Un misil fiscal cae en el Mercadal
Impuestos. Tanto el informe de la CEOE que sitúa Reus como la ciudad con más presión fiscal normativa como la respuesta del Ayuntamiento juegan con matices
El castigo al Ayuntamiento de Reus por la fuerte subida de impuestos aplicada en 2020 le ha llegado tarde y en el peor momento. El ángel vengador ha sido el Instituto de Estudios Económicos (IEE), brazo de análisis y propagación ideológica de la patronal CEOE, que en su informe sobre La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas sitúa a Reus como el municipio con «mayor presión fiscal normativa» entre las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes.
El asunto tiene bastantes más matices de los que permiten los titulares de los medios de comunicación y los mensajes en redes sociales, y el primero afecta al propio autor, el IEE, que no es un ángel, sino un think tank con sede en Madrid. Es decir, un laboratorio de ideas cuyo objetivo es la creación y difusión de líneas de pensamiento que muevan a la opinión pública hacia los postulados liberales en materia económica y social que defiende la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Que su informe sobre la competitividad fiscal de ayuntamientos y comunidades autónomas se publique un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas no deja margen de duda al respecto.
La clave está en el IBI
Más matices, y más complejos, son los referidos a los conceptos que maneja el estudio. Para explicarlos podemos centrarnos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que es la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos, ya que representa el 67% de la recaudación tributaria y, por tanto, es el factor clave para determinar la presión fiscal. De hecho, la subida del 9,75% del IBI aprobada en Reus en 2020 es la que le ha costado al gobierno de Carles Pellicer encabezar este sonrojante ranking.
El informe del IEE refleja que entre 2019 y 2022 el IBI aumentó en Reus un acumulado del 12%, siendo la cuarta mayor subida entre las ciudades españolas. Este dato provocó que en 2022 Reus se situase como el municipio con «mayor presión fiscal normativa» por IBI urbano de España, con un gravamen un 71,7% superior a la media nacional. Una estadística demoledora.
Pero cuidado, porque el concepto «presión fiscal normativa» contabiliza el tipo de gravamen –en Reus, el 1,06%–, no la presión fiscal real. Recordemos que la cuota del IBI se obtiene aplicando el tipo a la base imponible, que es el valor catastral de los inmuebles. Y, por tanto, el recibo que pagan los contribuyentes depende también del los valores catastrales del municipio, que en Reus son bajos porque no se revisan desde 2001.
Así, puede suceder que Reus no sea una ciudad tributariamente cara pese a tener tipos impositivos muy altos. En consecuencia, de ninguna manera el estudio del IEE permite concluir que sea el municipio donde más impuestos se pagan. Es, eso sí, una estadística incompatible con la idea que Reus es una ciudad fiscalmente atractiva, como ha intentado vender el consistorio con las diversas bonificaciones que ofrece.
El alcalde Pellicer y la concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, tuvieron que salir esta semana a la palestra para intentar cauterizar los daños del misil que acababa de caer sobre la plaza del Mercadal. El dato esencial que aportaron para desmentir la tesis del IEE fue que la cuota media del IBI en Reus es de 437 euros, cuando la media catalana está en 468. Y en Boadilla del Monte (Madrid), el municipio más fiscalmente competitivo por IBI según el ranking, la cuota media es de 913 euros. Las mismas comparativas referidas a valores catastrales constatan que en Reus son notablemente más bajos.
De nuevo, los números fríos no lo explican todo. Tributar 437 euros por IBI, como en Reus, puede ser caro o barato, depende de los precios de las viviendas y del nivel de renta del municipio donde se paguen. Y las medias estadísticas son promedios que no reflejan las realidades individuales, que pueden dispararse según la ubicación y la tipología de las propiedades o de los gravámenes diferenciados en función del uso de los inmuebles.
Comparar la presión fiscal que sufren los ciudadanos de un municipio con otro, o de una comunidad autónoma con otra, es una de las ciencias más inexactas que existen, porque las variables son muchas y los datos complejos, con el agravante de que los intereses políticos por moldearlos son enormes. Y para que la ecuación fuese completa habría que considerar los servicios que reciben los contribuyentes a cambio de los impuestos que pagan.
En el caso que nos ocupa, la conclusión más palmaria nos la proporciona otro indicador: el informe del IEE ha causado más ruido mediático que político. Señal inequívoca de que los partidos evitan entrar al trapo porque no quieren comprometerse a bajar los impuestos si gobiernan. O no es su apuesta política, o no ven margen para hacerlo, o les espantan los requisitos –frenar el gasto y ajustar el presupuesto–. Veremos si un asunto tan cardinal logra hacerse un hueco en la campaña.