La ONU se enfrenta a un déficit de democracia

A finales del pasado mes de abril, como indicaba en una de mis anteriores columnas, la Asamblea General, el órgano decisorio más importante de Naciones Unidas, tomó una decisión sorprendente y unánime: a partir de ahora, según acordaron los 193 Estados miembros, un veto en el Consejo de seguridad debe originar un debate en la Asamblea General. Se trata de un llamamiento para limitar el uso del veto cuando un miembro permanente del Consejo ejerce ese derecho.

Esta decisión es el fruto de dos décadas de intenso trabajo a favor de un Consejo de Seguridad más transparente y eficaz. Esta muestra de consenso resulta sorprendente. En medio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, un acto que viola el derecho internacional, la ONU se ha mostrado tan dividida como siempre. En el Consejo de Seguridad de quince miembros, Rusia ha hecho uso de su poder de veto, en repetidas ocasiones, en las últimas semanas, obstaculizando así cualquier acción del Consejo, que tiene la tarea fundamental de garantizar la paz y la seguridad en el mundo. En el futuro, Rusia tendrá que dar explicaciones, ante la Asamblea General, cuando utilice su veto, al igual que las otras cuatro potencias con derecho a veto: China, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Este intento de reforma no es un hecho aislado. Durante años, pequeños Estados miembros, como por ejemplo Suiza o Liechtenstein, han intentado resolver los déficits de democracia en la ONU y frenar el poder de veto. En 2020, Suiza presentó un informe a la ONU, sobre la democratización de la misma y está previsto que la sociedad civil suiza participe en los asuntos del Consejo de Seguridad, como viene haciendo, en cierta medida, Noruega. Sin embargo, en la ONU, cada vez más son los asuntos que se regulan por el derecho internacional, lo que disminuye el espacio de elaboración de políticas provenientes de las legislaturas nacionales.

Esto se debe a que el establecimiento de normas, en el ámbito del derecho internacional, tiene lugar a través de los gobiernos. Y, de otra parte, se buscan cada vez más las llamadas soluciones de derecho indicativo, es decir, acuerdos no vinculantes, declaraciones de intenciones o directrices, que no tienen que pasar por el proceso legislativo normal, que suele llevar mucho tiempo. Un ejemplo de ello es el controvertido Pacto de Migración de la ONU, que establece normas para tratar a los inmigrantes.

Definitivamente, también sería un punto a favor, si la agenda de Naciones Unidas también pudiera determinarse en procesos más democráticos. En el marco del Diálogo Ciudadano, se elaboró la propuesta de una «Iniciativa Ciudadana Mundial», con motivo del 75º aniversario de la ONU y la reciente decisión de veto de la Asamblea General, en mi opinión, marca un hito importante en el camino hacia una organización mundial más democrática.