El gobierno defiende la gestión del Hospital de Reus y el vínculo con el CMQ frente a la Sindicatura

Después de que la Sindicatura de Comptes de Catalunya emitiese, tal como recogió este rotativo, su informe relativo al ejercicio 2018 del Hospital Sant Joan de Reus realizando observaciones a algunas operaciones económicas ligadas al centro sanitario, el gobierno municipal defiende su gestión.

En el informe, la Sindicatura pone la lupa en el vínculo entre el Hospital y el CMQ. Y señala que «el modelo sanitario actual prevé y regula la colaboración de los centros privados en la prestación de asistencia sanitaria pública, pero no existe un marco jurídico que ampare la prestación de asistencia sanitaria privada por los centros públicos con los medios personales y materiales de estos, como es el caso del CMQ, 100% público». Así, «la falta de marco jurídico regulador afecta a los contratos de arrendamiento de espacios al CMQ en el Hospital y a la asistencia privada de hospitalización y de consultas externas que prestó el CMQ en estas instalaciones, y a los servicios y derechos de sala de operaciones del Hospital, que representaron ingresos de 0,54 millones para el Hospital».

El Ayuntamiento de Reus responde que la legislación «no excluye que estas relaciones se puedan instrumentar, como en el caso que nos ocupa, a través de un contrato patrimonial». Y recuerda que, con el traspaso del Hospital a Salut, el CMQ liberó las instalaciones del Sant Joan en las que trabajaba y «los contratos de subarrendamiento quedaron resueltos» en 2020.

La sindicatura también menciona que, «en 2018, el Hospital ingresó en concepto de dividendos 3,13 millones de euros de Gecohsa». La cantidad se correspondería con la inyección económica aprobada aquel año tras la entrada del Sant Joan en causa de disolución. El informe señala que «dado que la gran mayoría de los ingresos de Gecohsa procedían del concierto con el Servei Català de Salut, la distribución de beneficios en dividendos desde Gecohsa al Hospital no estaría justificada». Sin embargo, el Ayuntamiento asegura que «en el ámbito jurídico y mercantil no se observaba ningún impedimento» y que «el órgano de gobierno tenía el informe favorable de intervención».

En líneas generales, el consistorio incide en que «algunas de las observaciones recogidas en el informe ya están resueltas o no se dan en la actualidad, fruto del traspaso de la gestión del Hospital» y que el documento «incluye valoraciones interpretables». También destaca que «el informe incluye las alegaciones presentadas por el Hospital, las cuales han estado aceptadas parcialmente».