El peligro del control foráneo de empresas clave

Lo que hace unos años era una operación empresarial de renombre hoy implica un seísmo económico y político que puede afectar a la seguridad del Estado. La onda expansiva de asaltos como el de la operadora saudí STC en Telefónica, el de la firma estadounidense BlackRock en uno de los principales accionistas de la energética Naturgy; el de la compañía húngara de ferrocarriles en el fabricante de trenes Talgo; o el continuo interés exterior por Indra ha encendido las alarmas en el Gobierno. Y no solo en los ministerios económicos, sino también en «estratégicos» como Defensa o Exteriores.

Detrás de cada uno de esos movimientos teóricamente empresariales se pueden esconder posiciones políticas que actúan como un caballo de Troya: aprovechan la coyuntura para tomar posiciones en empresas que manejan datos sensibles, seguridad nacional o control de infraestructuras clave para el funcionamiento de todo el país. En esa espiral se han instalado ya los gobiernos de toda Europa. También España: el ‘shock’ del coronavirus destapó la vulnerabilidad de los pilares económicos, muy dependientes de otros países cada vez más lejanos, como China o los del Golfo Pérsico. En 2020, el Ejecutivo activó su escudo anti-opas: una norma para evitar que empresas extranjeras aprovecharan los precios de derribo de aquella época para entrar en firmas españolas.

Una vez superada la crisis, la amenaza sigue. Se acentúa. Hay que atajarla. España ha optado prudentemente por la intervención directa en compañías clave. Sigue la estela de otras potencias, como Francia, Italia y, en parte, Alemania. España ha regresado a la participación directa pública en corporaciones después de haberlas terminado de privatizar hace apenas dos décadas. Lo hace a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en Hispasat, Enagás, Airbus o IAG, por ejemplo. Para ello necesita endeudarse pero después recibe ingentes cuantías de dividendos.