Carta al Sr. Repsol y a sus colegas de la petroquímica

Leo en el diario que un 38% de las personas asalariadas de nuestras comarcas sobrevive con sueldos inferiores a los 1.000 euros al mes. Es decir, que, como sociedad, estamos rozando la pobreza, una realidad acentuada aún más con el escandaloso precio de la energía y los carburantes en el último año. La gente lo está pasando mal y creo que no me equivoco al decir que tenemos una de las economías más deprimidas de Cataluña.

Esta realidad es especialmente dolorosa cuando a pocos kilómetros de nuestras casas, y en algunos casos a centenares de metros, hay industrias multinacionales que acumulan ganancias multimillonarias, año tras año, desde hace casi cinco décadas. Repsol, sin ir más lejos, declaró en 2021 un beneficio neto de 2.500 millones de euros, parte del cual gracias a su negocio con la refinería de Tarragona. BASF en España, por poner otro ejemplo, declaró unas ventas superiores a los 1.350 millones de euros el año pasado.

Desde la AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona) nos recuerdan que la industria tarraconense genera riqueza para el territorio. Según la web de la patronal química, sus 30 empresas asociadas generan unos 5.500 puestos de trabajo directos, unos 5.500 más indirectos y unos 30.000 de forma inducida. La mayoría de ellos, trabajos estables, especializados y relativamente bien remunerados. Estamos de acuerdo. Nadie pone en duda la importancia de la industria petroquímica para la economía de muchísimas familias de las comarcas de Tarragona. El problema es que en Tarragona, Reus, La Canonja, El Morell, La Pobla de Mafumet, Vila-seca, Perafort-Puigdelfí, La Secuita, Pallaresos, Constantí, Vilallonga... vivimos cerca de 300.000 personas. Es decir, que por lo menos hay 270.000 habitantes que no se benefician directamente del negocio de la petroquímica pero, en cambio, sí que conviven resignadamente y a diario con su impacto paisajístico, medioambiental y con el riesgo inherente a este tipo de actividad industrial.

Después de tantos años de convivencia, la gran industria tarraconense está en deuda con una sociedad que en su momento la acogió con los brazos abiertos, situación que en otras zonas de Cataluña ni se llegó a plantear, por si acaso. Convivir tanto tiempo con la única gran refineria que hay en Cataluña y con el mayor complejo petroquímico de España (y del sur de Europa) debería tener recompensa. En caso contrario, es normal que cada vez más tarraconenses nos preguntemos si la apuesta territorial por la petroquímica ha valido la pena. De hecho, otras regiones del país, como Girona, no han necesitado este tipo de actividad para que sus habitantes se muevan en unos parámetros económicos parecidos o incluso mejores a los nuestros.

En la provincia de Tarragona tenemos grandes empresas y también todo lo que a priori nadie quiere cerca de su casa (nucleares, antorchas, parques eólicos...), pero la gente de a pie es cada vez más pobre. Y es en este punto cuando los que han obtenido y obtienen grandes beneficios operando en este territorio (señores REPSOL, BASF, DOW, BAYER, etc.) deben reflexionar sobre el papel que quieren ejercer en el desarrollo de la sociedad que les ha visto crecer desde que se instalaron aquí, a mediados de los 70.

La responsabilidad de este tipo de empresas debe ir mucho más allá de crear puestos de trabajo y de invertir en sus propias instalaciones para conseguir más productividad, más seguridad o más controles medioambientales. Tampoco es suficiente el gesto histórico de contribuir a las arcas de ayuntamientos y financiar grandes eventos festivos. Si la gran industria tarraconense anhela la estima y la confianza de la gente, debe buscar fórmulas imaginativas e impulsar acciones que lleguen directamente al corazón (y al bolsillo) del conjunto de la ciudadanía. Y, si es necesario, sin administraciones ni intermediarios que cambian de color político cada vez que hay elecciones.

En el caso de Repsol, fabricante y distribuidor de carburantes a través de su nutrida red de gasolineras, dar el primer paso se me antoja sencillo y de gran ayuda, tanto para el conjunto de la ciudanía como para el pequeño tejido empresarial tarraconense. Renunciar a un ínfima parte de sus ganancias en la refinería de Tarragona para bajar el precio de la gasolina a los residentes de las poblaciones del entorno sería una buena manera de demostrar su compromiso con el vecindario. De hecho, hace ya unos años Repsol hizo un amago con algo parecido emitiendo unas tarjetas de bonificación para sus clientes domiciliados en la zona de Tarragona, me cuentan que con relativo éxito, pero todo quedó en nada al poner en marcha su aplicación Waylett a nivel estatal que, de salida, ya ofrecía mejores descuentos a todo el mundo que los que en su momento tenían los tarraconenses. Al final, pues, ningún trato preferencial para los vecinos de la refinería.

Repsol, la empresa más importante del complejo industrial de Tarragona, puede y debe liderar este cambio de mentalidad. Tiene en su mano mostrar el camino al resto de grandes compañías que operan en los polígonos norte y sur. Es necesario redefinir el vínculo de todas estas multinacionales con el territorio y es trabajo de sus altos ejecutivos locales convencer a las sedes centrales, ya estén en Alemania, en Estados Unidos o en la Cochinchina, de que Tarragona y su gente merecemos un mejor trato.

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