Un control de renta sin sentido
Ha salido el primer informe que analiza el primer mes de vigencia del control de renta de los alquileres en Cataluña. El resultado: un incremento del 4,3% de las rentas como media en Cataluña (descenso del 1% en Tarragona ciudad, pero incremento del 0,4% en nuestra provincia); una disminución de la oferta de vivienda en alquiler del 13% (16% en Tarragona ciudad) y un aumento del alquiler de ‘temporada’ para evitar la ley (que en Tarragona ya supone un 10% del mercado).
Un desastre, que algunos ya habíamos anunciado tiempo atrás (vean, por ejemplo, el Diari de Tarragona 17-7-2022), lo que, todo sea dicho, no tiene ningún mérito: basta con conocer lo que ha sucedido en cualquier ciudad, país y momento histórico. Otro éxito que cosecha la nueva la Ley de vivienda, junto con el aumento imparable de la okupación.
Pero la cosa no queda aquí. Lejos de recoger cable y asumir que dato mata relato, el Gobierno de la Generalitat ha anunciado el mismo día que se publica este estudio de Idealista, que, improvisando, incrementa los municipios incorporados a la zona tensionada en 131, que se añaden a los 140 ya existentes desde hace un mes. Es decir, en breve se van a reproducir los problemas mencionados en casi el doble de localidades, alcanzando al 90% de la población de Cataluña.
Todo ello es un sinsentido, probablemente con finalidad populista de cara a las inminentes elecciones autonómicas, lo que visto el nivel político que nos rodea, sería para disculparlos: nos quieren engañar, pero ya es habitual.
Sin embargo, no es lo mismo hacer populismo con el negrito y la negrita de Tarragona que con la vivienda, pues con ello se está perjudicando a miles de familias, sobre todo las de menos ingresos, que ven como progresivamente quedan cada vez más expulsadas del mercado de alquiler (y ya lo han sido hace tiempo del de propiedad). Ahí no caben bromas, ni electoralismos ni experimentos. Las familias sufren.
Sin embargo, esto no queda aquí. Nuestros próceres del gobierno catalán han decidido huir hacia adelante y la consejera ya ha anunciado que quiere prohibir los contratos de alquiler de temporada, como si lo pudiese hacer (al menos constitucionalmente); y, de lograrlo, veremos una subida exponencial del ya pujante mercado negro; pero les da igual.
Los gurús que se alimentan de todo esto (no sea que la cosa mejore, que se quedan sin un plato caliente que poner en la mesa), ya hacen proclamas a favor de la expropiación de toda vivienda que le ‘sobre’ a los ricos (como hizo ya Lenin en 1918), que por qué hay que pagar la renta de los alquileres si es un evidente caso de explotación de los oprimidos o te ofrecen cursillos de marxismo rosa para empoderarte.
Creo que coincidimos en pensar que cuando los políticos exhiben orgullosos cifras de cada vez más familias asistidas con dinero púbico en el pago del alquiler (que han pasado en Cataluña de cerca de 30.000 en 2010 a casi 70.000 en 2022) o el incremento de las adjudicaciones del ingreso mínimo vital (que alcanza ya a 575.000 hogares, 125.000 más que hace un año) no son ni mucho menos buenas noticias. Son el evidente fracaso de nuestros gobernantes, de la ineficacia de sus políticas de vivienda y sociales de carácter estructural y de la decadencia de nuestro sistema socio-económico. Pero, recuerden, tenemos lo que nos merecemos.