Listos de las listas

Circulaba estos días por Madrid una suerte de chascarrillo, asegurando que el presidente Rajoy no designaría los candidatos del Partido Popular a la alcaldía y la presidencia de la Comunidad en las elecciones del próximo 24 de mayo… antes del día 25 por la mañana. Con lo que tiene de chanza, revela hasta qué punto los ciudadanos ven cada vez con peores ojos la dinámica interna de los partidos políticos y en particular sus procesos de selección. Ejemplos sobran por todas partes. Ahí están lo ocurrido en el socialismo madrileño, la vecina escisión en Izquierda Unida o la candidatura de CiU al Ayuntamiento de Tarragona; ni siquiera el emergente Podemos parece ser excepción. En el fondo, no pasa de ser una muestra añadida de que la calidad democrática va a menos, lo que para muchos exige cambiar la actual normativa electoral.

Remarcar que los políticos van a la suya no aporta ninguna novedad. Se nota siempre, pero sobre todo cuando, como es el caso, se aproxima cualquier cita electoral. Los escépticos, también los cínicos, tienden a concluir que la sociedad acaba teniendo los dirigentes que se merece, pero no tiene por qué ser así. Probablemente, no todo depende del sistema electoral, sino en gran medida de cuánto lo hayan pervertido quienes lo usan para reclamar representación y poder, pero es verdad que aumentan quienes consideran que el vigente dista de reflejar como debería las preferencias reales de la sociedad.

Los próximos meses, los ciudadanos volverán a votar, dos o tres veces, sujetos a una legislación cuyos fundamentos esenciales datan de 1977; concretamente, de un decreto ley del último gobierno predemocrático de Adolfo Suárez. De entonces vienen las listas cerradas y bloqueadas, la proporcionalidad corregida por la abstrusa ley D’Hondt, la determinación de la provincia como distrito y los criterios de asignación de número de representantes por territorio y población. No es un secreto que el diseño estuvo condicionado por el deseo de evitar el riesgo de excesiva fragmentación que sugería el centenar de grupos, siglas o partidos, que había anunciado concurrir a las primeras elecciones; debió influir también el fantasma de lo ocurrido en la Segunda República y su compleja gobernabilidad. No cabe duda que se ha evitado en casi todas las elecciones de los últimos treinta y pico años, pero las encuestas sugieren que las próximas pueden desembocar en una representación muy dispersa y las consecuentes dificultades para formar mayorías capaces de gobernar. Los hay que piensan que lo que quizás fuera malo en 1977 no tiene por qué serlo hoy.

El foco crítico sobre el sistema electoral suele centrarse en las listas cerradas y bloqueadas que, a juicio de muchos, alejan a los políticos de sus electores, dan preponderancia indebida a las cúpulas de los partidos y limitan las opciones de elegir con plena libertad. Propugnan, por tanto, listas abiertas, últimamente con un modelo de doble voto o mixto, como el vigente en Alemania. Otros, en cambio, enfrían los entusiasmos exhibiendo el ejemplo del Senado, donde rige el sistema mayoritario, con listas abiertas, en las que el orden alfabético acaba resultando crucial, aunque la irrelevancia de la cámara desvirtúa tomarla como referencia sin más. Se alude menos a otros aspectos determinantes del sistema en vigor y a menudo se mencionan efectos considerados perversos –no del todo reales– como la pretendida sobrerrepresentación nacionalista.

Una decisión trascendente fue la mencionada de fijar la provincia como distrito, así como los criterios para determinar el número de representantes por demarcación. Tomando como muestra las elecciones al Congreso de los Diputados, resulta una clara prima del voto rural frente al urbano, con el efecto de que un escaño en Soria requiere 25.000 votos, frente a los 125.000 sufragios necesarios para obtener uno en Madrid. No cuenta menos la barrera del 3 por 100 a nivel provincial fijada para obtener representación, que algunas normativas autonómicas han elevado. Discrepancias en estos aspectos han sido, al parecer, la causa de que Catalunya tenga pendiente disponer de una norma electoral específica desde el primer Estatut y siga sujetando sus comicios a la norma estatal de 1985.

Las opciones y, por tanto, la inclinación hacia uno u otro modelo están más que excedidas de complejidad. Un recorrido comparativo de los distintos sistemas electorales repartidos por el mundo constata que ninguno es perfecto y mucho menos del todo neutral. Quiere decir que siempre beneficia a unos partidos más que a otros; sobre todo si, como suele ser el caso, los datos se analizan en foto fija. De ahí que valoren cualquier posible reforma dependiendo del beneficio o perjuicio inmediatos que consideran les va a reportar.

Como en tantas cosas, el debate sobre el modelo electoral discurre sobrado de tópicos y simplificación. Existen, sin embargo, propuestas de reforma y análisis de sus efectos suficientemente objetivados, por lo general al margen de los partidos políticos. La mayoría se formula como parte de cambios más amplios en el funcionamiento de la democracia. Por mencionar alguno, es interesante el amplio recorrido por las experiencias electorales ajenas y propias que el colectivo Politikon plantea en La urna rota (Debate, 2014), como parte de que la tan manoseada regeneración requiere bastantes más cosas, porque ningún cambio de sistema electoral garantizará por si solo que haya mejores políticos, mejores partidos y, en consecuencia, mejores gobernantes que los que vienen tocando hasta hoy.