de los encausados son asociación ilícita, 41 de determinación a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y otro continuado de blanqueo de capitales, y en dos de los casos falsificación de documento oficial. Este es el primero de los cuatro macrojuicios previstos para este año en la Audiencia Provincial.

El juicio arrancará este jueves pero se prolongará durante ocho días más de este mes, repartidos en dos semanas. El fiscal, en su escrito de acusación, asegura que los acusados formaban parte de una organización estructurada en forma piramidal y fuertemente jerarquizada, que explotaban a mujeres extranjeras que ejercían la prostitución en distintos pisos. El máximo responsable sería el ciudadano español M.A.M., alias Antonio.

Carecía de propiedades, tanto de inmuebles como de vehículos, pero sí que a través de sociedades.

Distribuidos por Catalunya

Los prostíbulos que estaban a cargo de la organización se encontraban en Barcelona (dos), Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Tarragona (en las calles Gobernador González, Gasòmetre y Estanislau Figueras) y Tortosa (Barranc de Caputxins). Para llevar a caso la actividad ilícita, y para dar una apariencia de legalidad a la actividad, M.A.M. constituyó dos sociedades, ambas a su nombre.

Dentro de la organización, recalca el Ministerio Público, todos los acusados tenían funciones perfectamente definidas, actuando de forma coordinada. Así, E.F.D.S., alias Kler –esposa del anterior–, ejercía funciones de administración de las ganancias obtenidas.

La esposa

Era, junto a su esposo, la máxima responsable de todos los prostíbulos, controlando directamente las actividades llevadas a cabo en el interior de los locales así como de las chicas que trabajaban en los mismos. Delegaron en otra acusada, V.R.P., las funciones de administración y gestión de los prostíbulos, siendo a su vez la responsable de las encargadas o ‘mamis’ de cada local, las cuales le informaban de lo ocurrido.

Se ocupaba de la fiscalización del dinero generado, de la distribución de las víctimas entre los diferentes locales. Y también era la última responsable de la imposición de las sanciones y multas, incluso de la gestión de la publicidad de las casas.

La pareja sentimental de V.R.P., A.B.G., se encargaba de trasladar a las chicas de un prostíbulo a otro. También realizaba labores de control y vigilancia. Otra acusada, R.G., efectuaba envíos de dinero y pagos a a terceros, evitando de esta forma el contacto directo con otras personas como medida de seguridad. Nueve de las procesadas serían las encargadas de los prostíbulos. Otros acusados se encargaban de la seguridad.

En los prostíbulos, las víctimas tenían que estar disponibles los 365 días del año. Eran obligadas a estar a total disposición de los clientes que quisieran tener relaciones sexuales las 24 horas al día.

Multas

Estaban sometidas a la imposición de multas si alguna de ellas incumplía ‘el régimen interno del club’, como salir del local para ocio propio, no mantener relaciones sexuales con clientes, no estar disponible las 24 horas o no estar los 21 días estipulados para el reembolso de la fianza que cada perjudicada tenía que abonar para poder trabajar en los locales.

Cada perjudicada recogía el dinero del cliente después de cada servicio, y se lo tenían que entregar a la ‘mami’.

Las condiciones impuestas por la organización «eran extremadamente duras y se prolongaban en el tiempo». Las mujeres tenían que mantener relaciones sexuales con los clientes, incluso los días de menstruación. No disponían de horario de comida, por lo que si la demanda de los servicios lo impedía, no comían. Cada una de ellas se tenía que comprar la comida. Si eran solicitadas durante la noche, las despertaban con insultos e improperios como «vamos, putas, a trabajar» o «hijas de puta, asquerosas, aquí no se viene a ocupar camas».

El 15 de marzo de 2010, la Policía Nacional desmanteló la organización, con una veintena de detenidos y 30 mujeres liberadas.

«Aterrorizadas»

Las víctimas de la organización se encontraban atemorizadas porque habían escuchado que «se habían cargado a unas cuantas personas» y que «había que tener cuidado con lo que se decía». Las mujeres explotadas eran en su mayoría extranjeras, principalmente de América del Sur, Europa del Este y África. Estaban en situación irregular en España y de forma precaria, careciendo de permiso de residencia.

Para la ocultación del montante de las ganancias obtenidas de la actividad ilícita, el acusado M.A.M. ideó toda la infraestructura necesaria. Disponía de un bar en la calle Gasòmetre y distintos locutorios, establecimientos a través de los cuales ocultaba la verdadera actividad llevada a cabo por la organización. También distintas ONG’, sociedades pantallas con las que intentaba dar apariencia de legalidad a los ingresos obtenidos. Una de estas ONG estaba en la calle Gasòmetre, en los bajos de uno de los prostíbulos, y otra en el Raval Martí i Folguera de Reus.