Reclamación de 6,7 M€ por intentar salvar los cines de Calafell
Se suspendieron licencias para evitar una superficie comercial y se cambia la calificación
El intento del Ayuntamiento de Calafell para la continuidad de los multicines y su tira y afloja con la propiedad del inmueble puede llevar a una demanda por responsabilidad patrimonial de 6,7 millones de euros contra el gobierno, los concejales que han votado a favor de una modificación urbanística y los funcionarios que la han autorizado.
El consistorio suspendió licencias de obras hace un año, algo que ya motivó la denuncia de la propiedad de los cines. Ahora, da un paso más y ha aprobado un cambio de calificación urbanística pasando la parcela de comercial a equipamiento privado.
El propietario de las multisalas ha advertido en diferentes ocasiones las dificultades del sector, las intenciones de cerrar y de destinar la nave a otros usos. Denuncia la afectación del cambio urbanístico como ya le dañó la suspensión de licencias de obras. Defiende que la calificación de comercial le permitía reconducir el uso de la nave para acoger una superficie comercial. De hecho la firma Aldi llegó a solicitar al Ayuntamiento licencias para instalarse en ese edificio, pero fue desestimada ya que no es de su propiedad y ésta no había solicitado ese cambio. Ahora, con la calificación como equipamiento privado, queda bloqueada una superficie comercial.
La propiedad defiende que es una parcela a la que no le es exigible deber urbanístico pendiente y que debe concederse de manera inmediata cualquier licencia de obras que se solicite de conformidad con el Plan General «incluyendo aquellas que permiten la implantación de una actividad comercial».
Daño reclamable
Los propietarios del inmueble insisten, además, en que el operador comercial ya perdió el interés cuando se decretó la suspensión de licencias, por lo que supuso «un daño reclamable contra el Ayuntamiento». Por ello, planteó la reclamación patrimonial que considera que «no ha prescrito» y que reactiva con el cambio de calificación urbanística.
La valoración que realiza es de 6,7 millones de euros contra concejales y personal del consistorio que votaron a favor y autorizaron la suspensión de licencias. Y destaca que «la adopción de otro acuerdo de suspensión o de modificación de la ordenación del solar comportará en todo caso incrementar los efectos lesivos».
Interés general
El Ayuntamiento dice que intenta mantener la actividad de los cines, pero ninguna negociación ha cristalizado. El alcalde Ramon Ferré señala no tener miedo y que «se debe gobernar en beneficio de los ciudadanos, y los cines son de interés para el municipio». Durante la pandemia se les declaró de interés general para poder aplicar una importante rebaja en el impuesto de bienes inmuebles.
Sobre la reclamación, Ferré señala las modificaciones tuvieron informes favorables y que el consistorio tiene un seguro para cubrir esa exigencia en el caso de que el juez la considere.
El secretario municipal explicó que esa reclamación patrimonial no debería tener recorrido ya que las modificaciones urbanísticas no dan lugar a unas indemnizaciones y puede alegarse que no es sostenible pero deberá demostrarse.