La carta de Felipe González

Después de casi catorce años de mandato, Felipe González dejó de ser presidente del Gobierno en 1996, cuando perdió las elecciones generales por escaso margen frente a Aznar, y sin intentar siquiera mantenerse en el poder pactando con otras fuerzas, consciente seguramente de su propio desgaste. Hoy, casi veinte años después, González está lejos de cualquier responsabilidad política y su prestigio se ha acrecentado, pese a los rebuznos de algunos replicantes. Por ello, ha tenido especial relevancia su carta abierta A los catalanes que ha aparecido este domingo, en la que describe con crudeza el disparate al que Artur Mas y los suyos pretenden abocar a sus ciudadanos.

Dice FG que los soberanistas «no conseguirán, rompiendo la legalidad, sentar a una mesa de negociación a nadie que tenga el deber de respetarla y hacerla cumplir». Deben perder pues toda esperanza quienes crean todavía que la vieja Europa, en la que hay docenas de nacionalidades que podrían seguir el descabellado ejemplo catalán, prestará oídos a unos golpistas que no respetan la Constitución que ellos mismos han defendido hasta ayer con un énfasis extraordinario. «¿Imaginan al Estado francés cediendo parte de su territorio para satisfacer este nuevo irredentismo? [pregunta González] Nadie serio se prestará a ello en Europa, y, menos que nadie, España, que tanto luchó por incorporarse y participar en la construcción europea».

Para González, la propuesta que trata de endosar el soberanismo al pueblo catalán seria una especie de gran desconexión: de Europa, por supuesto, pero también de su dimensión iberoamericana, ya que «este vínculo se hace a través de España como Estado nación», y de la lengua que compartimos con 500 millones de personas, «como saben muy bien los mayores editores en esta lengua, que están en Barcelona». La desconexión tendría evidentemente repercusión sobre las relaciones empresariales y económicas de Cataluña con el resto del mundo.

González recuerda a los catalanes lo ocurrido en Grecia, donde los líderes de Syriza engañaron los ciudadanos proponiéndoles una solución que no existía y sabiendo de antemano que no había otra salida que la que finalmente tuvieron que aceptar. Y, finalmente, ataca la sinrazón del procedimiento, esta consulta ‘plebiscitaria’ que es sencillamente un fraude de ley: «Si la reforma de la ley electoral catalana no ha podido aprobarse porque no se da la mayoría cualificada prevista en el Estatuto, ¿cómo se puede plantear en serio la liquidación del mismo Estatuto y de la Constitución en que se legitima, si se obtiene un diputado más en esa lista única de rechazo».

González no se turba al poner con dureza el nombre pertinente a las cosas: lo que pretenden Artur Mas y sus conmilitones es «lo más parecido a la aventura alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado. Pero nos cuesta expresarlo así por respeto a la tradición de convivencia de Cataluña». El nazismo, el fascismo, surgidos de hervideros nacionalistas y basados en flagrantes incumplimientos del espíritu de las leyes, no están tan lejos.

FG ha cumplido con su obligación. Pero falta alguna otra voz resonante que incida en el problema catalán y que, con la debida perspectiva y sin intereses partidarios por medio, ayude a la ciudadanía a efectuar su trascendente composición de lugar. La de José María Aznar, que no puede ser muy discordante en este asunto con la de Felipe González, debería cerrar el círculo de la política constitucional –es decir, de la política surgida de la nación española con una adhesión que no tiene precedentes en la historia– frente al alocado desvarío de los separadores que se han unido con un mensaje de odio y con el único engrudo de su obstinada reconcentración en ellos mismos.