Denunciado por robar restos arqueológicos en Gandesa
Se le atribuyen delitos de daños y expolio en el yacimiento arqueológico del Coll del Moro
Los Agents Rurals y los Mossos d’Esquadra han denunciado penalmente una persona por hacer un uso no autorizado de un aparato detector de metales con el fin de descubrir y apropiarse de restos de valor histórico.
La actividad arqueofurtiva denunciada se produjo a inicios de febrero al yacimiento arqueológico de Coll del Moro, en Gandesa (Terra Alta).
En concreto, a la persona denunciada se le atribuyen delitos contra el patrimonio histórico, concretamente el de daños y expolio en yacimiento arqueológico, y un delito de hurto agraviado.
Los restos arqueológicos y el aparato detector de metales han estado comisados y los hechos han sido denunciados ante el juzgado de Gandesa.
Colaboración policial
La persona ha podido ser denunciada a raíz de una investigación conjunta realizada por parte de la Unitat Central de Patrimoni Històric (UCPH-CME)) del cuerpo de Mossos d’Esquadra y del Grup Especial de Col·laboració amb l’Administració de la Justícia (GECAJ) de Agents Rurals.
El cuerpo de Agents Rurals había iniciado una vigilancia del yacimiento el agosto del 2023 a petición del Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General de Patrimonio Cultural, puesto que se habían iniciado unas intervenciones arqueológicas en un sector nuevo del yacimiento.
Patrimonio arqueológico
La acción arqueofurtiva en contextos arqueológicos, como es el caso de Coll del Moro, puede tener graves consecuencias dado que la extracción de objetos arqueológicos sin una metodología científica puede suponer la pérdida de la información que se genera con el estudio de los materiales expoliados y el contexto donde estos se encontraban.
La ley de patrimonio histórico español (ley 16/85) establece que los restos arqueológicos tienen consideración de dominio público y apropiarse de estos restos es constitutivo de un delito contra el patrimonio histórico.
Así mismo, la ley de patrimonio cultural catalán y el reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico (ley 9/93 y decreto 78/2002) establecen que la investigación de restos arqueológicos se tiene que hacer con una autorización del Departamento de Cultura.