El jubilado burgalés que envío las cartas explosivas sale de prisión

Pompeyo González, alias 'Peyo', el jubilado burgalés de 74 años acusado de enviar cartas explosivas a altas instituciones del Estado y empresas privadas por su apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia, regresó este viernes a su domicilio de Miranda de Ebro.

Tras pasar dos meses y medio en prisión preventiva, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó su puesta en libertad sin fianza con el visto bueno de la Fiscalía de este tribunal.

El instructor, no obstante, impuso al investigado medidas cautelares como la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su vivienda, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte, así como la obligación de fijar un domicilio y un número de teléfono donde pueda ser localizado en todo momento.

González, antiguo funcionario del Ayuntamiento de Vitoria, donde trabajó como enterrador, está acusado de seis delitos de terrorismo y otro por el empleo de artefacto explosivos inflamables.

Detrás de sus acciones criminales está el envío de cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid (donde resultó herido de forma leve un empleado), a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, a la embajada de Estados Unidos en la capital y al centro de satélites en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Su objetivo era denunciar el apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia tras la invasión de febrero de 2022. En su auto, el juez entiende que procede la libertad «por cuanto no existe un riesgo actual de destrucción de fuentes de prueba, toda vez que ya se han efectuado las diligencias de instrucción más relevantes para la obtención de los indicios de criminalidad sustanciales que apunta a la responsabilidad penal del investigado».

Sin nexo con grupos rusos

González tampoco tiene antecedentes penales previos, no existen indicios que apunten a una posible reiteración delictiva y tiene domicilio conocido y arraigo en Miranda, donde fue detenido el 27 de enero tras una laboriosa investigación de la Policía Nacional.

También tiene en cuenta el juez su avanzada edad. En su resolución, que puede ser recurrida ante el propio magistrado o ante la Sala Penal en apelación, Calama advierte de que el incumplimiento de las medidas cautelares podría suponer su reingreso en prisión.

En la decisión del juez también ha pesado el levantamiento del secreto de una pieza referida a la posible vinculación del acusado con grupos terroristas rusos.

La conclusión de los investigadores es que 'Peyo' no estaba integrado ni colaboraba con ninguna organización, tampoco con el Movimiento Imperial Ruso, un grupo ultranacionalista y supremacista blanco incluido en abril de 2020 en la lista negra del Departamento de Estado de Estados Unidos. Un dato que desmiente una información publicada por The New York Times que daba por hecha esta conexión.