La Abogacía de España, aquí y ahora

Hoy, día 3 de mayo, por la tarde, se abre en el Centro de Convenciones de PortAventura el XIII Congreso de la Abogacía, con asistencia de centenares de letrados y letradas de todo el país, para deliberar sobre el momento actual, francamente delicado. Se han presentado más de 140 comunicaciones (una del que firma, sobre un problema más del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita).

Se votarán en los días siguientes, 4 y 5, las conclusiones correspondientes.

Paralelamente a estas sesiones, se realizarán seis itinerarios diferentes (práctica jurídica procesal, reformas legales, cultura del acuerdo, habilidades profesionales, tecnología y buenas prácticas) mediante 60 conferencias, con el fin de ponerse al día.

Aparecerán las autoridades autonómicas y locales, pero la tarea ha sido llevada a cabo por el Consejo General de Madrid y los Colegios de Tarragona, Reus y Tortosa, cuyas Decanas y Decano han estado en la primera línea de la preparación del Congreso.

¿Política?...Nada que se salga de los cauces colegiales.

Recuerdo que una vez el reusense, presidente y Decano de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius, dijo sobre la politización en los Colegios: «...Para quienes amamos la profesión por ella misma, para quienes nos repugna hacer aparecer el Colegio en la sección de sucesos de los periódicos, para quienes –con todos los respetos para la política– no deseamos que pase de la puerta de nuestro Colegio, para quienes opinamos que la Abogacía tiene problemas graves que no admiten más esperas, la situación se hace cada día más insostenible...».

Efectivamente, la sostenibilidad de la Abogacía se apoya en la búsqueda de la Justicia, con mayúsculas, ayudando a los jueces en su labor. Hoy, la Administración de Justicia está pasando por momentos inquietantes, con huelgas de letrados y letradas y de funcionarios, con advertencias de los mismos jueces y fiscales sobre temas que «desde arriba» no se resuelven o se alargan innecesariamente.

Interesa un buen Congreso y una buena comunicación con todos los que dependen de la Justicia. Porque, en definitiva, es el ciudadano –que no olvidemos es el que paga a todos los funcionarios judiciales– el más perjudicado.

Que la situación ha empeorado por la inoperancia de los políticos o su desprecio del tema o porque no saben o no quieren enfrentarse a estos problemas, puede tener consecuencias previsibles, porque una democracia en la que no funcione la Justicia adecuadamente, tiene muchas probabilidades de hundirse. Que más de uno lo quiere, en su interior.

De todas formas, en este XIII Congreso no creo que se debatan estos temas, salvo que tangencialmente aparezcan.